EL País de la Protesta (II)

>> jueves, 11 de septiembre de 2008

Comenzaba el segundo Gobierno Aprista y camino a Palacio 91 conflictos sociales esperaban al nuevo régimen listos para hacerse escuchar (Reporte Nº 30 sobre Conflictos Sociales, Defensoría del Pueblo). Ya han pasado dos años y sorprende que cada mes la DP nos informe a la sociedad que los conflictos en vez de disminuir no dejan de parar. Sobre esta situación de alta conflictividad hay un par de reflexiones que quisiera compartir.

Miguel Levano, comisionado de la Defensoría del Pueblo para los Conflictos sociambientales, me comentaba que antes no había un correcto sistema de monitoreo y seguimiento para los conflictos sociales que ocurrian en el país. Y es verdad, antes de los primero informes que presentaba la DP sobre conflictos nadie se había cuestionado como clasificar la protesta y violencia social que cada cierto tiempo se registraba en el país. Preguntas como ¿qué es un conflicto social? ¿cómo defenirlo? ¿qué caracteristicas tiene? no se habían respondido; si bien habían hechos evidentes como los de Ilave que dieron origen a la Unidad de Conflicto de la DP, todavía había mucho que comprender sobre este complejo mundo de protesta social a partir reflexiones elaboradas por peruanos (basta ver que no habían instituciones estatales responsables para el monitorio o solución).

No es que ahora haya muchos más conflictos que antes, sino (también) se presta más atención a las manifestaciones sociales, los periodicos toman nota respecto de las distintas protestas que se producen en el país, ya no son sólo considerado conflictos las marchas de la CGTP, los paros del SUTEP o las huelgas de algún gremio. El análisis de su diversidad y complejidad ha sido puesta en vitrina, por parte de distintas instituciones donde la DP tiene un papel sumamente importante y porque no decirlo la voz cantante. Además el incremento de las libertades que significa vivir en democracia permite que los ciudadanos reclamen frente a la violación de sus derechos y que estas manifestaciones sean escuchadas. Más aún, las movilizaciones, toma de carreteras, puentes o locales gubernamentales no es gratuito, los gobiernos han mantenido la misma política para cada hecho de conflictividad social, cuando se les va las cosas de las manos invocan a la Comisión de Alto Nivel para que cual mago solucione los problemas, lamentablemente se obtiene una solución política, la cual nada asegura que se cumpla, el paro de los medicos del MINSA estamos a puntos de hacernos sufrir las terribles consecuencias.

Más allá de esta consideraciones no cabe duda que existe una brecha muy grande que le corresponde al Estado cerrar. No se trata simplemente de solucionarlos, debemos sobre todo prevenirlos, para ello una política que reconozca y promueva la inclusión social. Cuando logremos ello, nuestro desarrollo como país estará cerca.


* Editorial 11/09/08 del El Comercio sobre conflicto sociales.

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