Inseguridad Social vs. Seguridad Jurídica

>> sábado, 29 de agosto de 2009

Dime en que ley te sostienes y te dire que conflicto te espera...

Es una política de Estado la vedada posibilidad de resolver los contratos celebrados con empresas extranjeras que vienen al país a desarrollar proyectos de inversión. La concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada y el actual contrato que permite la exportación del gas de camisea son dos buenos ejemplos que llaman al análisis de las condiciones en las que contrata el Estado, condiciones que en un futuro definirán nuestras condiciones y calidad de vida.

La concesión de la planta de Taboada se dejo en suspenso durante unos días - gracias a un decreto supremo - pues se afirmaba que la condiciones en las que se había firmado el contrato de concesión no había establecido las obligaciones referidas al cumplimiento de los estandares de calidad ambiental para el agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM); esta objección técnica más algunas otras políticas filtradas por los medios recayó nuevamente en el debate respecto a la tan mentada seguridad jurídica que necesitan los inversionistas que vienen para realizar actividades productivas que benefician al país pues dinamizan la economía.

Por su parte, el contrato que permitió la exportación del gas aún no es un problema que alcanza el nivel de drama que algunos vatican; no obstante ello, algo casi seguro es el problema que traerá la exportación a México en desmedro del gaseoducto del sur, factor que no han querido tomar en cuenta los promotores de la exportación sosteniendose en su firme (y bueno sí, correcta) postura jurídica que sustenta la invariabilidad de las condiciones del contrato.

En términos legales ello esta bien, pues en la teoría de los contratos se rige primero por el Código Civil, luego y luego se sustenta en las leyes, decretos (en general cualquier normas) que certifique (por decir) la posibilidad jurídica de lo pactado. Quizás por no ser un especialista en contratos (nunca alcance el cielo de las elucubraciones civilisticas), puedo darme el lujo de ser profano frente a los conceptos rígidos que enmarcan esta institución; para mí la legalidad o ilegalidad de las reformas realizadas que permitieron determinar las condiciones que ahora el Gobierno en debe - en merito al respeto de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho - honrar, tendrá su última decisión en el plano político del 2o14 (con la postergación de 4 años en el incio de las exportaciones), así como el contexto de conflictividad social que obligue - como tantas veces al arrinconado gobienro - a suspender la seguridad jurídica en pos de una estabilidad social que le permita gobernar.

El capitulo de la exportación de Camisea aún no esta cerrado, quizás duerma unos meses o años luego del acuerdo expuesto por el gobierno, pero de llegar a alcanzarse un proceso de alineamiento para la protesta (jorobado.pe) este tendrá como principal beneficiado a un discurso nacionalista extremo, antisistema y pro revolucionario que busque exacerbar la soberanía sobre los recursos naturales que tenemos los peruanos sobre el gas.

Si los inversionistas y sobre todo los responsables dentro del gobierno de negociar toman en cuenta esta variable, no habrá posibilidad que un discurso extremo aproveche las desventajas evidente que presenta para el país mantener el contrato tal como esta.

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Desorden, conflictos y gobernabilidad: El camino hacia el 2011

>> martes, 18 de agosto de 2009

La renuncia del Viceministro de Orden Interno no se veía venir, si bien podría considerarse como un grave error señalar en la acta de solución que no habría de denunciarse a los dirigentes comunales de Paucartambo, en realidad este acuerdo podía justificarse por el contexto y las condiciones exigidas para zanjar el conflicto. Ello demuestra que aquí el problema es una falta de dirección.

¡Vaya y resuelva este conflicto como sea! - Es la nueva consigna del Ejecutivo de cara a los conflictos sociales; sin embargo, sería la falta de criterios respecto a que puede cederse y que no lo que estaría jugándole una mala pasada al gobierno minando el tan mentado principio de autoridad que tanto le gusta resguardar.

Por otra parte, restringir mediante acta el poder punitivo del Estado representa para los líderes del gobierno una claudicación a esta fuente de "soberanía" que el Gobierno no esta dispuesto a tolerar, lo cual es no deja de ser muy bueno; sin embargo, en un contexto de conflictividad social todas aquellas categorías que pudimos aprender sobre Teoría del Estado no son efectivas, simplemente no sirven; por lo tanto, aquellos espacios que permitan soluciones deben empezar a esbozarse desde mucho antes que explote la protesta.

Avanzando un poco en la idea que señale en otro post, para que el Estado pueda dejarle en claro a la población que se negocia y que no requiere instancias intermedias con legitimidad y eso no se consigue enviando comitivas que después serán dejadas sin piso ante la puesta en práctica de una orden mal pensada. El Viceministro de Orden Interno fue el gran sacrificado y al final al Gobierno le salió barata la solución de un conflicto que pudo prevenirse si las partes hubieran dialogado con mayor amplitud de criterio. Ahora mucha gente especula que este será el modus operandi de todos los protestantes de aquí en adelante y no se percatan que siempre ha sido así, sólo que algunos tienen éxito y otros no, quizás lo más resaltante (sobre todo después de Bagua) es que ahora no solamente deben enfrentar un Gobierno que mantiene las mismas ineficiencias de cara a los conflictos, sino que además se muestra cauteloso (quizás en exceso) a las consecuencias sociales que conlleve la represión de la protesta.

El mensaje es claro: «La mira son las elecciones del 2011 y el nivel de convulsión social que se pueda capitalizar».

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Este señor quiere ser Presidente

>> sábado, 8 de agosto de 2009

No podría negar que el Sr. Castañeda Lossio ha sabido manejar con astucia y olfato político su gestión municipal; desde el principio su premisa fue no repetir los mismos errores de burgomaestres anteriores que no lograron capitalizar su exito electoral capitalino en uno nacional; por ello, Castañeda decidió un día que no habría de hablar más de lo necesario reservando su presencia en medios a notas periodisticas vía microondas donde explicaba con lujo de detalles la importancia de sus obras y minizaba las dilaciones en su ejecución. de la seguridad al Presidente antes que a los Alcaldes provinciales o distritales.

No podré negar que el Sr. Castañeda Lossio ha logrado desarrollar un manejo inusitado de su carrera política de cara a sus 8 años de gestión frente la Municipalidad de Lima. El Sr. no habla, responde con muecas y al parecer solamente esta preocupado por inaugurar obras en el momento exacto que le permitan capitalizar el agradecimiento de la gente en triunfo electoral.

Castañeda sin duda es un político en muchos aspectos atípico, no ha presentado mayores escándalos a lo largo de sus dos periodos y la intención de voto para él se ha mantenido sostenida durante tanto tiempo que la posibilidad de participar en alguna alianza política de cara al 2011 es poco probable, a menos que, el aliado acepte ser el furgón del camión electoral.

