Un análisis menos legal de los Decretos Legislativos

>> lunes, 25 de agosto de 2008

Ha quedado demostrado por lo ocurrido con los derogados decretos legislativos 1015 y 1073, que las relaciones de derecho pueden conducir a la formación de conflictos sociales porque tienden a generalizarse más allá del círculo de relaciones primarias de los individuos. Estas normas conforme su función, están orientadas por criterios sociales generalizados; los cuales constituyen representaciones sociales de valor, que se manifiestan a través de experiencias personales de menosprecio legal en la que otros sujetos se sienten concernidos.

Ahora bien, ¿Hasta qué punto el conflicto responde más la lógica de consecución de intereses que a la formación de reacciones morales? Si bien el interés colectivo deviene en conducto del conflicto no debe representar lo originario ni lo último, sino que de antemano debe constituirse como una variable más dentro de las causas de conflictividad que tiene pretensiones normativas de reconocimiento y respeto. La valoración social sobre lo que se esta legislando (que origina el conflicto) esta relacionada sin duda con la medida de la disposición sobre el bien determinado (el tema sobre la propiedad de la tierras que en el caso de los indígenas se ve claramente) de modo que sólo con la derogatoria de los decretos las comunidades involucradas obtuvieron el reconocimiento social correspondiente.

Esto situación confirma que a veces la ley en vez de ser un instrumento de control y cambio social se convierta en una causa que genere y de mantenga en el tiempo conflictos sociales.

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