La ley como causa de los conflictos sociales

>> lunes, 7 de julio de 2008

Según Honneth, Hegel reconoce en el derecho una forma de reconocimiento relevante en lo que respecta a delimitar los espacios para los conflictos sociales. Al estar su funcionalidad orientada por criterios sociales permite que puedan ser generalizados más allá del círculo de relaciones primarias. Esto permite que una experiencia personal de menosprecio pueda masificarse, la cual al devenir en colectiva terminará dando origen a un conflicto social.
En este sentido, el ordenamiento legal peruano se viene desarrollando a contracorriente de las teorías multiculturalistas que dan un valor especial a los conocimientos y forma de vida de las comunidades campesinas y nativas. Por eso, diversas normas dadas por el gobierno a propósito de la delegación de facultades que le otorgo el poder legislativo para adecuar el ordenamiento jurídico nacional a la exigencias del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos ha dejado en situación de indefensión los derechos de la comunidades nativas y campesinas a favor de la inversión extranjera básicamente en actividades extractivas. Este desconocimiento total de consensos internacionales respecto a los derechos de estos grupos no hace sino poner en tela de juicio la capacidad del gobierno para gestionar el desarrollo de social de su pueblo. Sin duda este tipo de normas no hace más que ampliar la brecha social que sufre nuestra sociedad, la cual sin duda será motivo de conflictos sociales en el corto o mediano plazo cuando se intente hacer cumplir la ley. Si bien es cierto en este tipo de conflictos quizás no se perciba la lógica moral detrás que origen el conflicto podemos observar como el interés colectivo (protección y reconocimiento jurídico de la tierra comunales) deviene elemento conductor del conflicto, el cual si bien no debe representar lo originario ni lo último, sino que de antemano debe constituirse en un horizonte de experiencia moral, en que se incluyan pretensiones normativas de reconocimiento y respeto (derogación de los decretos legislativos implicados); este es sobre todo el caso allí donde la valoración social de una persona o de un grupo está correlacionada con la medida de su disposición sobre determinados bienes (la propiedad sobre sus tierras), de modo que sólo su obtención puede conducir al reconocimiento correspondiente.

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