Sin embargo, el Sr. Castañeda – a pesar de sus obras y proyectos sociales – le falta algo más importante que sus consabidos proyectos y retorcido sentido de autoridad, carece totalmente de transparencia respecto al presupuesto de sus obras; además de ello, obvia cualquier consideración ambiental o cultural cuando se trata de culminar sus obras, lo que sucede en San Marcos y en Chorrillos es la triste muestra de ello; y si como si ello no fuera suficiente, este tío gobierna como si Lima fuera su Virreynato; no consulta, impone; no da la cara, lo hace todo de madrugada; no le gusta los consensos, si te opones te mete la policía y si tiene algún problema judicial le sobran amigos que puedan hacerle el favor.

Pero lo peor es que este tío quiere ser nuestro próximo Presidente; alucina, te imaginas al tío Castañeda intentando dialogar con la gente del sur; para él prevenir los conflictos será sinónimo de enviar al ejercito, antes que alguien se de cuenta ya habrán salido los cachacos a la calle y terminarás en seguridad del Estado si es que no abren el tristemente celebre SEPA para los culpables de delitos contra el orden interno.

No sé porque me parece que con este tío la protesta recrudecerá, si bien nuestro actual Presidente puede llegar a obnubilarse con el poder, Castañeda tiene una política fría y calculadora que si llega al poder nos hará pagarlo caro.

PD.- Este post y sobre todo este blogger no está en contra del espectro político que representa Castañeda, es decir centro – derecha o derecha, como prefieran verlo, simplemente no puedo concebirme un buen gobierno de este señor con todas las actitudes dictatoriales que sus dos gobiernos municipales han demostrado.

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Las trabas estatales a la inversión privada y pública

>> lunes, 3 de agosto de 2009

Una nota de prensa publicada el día de hoy en Gestión señala que el Poder Ejecutivo se encuentra elaborando una iniciativa legislativa para que las investigaciones arqueológicas en zonas de inversión no superen el año. El diario cita declaraciones de Velásquez Quesquén quién afirma se presentará ante el Congreso un proyecto para que se reduzca el tiempo que tiene el INC para emitir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Lamentablemente el Estado nuevamente se pone primero el pantalón y luego los calzoncillos; el CIRA no constituye cualquier certificado en el documento que demuestra que producto de la inversión se esta destruyendo nuestro patrimonio cultural. La exigencia es tan obvia que nuestro Ley General de Minería consigno en su artículo 2° que esta prohibido el cateo y la prospección (…) en zonas arqueológicas; salvo autorización previa de la autoridad competente; esta autorización en el caso del INC es el CIRA.

Entonces, en vez de repotenciar al equipo del INC responsable de los estudios con nuevos equipos, personal y mejores condiciones de trabajo se prefiere mediante ley declarar el silencia administrativo positivo si tardan más de lo que los inversionistas están dispuestos a esperar. O sea, no se trata de que se pierdan capitales o no, o cuando el Presidente exige que los estudios de impacto ambiental se revisen en tres meses. ¿Alguien se ha preguntado en que condiciones trabajan las Direcciones Ambientales de los Ministerios?

Si el Gobierno realmente quiere promover la inversión y apurar el trabajo de las entidades responsables de otorgar las autorizaciones exigidas por ley, antes que promulgar normas que desnaturalicen la razón para la que fueron concebidas estas obligaciones debe empezar por reforzar y respaldar su compleja responsabilidad.

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La naturaleza jurídica de las actas de compromiso (esbozos preliminares)

>> miércoles, 29 de julio de 2009

En "Derecho" cuando señalamos la "naturaleza jurídica" de algo, generalmente buscamos referirnos a su base legal (aunque sin restringirnos solo a ella), a sus cimientos y el posterior desarrollo de su institucionalidad dentro del derecho, generada durante el ejercicio de su aplicación en casos concretos. La «naturaleza jurídica» no solamente destaca las características de lo legalmente relevante; quizás el aspecto más importante recae en señalar los limites y alcances que la institución contiene y como puede ir evolucionando en su relación con la realidad (incluso podría desaparecer si se la considera socialmente innecesaria).

Por ejemplo, el contrato de compra - venta de raíz románica, así como el mandato con o sin representación son ejemplos de instituciones que fueron desarrolladas a partir de puntuales necesidades comerciales de aquella época; así como estos, muchos otros instrumentos legales hasta la actualidad se han mantenido inmaculados o han evolucionado conforme al desarrollo de la sociedad.

Estas consideraciones básicas son señaladas pues permitirán entender y encuadrar los criterios jurídicos que considero deberán ser aplicados para que las actas de compromiso que solucionan conflictos sociales (que actualmente carecen de naturaleza jurídica) sean legalmente eficaces; es decir, tengan valor vinculante.

Actualmente las actas de compromiso que firman el gobierno y los protestantes carecen de valor vinculante; es decir, su cumplimiento no es obligatorio y por lo tanto la efectividad de sus acuerdos se encuentran más vinculados a la voluntad política del gobierno que a la justicia o legalidad de los compromisos pactados.

Para ponerlo en contexto; por ejemplo, los problemas derivados de la construcción de la Central Hidroeléctrica de Pucara en octubre del 2008, tuvieron como solución: primero, presentar un nuevo estudio de impacto ambiental para la construcción de la misma y; segundo, la emisión de un decreto supremo que prohibiera el inicio de actividad mineras mientras no se llegará a un acuerdo con las comunidades. Ello para no extendernos pues ya lo señalamos anteriormente fue evidentemente impropio e ilegal; aunque solucionó en aquel momento el conflicto, meses después explotaría con mayor violencia nuevamente.

Sin embargo, firmar cualquier cosa no es el meollo del problema sino una simple manifestación del mismo; en otras palabras, una autoridad o funcionario público en una mesa de negociación puede despacharse firmando cualquier cosa a sabiendas que ello es jurídicamente imposible, lo que generaba que todo lo acordado sea finalmente nulo. Esta situación no genera sino más inestabilidad social, lo cual se puede complicar con un contexto de recambios políticos, donde se espera que el ascenso de nuevo premier no frustre todo lo avanzado y más bien consolide la voluntad política de su antecesor, pero como sabemos la continuidad de las decisiones políticas en el Estado son pura rara avis.

Por esta razón, las actas de compromiso deben salir de la esfera política y ser envueltas en un marco de legalidad que les permita obtener aquella eficacia y seguridad que no solamente merecen los inversionistas sino también la ciudadania, debe ser formulada con un derecho-deber entre el Estado y los protestantes. Ello requiere que se haga camino al andar, pues si bien nuestro ordenamiento jurídico contiene figuras legales que podrían desprenderse por ejemplo desde las fuentes de las obligaciones, se necesita un toque de creatividad legislativa que no solamente permita legitimar legalmente las actas de acuerdo sino además construya los límites y alcances de las mismas (pues no se puede discutir todo en una mesa de diálogo), además deberá restringirse la participación del Primer Ministro de las mismas, pues aquella no es su función ni legal y menos constitucional; ello permitirá sin duda no solamente otorgarle orden a las políticas públicas del gobierno para solución de conflictos sociales sino también promover una nueva forma de negociación y acercamiento hacia la población que protesta.

