El caso de los decretos 1025, 1026 y 1057

>> lunes, 25 de agosto de 2008

La Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) anuncia una posible protesta. Sin embargo, considero que sus motivaciones carecen de alguna afirmación real. Ellos afirman sentirse amenazados por los decretos legislativos correspondientes a su actividad laboral, en lo que respecta al 1025 objetan que promovería evaluaciones punitivas, cuando en realidad – a mi parecer – simplemente el Gobierno esta buscando mejorar la calidad del personal que trabaja para el Estado a través de capacitaciones periódicas elaborando una línea de carrera para determinar la permanencia en la institución. Además en vista que todavía no se reglamenta (tiene 90 días a partir del 21 de junio), que no se encuentra establecido la acreditación de los programas de capacitación, el sistema de becas y financiamiento, los métodos de evaluación de personal por lo que no se puede afirmar este decreto atente contra la estabilidad laboral.

Sin embargo hay mucha desconfianza por como puedan aplicarse estas normas. Este es el caso del decreto 1026 que establece un régimen especial facultativo para los gobiernos regionales y locales que deseen implementar proceso de modernización institucional integral. Esto cambios tienen alcances que si no son bien supervisados pueden provocar arbitrariedades y despidos injustificados. Entre las atribuciones que concede esta ley esta la incorporación de nuevos profesionales mediante concurso o contrato por 3 años, la mejora de la retribución económica del personal de puestos claves, la modificación del presupuesto a aplicar para la modernización institucional, la supresión del plaza que dejen de ser necesarias, la reorganización o supresión de áreas, dependencias y servicios, así como la supresión de plazas del presupuesto de personal y ajuste que correspondan al cuadro de asignación de personal, entre otros. Por ello, imagino que los trabajadores temen una politización en la aplicación de estas normas, sobre todo cuando los responsables de la supervisión y regulación de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, esta última creada por el Gobierno a través del Decreto Legislativo 1023.

Finalmente la quejas sobre el decreto legislativo 1057 no las entiendo, cuando a mi parecer lo único que busca la norma es reconocer ciertos derechos a los ya bastante dejados de lado trabajadores por servicios no personales a través de la nueva modalidad de contratación administrativas de servicios.

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