De las actas de compromiso y leyes que no resuelven conflictos sociales

>> lunes, 3 de noviembre de 2008

El Presidente de Consejo de Ministro firmo el acta de compromiso que puso "por ahora" fin al conflicto en la zona de Sicuani. En el acta se han establecido basicamente dos compromisos fundamentales: 1) Realizar un estudio de impacto ambiental para la construcción de la central hidroeléctrica y 2) Emitir un decreto supremo que prohiba el inicio de actividades mineras sin acuerdo previo con la comunidades.

Sobre estos compromisos hay un par de cosas que señalar que son muy puntuales:

Respecto al estudio de impacto ambiental:
  1. De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, en la solicitud de concesión definitiva, el solicitante presentará ante la DGE del MEM, un EIA de conformidad con el inciso h) del artículo 25º de la Ley de Concesiones Eléctricas y con las normas que emita la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos (...)
  2. Este requerimiento evidente ya ha sido verificado y validado por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Resolución Directoral Nº 975-2007-MEM-AAE, que aprueba el EIA de la modificación de la Central Hidroeléctrica de Pucará, ubicado en la provincia de Canchis, región Cusco.
  3. Como se puede ver de la lectura del portafolio de centrales de generación de energía eléctrica del MEM (pág. 18). La presente central hidroeléctrica es un proyecto relativamente nuevo, pues cuenta con una concesión definitiva de generación, otorgada mediante la Resolución Suprema N° 030-2003-EM, publicada el 21 de agosto de 2003, la misma que aprobó el Contrato de Concesión N° 211-2003, según el cual las obras y la puesta en servicio de la central debía efectuarse en noviembre de 2008.

Sobre el decreto supremo vinculado al acuerdo previo:

  1. El Decreto Legislativo Nº 1064 en su artículo 8 ignora este requisito de acuerdo previa para el establecimiento de servidumbre en las actividades mineras e hidrocarburos.
  2. Ya existe un Decreto Supremo que establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras, el D.S. Nº 042-2003-EM. Fue dado cuando la Dra. Merino era Premier
  3. Ni siquiera el reglamento de participación ciudadana en el subsector minero D.S. Nº 028-2008-EM que establece diversos mecanismos para la participación para las comunidades reconoce que la misma se pueda dar antes del otorgamiento de la concesión minera (art. 12º.- De la obligación de informar del Estado y del titular minero).

En conclusión; primero, el premier esta prometiendo realizar algo que ya se debería haber hecho (y que seguramente hicieron mal) en todo caso deberia a comprometerse a reevaluar el estudio presentado por EGECUZCO (aquí un modelo de como debería ser) y segundo, eso de volver vinculante el acuerdo previo con las comunidades para el inicio de la actividades mineras sería una ¡REVOLUCIÓN! en el statu quo legal sobre minería e hidrocarburos en nuestro país.

Si bien debemos resaltar la nobles intenciones de este hombre, alguien debe decirle que las soluciones no pasan por simplemente cambiar normas (sólo lean el D.S. dado por la Merino y ahora vean los 80 y tantos conflictos socioambientales mineros que reporta la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo), el problema es más complejo, debe habver una política de energías renovables que muestre las ventajas de una central hidroeléctrica. Asimismo, modificar las normas requiere un análisis profundo de lo que se debe mejorar, por ejemplo, sin ir muy lejos es evidente que con normas de 1988 no vamos a llegar a ningún lado.

Lectura:

También subo la Resolución Directorial Nº 975-2007-MEM-AAE xq facil también se hace humo:


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