Repito nuevamente, los conflictos sociales antes que ser un problema de gobernabilidad son la mejor oportunidad para empezar a hacer las cosas realmente bien.

PD.- En siguientes post comenzaré a formular las bases legales de mi propuesta.

Acta en PCM, octubre 2008

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Una nueva política de concesiones mineras

>> sábado, 11 de julio de 2009

El IPE resalta en su comentario del día de ayer la siguiente noticia: "El ministro de energía y minas sostuvo que se requiere ser más exhaustivo al evaluar las áreas a darse en concesión, porque el actual proceso es muy rápido. En la actualidad aproximadamente el 14% del territorio nacional ha sido entregado en concesión para la actividad minera". (Gestión, 10/07/2009)

Parafraseando su comentario:

"Parte de las conclusiones a las que se ha llegado luego de las protestas tiene que ver con el proceso de entrega de concesiones mineras; hay preocupación porque se alega que aparentemente el proceso no es lo suficientemente serio, lo que ha llevado a que se entreguen zonas que en realidad deberían estar protegidas o reservadas por distintas razones. Por ello, para evitar futuros problemas se estaría trabajando en un nuevo mapa actualizado que defina cuáles áreas son aptas para la explotación minera y cuáles no lo son. Este esfuerzo apunta a que este sector pueda desarrollarse sin chocar con los intereses sociales de distintas comunidades, tiene que ser hecho con la mayor rigurosidad posible".

Luego sopesando la noticia me pregunto: ¿Será esto posible?

En realidad, el procedimiento para obtener derechos mineros no es muy complicado, basicamente, uno va al INGEMMET, llena su formulario, señala las coordenadas UTM (Universal Transveral Mercator, cada figura geométrica tiene una extensión de 100 hectáreas según el sistema de cuadrículas) donde se ubicará su petitorio el cual debe ser un cuadrado, rectángulo o poligono cerrado. Entonces, luego previo pago por derecho de trámite y verificado que las coordinadas no se crucen con áreas naturales protegidas de uso indirecto se otorga la correspondiente concesión minera.
El problema quizás comience allí. Si bien el petitorio minero está sujeto limitaciones para concesiones en áreas urbanas y de expansión urbana, zonas de frontera, áreas naturales protegidas o zonas con patrimonio arqueológico, en la práctica existen varias manera de obviar estas prohibiciones. Por ejemplo, por Ley se ha establecido que no se podrá solicitar ni otorgar petitorio alguno en áreas urbanas, salvo ley especial; en el caso de concesiones en zonas de expansión urbana podría ser aún más facil, pues el otorgamiento de la concesión esta supeditada al acuerdo previo de consejo municipal provincial (que - previa aceitada - podría ser muy facil de conseguir) y la correspondiente resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas.
Entonces, no es solamente la celeridad en el proceso de otorgamiento de concesiones, la deficiencia principal se encuentra en el catastro minero, documento oficial mediante el cual INGEMMET otorga los títulos de las concesiones, pues este no cruza información con otros derechos que se puedan otorgarse sobre uso del suelo. Muchas veces se han cruzado concesiones forestales con mineras, lotes petróleros con mineros y así un largo etc.

Más aún, persisten problemas todavía más complicados, como las concesiones otorgadas en áreas donde no se sabe quién es el titular del suelo, títulos mineros otorgados en sobre terrenos de poblaciones que tienen cientos de años viviendo allí pero sin contar con un título de propiedad, terrenos que no se encuentran saneados y que a la larga generan una serie de diferencias no solamente entre las empresas con las comunidades sino entre las comunidades mismas, lo cual hace más complicado para las empresas mineras obtener la licencia social, pues no sabe con quién negociar.

Por otra parte, también se otorgan concesiones mineras en zonas donde se encuentran poblaciones enteras o pueblos, el Proyecto Toromocho es un poco de eso, pues la concesión se encuentra superpuestas sobre 1/3 de la ciudad, por lo cual será necesario reasentar a toda la comunidad (ver diapositivas 11-17).

¿Pero no estaba prohibido otorgar concesiones mineras en zonas urbanas o expansión urbana? Bueno sí pero previamente para hacer valer esta opción debe cumplirse con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, que exige una serie de criterios técnicos y planes urbanísticos muy dificiles de cumplir por dicha autoridades; aunque si lo tuvieran creo que aún no se ha establecido el procedimiento para que INGEMMET excluya dicha zonas del mapa de concesiones mineras. Recuerden que en el Estado sin "procedimiento" nada funciona.

Por ello, una nueva política de concesiones mineras requiere previamente un ordenamiento del territorio sin ello no habrá mapa que sea suficiente y mientras tanto las medidas que se apliquen serán solamente paliativos que busquen disminuir el índice conflictividad social.

Links:

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La sangre derramada exige dignidad

>> martes, 30 de junio de 2009

Treinta y cuatro muertos y nadie es responsable políticamente, 11 abstenciones en la censura de Simon y 9 en la de Cabanillas. Evidentemente le sirvió al oficialismo la suspensión de los 7 nacionalistas con cuyos votos se hubiera logrado la censura. Ciertamente no tengo en la memoria el dato sobre cuantos ministros hasta ahora ya ha salvado el gobierno de ser censurados, lamentablemente al Gobierno le importan más las formas que el fondo, consiguiendo - mediante Dios sabrá qué - que se abstengan los votos necesarios para evitar una derrota política.

Por ello, el día de hoy me siento nuevamente indignado, el día de hoy vuelvo a resentir mis esperanzas por que nuestra clase, por nuestro país, el día de hoy vuelvo a sentir que nuestras espectativas, nuestros ideales y nuestra dignidad no valen nada.

Aunque sigo pensando que ello de todos modos no importa, algún día cambiaré nuestra política.

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La privatización de los recursos hídricos y otras observaciones a la nueva ley de aguas

>> lunes, 29 de junio de 2009

Si usted busca en la web encontrará la plataforma de lucha de Canchis. Entre las exigencia a nivel nacional encontrará la derogatoría de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338 y la derogatoria de los decretos legislativos 1081 y 1083 entre otros que atentan contra la soberanía del pueblo peruano. Bueno podría empezar mi comentario señalando que estos señores son unos improvisados porque no saben que ambos decretos ya han sido derogados por la Ley de Recursos Hídricos y seguir persistiendo en considerarlos dentro de su plataforma de lucha solo demuestra lo poco que saben acerca de su objeto de protesta, pero no lo haré.

Por otra parte, también es evidente que el simple reclamo carece de contenido en sí mismo y es que no basta ir por allí gritando y cerrando carreteras para que ello justifique que una norma sea derogada. A fin de salvar este vacío me tome el trabajo de transcribir el siguiente análisis a la Ley de Recursos Hídricos realizado en Tierra Fecunda, un progama de radio que produce CEPES.

Las lineas siguientes son la transcripción cuasi literal de afirmaciones hechas por especialistas como Patricia Urteaga, Alfons Broeks, Ciro Oblitas y Laureano Del Castillo. Cada uno de estos profesionales señala una serie de observaciones a la ley, algunos vacíos y las plausibles interpretaciones que podría darse a la norma. Por otra parte, tampoco estoy señalando que son estas las reinvindicaciones que justifican la protestas del sur que exige derogar la nueva ley de aguas, solo intento conectar opiniones técnicas que en cierta medida podrían ser las causas que sustenten la protesta.

Se señala por ejemplo que una de las preocupaciones de la estrategia nacional de recursos hídricos (la cual fue financiada en parte por un préstamo del Banco Mundial) es la aceptación por parte de la población de la participación del sector privado en la gestión del agua. La estrategia dice claramente que hay que convencer a la población porque ello es bueno. Este punto ha sido recogido en la Ley, esta sería una de las pruebas de que la ley esta promoviendo la inversión privada.

Una importanta queja que se señala es que si uno mira el conjunto de la ley aprobada, lo que va a encontrar es que en efecto hay varias cosas que estaban en el proyecto discutiéndose en el Congreso que se han incorporado en la ley pero también hay mucho de los decretos legislativos 1081 y 1083, incluso artículos textuales.

¿La Ley privatiza el agua?

El agua sigue siendo dominio del Estado pero según la norma se permitiría un manejo privado de los servicios vinculados al agua. Resulta extraño la mención a los incentivos que recoge los postulados del decreto legislativo 1083, que si bien literalmente parece bueno pues busca el uso eficiente podría facilitar el acaparamiento del recurso hacia aquellas personas que tienen los recursos para hacer el uso eficiente (en otras palabras los grandes capitales). En la sección de principios se señala en el cuarto principio: «El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación». Se esta elevando a nivel de principio jurídico la promoción de la inversión privada, esta no puede ser considerada un fin sino un medio.

Un punto interesante es aquel señala que la transmisión al sector privado ya esta., el detalle estaría en establecer que la gestión de la misma se haga sin fines de lucro, ello debería estar considerado en la ley pero no lo está.

Respecto a la acaparación de derechos tenemos varios problemas, el primer problema es la falta de información y uno de los aspectos muy positivos esta ley es todo el tema de información, el Estado se compromete a construir un sistema de información que no tenemos es decir no sabemos cuanta agua disponible hay, cuales son los flujos históricos si un año va a haber más o menos agua, no sabíamos hasta hace poco cuantos usuarios habían, cuantas licencias; entonces, aquí el rol central para evitar el acaparamiento le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua.

Finalmente respecto a como evitar el aumento de las tarifas, allí lo que ha hecho la ley es dejar para el reglamento la fijación de los criterios y la fijación concreta de las tarifas. Algo que preocupa es el hecho que en una de las versiones anteriores aprobadas en marzo, el tema de los criterios de sostenibilidad, si uno pretende aplicar estos criterios íbamos a tener que los dos distintos pagos por el agua iban a tener incrementar, entonces los criterios de autosostenibilidad apuntaban básicamente a lo económico; entonces si se aplicara la ley eso implicaría un aumento en la tarifas y retribución económica. Evidentemente hay que tomar en cuenta distintos criterios de disponibilidad, calidad de agua y la realidad socioeconómica para fijar los precios a pagar por el agua.

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Conflictos sociales, periodistas y la teoría del complot

>> domingo, 28 de junio de 2009

Didáctica la entrevista realizada por El Comercio al Presidente del Gobierno Regional del Cuzco, Hugo Gonzáles Sayán, en la cual el alto funcionario explica y señala una serie de detalles y hechos fundamentales para entender la protesta de los pobladores de Canchis.

Aquí va un resumen:

¿Lo de Canchis tiene vinculación con la paralización indefinida de Puno?
No sabría decirle, parece que alguna gente dice que este es el inicio de la república tupacamarista. No hay evidencias.

¿Usted cree necesaria la renuncia del Gabinete Simon?
No. Hay que hacer un llamado al Congreso para que actúe con sensatez. No es el momento de tumbarse un gabinete. Hay conflictos fuertes, pensemos en el país. En plena crisis no podemos cambiar al Gabinete.

¿Al pueblo del Cusco le interesa la interpelación?
Le interesará a la clase política cusqueña, pero al resto le importa un rábano. Mire, toda la zona andina se opone a la ley de aguas ¡aprobada por mayoría en el Congreso! Parece una consigna, es la misma plataforma de Andahuaylas, de la Federación Revolucionaria Túpac Amaru, de los regantes de Puno. (…)

¿Hay alguna objeción válida a la ley?
Yo te diría que no, es la grita callejera la que gana acá.

¿Por qué el gobierno regional que usted preside no pudo evitar la paralización de Canchis?
Nos llegó la plataforma del frente de Canchis al octavo día de la paralización. Paralizan Sicuani con el cuento del levantamiento general de los pueblos. Y la plataforma es realmente inexplicable. Cómo dialogar con quien pone como primer punto la vacancia del presidente de la República (...). Los informes de inteligencia hablan de gente que ha estado con ellos y que ha estado viajando a Bolivia. Como no se podía negociar, presentan una plataforma nacional, otra regional y una local. (...) No me piden nada más [plataforma regional] porque sus principales pedidos están resueltos.

Entonces solo quedaron los reclamos nacionales.
Sí, centrados en que no se construya la central hidroeléctrica de Salcca —son 350 millones de dólares de inversión— y en impedir las concesiones mineras.

La oposición a la central hidroeléctrica

¿La hidroeléctrica tiene un estudio de impacto ambiental?
Sí, para la cuenca alta del río Salcca. Es favorable y fue hecho por Ege Cusco. Pero en noviembre pasado hubo un peligroso levantamiento de los pueblos y Simon viajó a Sicuani. Se acordó que el estudio de impacto ambiental fuera integral y que se hiciera para la cuenca media y baja, pese a que la hidroeléctrica solo trabajará con la cuenca alta. Lo encargaron a Energía y Minas y el frente de Canchis debía ver los avances de los estudios

Y ocurrió lo clásico: no se hizo nada.
Se hicieron dos concursos, se declararon desiertos, parece que los montos son bajos. Pero el Frente de Defensa de Canchis nunca puso a su representante, también incumplió. (…) Se les ha planteado que se inicie el estudio de impacto ambiental y que vaya a consulta popular.

¿Por qué la gente de Canchis no acepta el estudio de la cuenca alta?
Porque hay toda una intencionalidad detrás. La comunidad supuestamente afectada con el proyecto (se tiene que hacer una presa) llegó a un acuerdo con la empresa, ha recibido hasta retribución económica. La gente de Combapata y de Canchis es la que “pitea”. Este asunto se ha politizado. (…)

El problema de las concesiones mineras

¿Otro impasse es el pedido de nulidad de las concesiones mineras?
Son necesarias, pero en eso quiero ser claro, ahí se le pasó la mano al gobierno de Toledo. El santuario de Qoillur Riti, en Ausangate, está bajo una concesión. Eso es inaceptable. La plaza de armas de Canaoca, en Canas, también. Otras concesiones mineras cubren Tungasuca y Pampamarca, todos los pueblos que recorrió la rebelión de Tupac Amaru están bajo concesión. ¡El 78% de Chumbivilcas está concesionado!

¿Y qué dijo sobre ello Simon al frente de Canchis?
Que existe una resolución del Ministerio de Energía y Minas que le dice al concesionario: “No se puede explorar ni explotar el recurso si no se tiene la aprobación de la comunidad”.

La licencia social.
Pero la licencia social no convence al frente de Canchis, aún así quieren la nulidad. Se les propuso revisar las concesiones consideradas dañinas o ilegales por ellos, tampoco lo aceptaron. Otra razón para boicotear la hidroeléctrica de Salcca es que dará electricidad a las concesiones mineras.

Ahora bien, evidentemente El Comercio forma parte del “Grupo del complot”, categoría asignada por Patricia del Río a los periodistas que - interpretando los términos de la tía Valenzuela - se encuentran alineados con la defensa de la democracia, el sistema político y la inversión privada, ellos sostienen que las protestas recientes (tanto las de los ciudadanos amazónicos como las últimas en Andahuaylas, Cuzco y Puno) son producto de un complot internacional contra el “exitoso e incluyente” modelo de desarrollo peruano. Sin embargo, lamentablemente estos comunicadores no buscan ver más allá de este posible hecho, obviando en algunos casos (los más descarados) toda crítica al Gobierno pues – según ellos – sería un despropósito pues terminaría desestabilizando el régimen; ello en cualquier parte del mundo se llama falta de objetividad, pero aquí en nuestro folklórico Perú es una promover el desarrollo, mantener el sistema.

Frente a estas afirmaciones o alucinaciones, dependa del lado que quieras estar, las respuestas coherentes han venido nuevamente (como casi siempre en los últimos meses) de la cholosfera. Por ejemplo, el Jorobado nos recuerda que las mismas respuestas se dieron antes ante el inexplicable fenómeno que significó el senderismo para la clase política de 1980 – 1985. Otra interesante respuesta que ha sido rebotada por distintos bloggers (entre otros Ocram) fue el artículo publicado por Patty del Río quién afirma no creerse del todo el cuento del complot, pues para ella, los periodistas siempre deben dudar de la versión oficial y no ser simples portavoces del Ejecutivo. Este tipo de periodistas “no alienados” denominados por la tía Valenzuela como: "periodistas neutrales”, los cuales evidentemente son los menos en nuestra fauna noticiosa, basta darse una revisada a los titulares del kiosco de la esquina para percibir la esquizofrenia mediática que ha generado la teoría del complot.

Por otra parte, más allá de verificarse o no esta teoría hay dos cosas que lamentablemente son ciertas y están dejándose de lado; primero, que es evidente que el gobierno quiere zafar cuerpo respecto a los errores cometidos arguyendo que por culpa del complot todos se han puesto de acuerdo para desestabilizarlo, explícitamente han sostenido que tanto los amazónicos como la gente del sur son fácilmente manipulables por intereses externos, lo cual si bien podría ser parcialmente cierto no resuelve el segundo hecho, tenemos un Gobierno que no le gusta dialogar pero lo hace cuando lo obligan, alcanzando acuerdos que meses después no cumplirá, lo cual quiera o no reconocer a nuestra clase política peruana terminará siendo el principal pasivo del gobierno que suceda al partido aprista. Más aún, cada incumplimiento gubernamental, cada acta que pasa a ser un papel de buenas intenciones imposible de realizar termina siendo un punto a favor de los desestabilizadores del sistema democrático, tanto los están afuera (que si existen) como los que se encuentran adentro (que sobran).

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La Guerra Popular

>> viernes, 26 de junio de 2009

Si alguna costumbre tengo (a veces no tan buena) es terminar lo que sin querer he comenzado. Ayer en la madrugada decidí emprender el nuevo diseño del blog. Y lo que empezó con unos cambios de colores y figuras termino en la definición de una nueva plantilla, la supresión de una serie de links y la elección del nuevo cabezal, la cual elegí entre mi colección de imágenes sobre el conflicto armado interno. Esta imagen resulta provocadora representa una de las etapas más crueles e irracionales de la lucha armada. También simboliza - a mi parecer - una suerte de desprecio por el "desarrollo" que representaba la torre de electricidad. No cabe duda que toda violencia tiene su cuota necesidad de regreso al estado de barbarie, no sé si aún estamos listos para juzgar con serenidad y objetividad lo que ganamos y perdimos con el conflicto armado interno y en que medida su ejemplo es una llamada de atención para lo que sucede hoy día en nuestro país, que no es culpa de este gobierno, ha venido sucediendo desde que Toledo asumió el gobierno (y quizás acumulandose desde antes de ser una República), en fin una serie de hechos tristes y complejos que espero algún día el sistema democrático pueda conjugar.
Un buen post de Marco: La herencia de Yehude

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Doe Run para dummies

¿Cómo llegamos a esto? Protestas que bloquean la carretera central y amenazan con dejar sin alimentos a las ciudades que se abastecen con productos de la Selva y el Valle del Mantaro.

PAMA son las siglas para Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, instrumento de gestión ambiental de carácter transitorio implementado en el sector de energía y minas para todas aquellas empresas que debían adecuarse a las nuevas reglas ambientales como es la reducción de emisiones hasta cumplir con los limites máximos permisibles mediante la reducción.

El PAMA de Doe Run fue elaborado por CENTROMIN. Cuando Doe Run adquiere el complejo metalúrgico de la Oroya se compromete a cumplir en PAMA de CENTROMIN. Doe Run como todas las empresas del sector también celebra un convenio de estabilidad tributaria, o sea más ingresos que el Estado esperaba invirtiera en revertir los daños ambientales que causaba la fundición.

El año 2002 Doe Run manifestó que no podría cumplir con el PAMA por lo cual solicitó una prorroga la cual fue establecida hasta el 2004.

El año 2004 el MINEM, emitió un Decreto Supremo que permite la prorroga de PAMA bajo la constitución de garantías (Fideicomiso y carta fianza) era evidente que el único beneficiado de dicha norma era Doe Run. La prorroga excepcional – no esta demás decirlo – constituyo una muestra de debilidad por parte del Estado. Fue evidente la influencia que tenia dicha empresa minera sobre la autoridad (ex trabajadores de Doe Run eran altos funcionarios del Ministerio, señalaba la ex Directora General de Minería, María Chappuis, quien fue renunciada por oponerse públicamente al Decreto Supremo Nº 046-2004-EM) además la posición en la que quedaba el Estado era precaria.

En el año 2006 mediante Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM se aprobó la prorroga excepcional al PAMA de Doe Run hasta el año 2010, requiriéndole que constituya una garantía equivalente al valor del 20% del proyecto prorrogado. En teoría si el Doe Run no cumplía con su PAMA el Estado podía ejecutar esta garantía y en el mejor de los casos hacerse de la empresa. Un dato importante es que según algunos expertos en el tema esta decisión más allá de lo que simbolizaba era la mejor manera que el Estado tenia para exigir a la empresa que cumpliera sus deberes no solamente relativos al PAMA sino además otros de carácter ambiental que no habían sido considerados cuando el instrumento se aprobó en la época de CENTROMIN.

Junio 2009, Doe Run ha señalado que no podrá cumplir con el PAMA. La empresa ha paralizado sus acciones, sus trabajadores toman las carreteras quieren que el gobierno intervenga, conflicto social por aquí, por allá.
Especial Domingo de "El Comercio": Incertidumbre en La Oroya

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La eterna mecida

>> lunes, 22 de junio de 2009

La República 22.06.09

Cuando el gobierno sincere lo que realmente puede hacer... "ese día" llegaremos a algún lado.

El problema de Sicuani (Cuzco) no es nuevo, en este blog ya lo he tocado dos veces: (1) y (2) el año pasado. Al parecer esta vez el tema se ha radicalizado (sí aún más) ahora no solamente es el tema de la central hidroeléctrica o la concesiones mineras que argumentan pueden dejarlos sin agua, ahora además también se lucha en contra de una serie de decretos legislativos como los que tuvieron que ver con la gestión del agua: 1081 y 1083 que por lo demás fueron derogados por la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos.

Tal como lo ha señalado uno de los líderes de esta protesta: "A veces sólo les queda tomar el puente" lo cual - según argumenta - no es más que la consecuencia de haberse incumplido una serie de exigencias que resolverieron con el gobierno en mesas de diálogo pasadas. En ese sentido, tal como afirme en mi anterior post es posible que la viada cogida a partir de la protesta de la selva haya servido de mecha para prender todo el incendio de demandas que vienen postergandose desde Julio de 2007.

Sin embargo, esta situación aún no es más complicada que muchas anteriores (exceptuando obviamente el problema amazónico), por lo tanto el Gobierno aún se encuentra a tiempo de solucionar los problemas. Que se hayn tomado carreteras, quemados locales públicos y una serie de actos vandálicos más, no es más que parte del folklore de la protesta en el Perú, por lo tanto asumó que la gente del Ejecutivo, conocedores de los tiempos, fases, etapas de los conflictos han previsto que las dos opciones que se les presenta de cara a interpelación ministerial pemitirá oxigenar el espacio político: 1) si Yehude y Meche Cabanillas caen censurados (como debería ser), la necesidad de recomponer el gabinete ministerial le dará tiempo al gobierno para alargar las soluciones a la protesta (ya observamos que la marca la tiene el APRA con 55 días); 2) si Yehude no llega a ser censurado podría aprovechar su imagen conciliadora para resolver los temas inmediatos y alargar más los complejos.

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A qué debe temerle el gobierno

>> jueves, 18 de junio de 2009

La peor consecuencia que debe esperar el Gobierno luego de haber sostenido la protesta amazónica por más de 50 días no es cambiar de gabinete de ministros o recibir como una derrota política la derogación de dos decretos legislativos que tanta sangre les costo mantener, nada de eso, lo que más debe preocuparle al Poder Ejecutivo es haber creado el contexto perfecto de oportunidad política para la protesta.

En las siguientes líneas presento un rápido análisis estructurado sobre la base de algunas ideas señaladas por el Jorobado más conocido como “Meléndez”. La estructura de la oportunidad política para la protesta a la que me refiero y deberá enfrentar en los próximos meses el Gobierno la podemos desarrollar a partir de las siguientes condiciones:

i) Inestabilidad de los alineamientos políticos, ello es más que evidente, un gobierno debilitado política y socialmente luego de una matanza como la de Bagua y el Lote 6 no podrá sostener fácilmente un proceso de gobernabilidad en las “nuevas” zonas donde pobladores se alcen en protesta; mientras en el Congreso se enfrascan en polémicas y dimes y diretes por derogar o no un par de decretos legislativos; en el resto del país, los operadores de la protesta están preparando sus gargantas para repetir la formula amazónica; además, a ello se le debe agregar otra debilidad evidenciada no solamente con el paro amazónico o el conflicto del día de ayer en Andahuaylas, tanto las autoridades regionales como locales no están en la posibilidad de intermediar políticamente sobre las exigencias de los protestantes; por lo tanto, el mensaje de ayer fue claro, “se alinean o latigazo”;
ii) División de poderes, no cabe duda que el poder político se encuentra actualmente dividido luego de haber sostenido insensatamente que la protesta amazónica era una lucha contra el sistema. Una de las consecuencias de tal afirmación ha provocado que aquel sistema que representa el APRA y compañía termine siendo el más debilitado, las consecuencias de la soberbia; por otra parte, el problema que se viene no se tratará solamente de votos en el congreso sino del mensaje que deja la inoperancia del poder político para prevenir desenlaces indeseables, generando un vacío en la legitimidad del poder que difícilmente el Gobierno pueda resolver con caras nuevas en el Gabinete, sobre todo cuando su retroceso ha ocasionado que grupos políticos que generalmente se adscribieron a su postura vean en la nueva actitud del gobierno un desprecio a pesar de haberse la jugado por ellos; ahora bien, no resultaría extraño que comience una nueva inestabilidad política pero esta vez realmente direccionada a reconfigurar la distribución de poder y cambiar el sistema; y
iii) Represión estatal, el Gobierno no tuvo un manejo cauteloso de este aspecto, el cual por haber sido muy mal administrado ha quedado gravemente deslegitimado. En esa medida, su aplicación inmediata generaría conexiones con lo ocurrido en Bagua desencadenando posiblemente una protesta masiva a la que no podrá hacérsele frente con la simple represión de las fuerzas policiales.

Esta es la primera vez que me la pego de analista político, no sé si la chunte, francamente espero que no, pero si de algo estoy seguro – como seguramente muchos de ustedes – es que los meses que se le vienen al gobierno no serán para nada fáciles.

PD.- Ahhh... verdad a todo esto: Alan, Yehude, Franklin ¡¡¡Feliz día del padre!!!

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Ley 29376: Suspensión de los Decretos Legislativos 1090 y 1064

>> viernes, 12 de junio de 2009

«La cesación de los efectos jurídicos de las norma legales» se titula el Capítulo I de la Tesis Doctoral del Dr. Juan Espinoza, maestro sanmarquino. Según Juan, a diferencia de lo que comúnmente se cree, la extinción de la norma, no está dada (sólo) con su derogación por otra ley tal como como lo haría suponer el primer párrafo del Art. 1 del Título Preliminar del Código Civil. En efecto - según Juan - existen otros supuestos, distintos de la derogación, que cesan (o alteran) la vigencia de las leyes. Estos casos se presentarían en los conceptos de abrogación, derogación, modificación y la "ahora" famosa suspensión de los efectos jurídicos de los decretos legislativos 1090 y 1064.

Según Juan, dentro del plano formal, la suspensión de la eficacia de las normas jurídicas significa que frente a una ley que está vigente; pero que no surte efectos (jurídicos), por voluntad propia del legislador (lo cual en este caso no es nada cierto, pero recuerden es teoría). Juan afirma que resulta importante precisar el límite temporal de la suspensión, caso contrario, podría entender como un caso de derogación (tal como ha sucedido con los decretos legislativos). Pero se ha venido demostrando, en este cogollo, lo más importante es la forma que el fondo.

La Ley 29376 suspende la aplicación de los decretos pero tal como lo señala Juan en la práctica es una derogación; sin embargo, - allí viene la gracia - podrían implementarse una serie de maniobras legislativas que permitirían devolverles su eficacia y derogar las normas que han resucitado por esta ley (Ley 27308 y 26505), sobre todo ahora que se han suspendido por 120 días a congresistas de la oposición.

Otro tema del debate que no sé si se concluyó es respecto a la naturaleza de Ley Orgánica de la norma que regula el sector forestal y fauna silvestre que requeriría el voto de 61 congresistas para su aprobación y además no debió ser transferida al Ejecutivo por la delegación de facultades legislativas (Art. 106 de la Constitución). Lo mismo debe exigirse para la Ley 26505 que en su tercera disposición final exige que sea tratada como Ley Orgánica en lo que respecta al tema de su modificación y derogación lo que incide en el quórum necesario para su aprobación. Sin duda, estos puntos suman aún más consideraciones para que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad.

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Ojala que llueva café en el campo

>> jueves, 11 de junio de 2009

La primera idea de tesis que esbocé tenia el siguiente nombre: «La desligitimación social del Derecho». Para justificar xq volaba tanto, es prudente mencionar que en aquellos días estaba terminando el curso de "Orígenes del Pensamiento Político Moderno" en el Diplomado de Filosofía de la UARM. Estaba persuadido que la construcción del derecho requería un base social que lo legitimará; entonces pensaba: ¿Qué deslegitima el Derecho? (ojo, aún no debatía conmigo mismo que entendía como «Derecho», aunque asumí que entendía al Derecho en su manifestación más básica y positivista: La Ley) Mis opciones pasaban por los tres poderes del Estado: El Poder Judicial y su mala administración de justicia, el Legislativo y sus leyes inaplicables o con nombre propio y el Ejecutivo que en representación del aparato estatal elaboraba reglamentos y desarrollaba políticas públicas que finalmente eran las que tenían más impacto en la ciudadania.

Sin embargo, persistía en la idea que el Estado (Gobierno para efectos prácticos) deslegitimaba de alguna manera reiterativa y obtusa el derecho que debía ser la base de su legitimidad social. Unas semanas después asumiría un punto más que el Derecho también podía ser la manifestación de intereses particulares y allí todo se complicó, deje la idea de lado... encontré al derecho ambiental y terminé investigando los problemas sobre la propiedad comunal en un contexto de conflictividad social por minería.

¿A donde voy con todo esto? Tanto el 1064 y 1090 son leyes que en estricto representan una propuesta ideológica no consensuada socialmente y con una alta capacidad de ser enfrentada por la misma omisión. Por ejemplo, si pensaramos en las debilidades del TLC nos podemos percatar que en las negociaciones no hubo mayor participación de personas ajenas del gobierno de turno, es decir se tuvo carta libre para implementar un visión de desarrollo a partir del comercio. Las exigencias nunca pasarón de panfletos de ONGs o marchas, no se pudieron traducir en grandes movilizaciones que paralizaran las negociaciones, a pesar de una serie de objecciones seriamente sustentadas, este fenomeno sus razones habrá de tener.

En todo caso, el Gobierno deslegitima el papel de la norma cuando regula sin consultar, el neoliberalismo estrictamente hablando sería una nueva libertad, una nueva forma de apuntar hacia el desarrollo que promueva la libertad que tienen todos los peruanos de decidir como quieren salir de la pobreza, no se trata de afirmar que son chunchos incivilizados y "yo" porque tengo mi Phd., Master o lleve cursos en el Centrum de la Católica que me certifica como especialista, experto o "consultor" en alguna cuestión relativa al desarrollo necesariamente sé más y por lo tanto chutito asume que esta norma es lo mejorcito que le puede haber pasado a tu vida (no sé xq alucino que la Ministra Araoz piensa así).

«Por lo tanto, el día que el poder político sea humilde y preocupado, la gente del Perú no sufrirá tanto y quizás ese día llueva café en el campo».

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Desenlace de un conflicto: La muerte

>> viernes, 5 de junio de 2009

Ante las trágicas consecuencias del enfrentamiento entre ciudadanos de la amazonía y miembros de la policía nacional es necesario decir algo a modo de análisis que nos sirva para entender ¿por qué? llegamos hasta aquí.

Sin duda lo que más llama la atención es la conducta del gobierno, que hace unos meses frente a una protesta menos violenta pero igual de mediática termino accediendo a la derogatoria de dos Decretos Legislativos (1015 y 1073), que fueron objeto de la penúltima gran movilización amazónica. El mensaje es claro, lo que estaba en juego en la modificación del quórum para la disposición de las tierras comunales no era nada comparado con lo que ahora podía perderse de derogarse el 1090 (¿el TLC, la derrota política más importante del gobierno de cara a las elecciones regionales y locales, etc.?).

Resulta difícil determinar hasta que medida el gobierno no habría calculado las consecuencias que la falta de acuerdo tendría sobre la paz y seguridad interna, sobre todo cuando – asumo – la inteligencia gubernamental ya sabía – lo que otros hemos conocido por radio - que poblaciones de la zona (que no forman parte de alguna comunidad indígena) se habrían de plegar a la protesta en contra de la policía.

Ahora me pregunto si un par de Decretos Legislativos valen todo el odio y dolor que generarán estas muertes. Se podrá ahora hablar de una solución pacifica y concertada con tantas muertes a cuestas (sobre todo cuando ya la Ministra del Interior ha declarado que Pizango y compañía deben ser detenidos y puestos a disposición de las autoridades – RPP 16:30) Lamentablemente comenzará la casería por encontrar a los responsables “políticos” e “ideológicos” de esta masacre; ¿qué actitud tomará el parlamento respecto a los decretos? eso aún es incierto (seguramente estarán pensando más en la censura ministerial que en otra cosa); lo único claro es que "el tema de fondo" que en algún momento pudo discutirse el modelo de desarrollo amazónico solo sabe Dios cuando volverá al debate público.

Lo señalo nuevamente, no era partidario de que se derogará del 1090, asumía que el gobierno habría de encontrar alguna solución intermedia a este problema. No imaginaba que el conflicto tomaría este giro, matándose entre peruanos, buscando culpables, obviando los temas de fondo, legales, sociales y políticos que sustentan la protesta indígena. Aún es muy difícil determinar que sucederá mañana, quienes serán los culpables de la sangre derramada. En estos momentos – debo admitirlo con franqueza – me resulta incomprensible el poder político.

PD.- Las autoridades políticas han señalado que los amazónicos empezaron el conflicto, robándole fusiles AKM a la policía. Independientemente de ello, alguien es responsable que hayamos llegado hasta ello.
PD 2.- El presidente Toledo habló, se aprovecha que los peruanos sufrimos de falta de memoria respecto a su desempeño frente a los conflictos 2001 - 2006.

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La estructura de la movilización: “Teoría de la acción colectiva”

>> domingo, 31 de mayo de 2009

La teoría de la acción colectiva desarrollada por Mark Irvin Lichbach en su libro The Rebel´s Dilemma plantea que la disyuntiva entre protestar o no protestar se resuelve a partir de las respuestas ante las distintas barreras que pueden impedir que la gente proteste. Es decir, desde un principio la acción colectiva presenta un dilema entre manifestarse o no hacer nada; ante aquel hecho los responsables de la acción colectiva tienen que desarrollar mecanismos o tomar medidas que establezcan las condiciones necesarias para que la gente proteste.

Debemos tener presente – tal como lo señala Meléndez – que lo racional es no protestar. Por ello, entre las acciones que se debe definir será cuan costosa es la protesta, si requerirá periodos largo y a través de que mecanismos plantearemos las soluciones de presentarse inconvenientes a la acción colectiva planificada o no planificada. Por su parte, De Echave et ál, identifican esta disposición por la acción colectiva como las estructuras de la de movilización, serían los vehículos colectivos, informales así como formales, a través de los cuales las persona se movilizan y comprometen en acciones colectivas.

Por otro lado, es necesario diferenciar la administración de los recursos para la protesta y el dilema frente a la acción colectiva. Una buena administración de los recursos para protestar disminuirá considerablemente las posibilidades que los sujetos no opten por la acción colectiva, es decir, hay una relación – a mi parecer – de causa efecto entre estas dos posturas. Desde un punto de vista integrado realizada una buena organización es muy probable que los sujetos llamados a protestar lo hagan, sin duda cabe la posibilidad que no se supere el dilema del rebelde planteado por Irving Lichbach, pero en todo caso las condiciones – al menos teóricamente hablando – deberían proyectar resultados exitosos en cuanto a la acción colectiva.

Finalmente, Meléndez sostiene que frente a los problemas para la acción colectiva es importante determinar en que medida la solución al problema puede encontrarse en la estructura y relaciones preexistentes en el grupo u organización que plantea la acción colectiva, es decir, desarrollar un marco donde se pueda anteponer los intereses colectivos a los individuales, se creen condiciones donde se incrementen los beneficios y se perciba con mayor facilidad la posibilidad de ganar.

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Quellaveco: El conflicto es por el agua

>> viernes, 29 de mayo de 2009

El proyecto Quellaveco, yacimiento cuprífero ubicado en Moquegua, a cargo de la compañía británica Anglo American, no prosperó en el 2000. La posibilidad para el uso de agua presentaba complicaciones ante las demandas que argumentaba la población, sobre posibles efectos en los ecosistemas de la zona, como ríos o bofedales, entre otros. En el 2006, luego de 17 estudios realizados por la minera, está presentó alternativas para el uso de agua superficial (implicando reutilización) proveniente de los ríos aledaños y ya no de agua subterránea, que están a la espera de la aprobación del caso.

Para el proyecto Quellaveco se necesitarán alrededor de 22 millones de m³ anuales; tal como lo señala Anglo American, significa menos del 10% de lo que se pierde en el mar. Estos volúmenes se obtendrán de la cuenca del río Tambo y de los ríos Vizcachas y Titire (hoy con altos contenidos de boro y arsénicos, por causas naturales).

Según Aldo Brigneti, gerente de desarrollo sostenible de Anglo American Quellaveco, se construirá además de una presa para almacenamiento de agua, en el trayecto del río Vizcachas, la cual contribuirá a regular el flujo hacía el río Tambo. Esto permitirá aprovechar épocas de mayor caudal del Vizcachas (307 litros por segundo) hacia el río Titire. El agua de este último también será utilizada y devuelta a su caudal para que los agricultores cuenten con el líquido ya libre de las sustancias con las que contaban naturalmente. De ser aprobados todos los permisos. Quellaveco incrementará en un 40% la producción nacional de cobre.

Perúeconómico - Marzo 2009

«El Proyecto Minero Quellaveco [Anglo American Quellaveco S.A. (UK)] se encuentra actualmente con estudio de factibilidad. Asímismo se estima que el inicio de operaciones sería el año 2013. Según perúeconómico de los US$ 2,200 millones de inversión total en el proyecto, US$ 300 millones estarán destinados a gestionar sosteniblemente los recursos hídricos».

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Agua y Protesta: Clasificando los conflictos sociales por recursos hídricos

>> lunes, 25 de mayo de 2009


Conflictos socioambientales por casos. Reporte Nº 62 - Abril 2009 . Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad

Los conflictos sociales relacionados a los recursos hídricos pueden considerarse una subdivisión de los conflictos originados por la disputa que se genera en torno al aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, esta clasificación (aplicada en términos prácticos) podría limitar la compresión de las motivaciones que originan el proceso de conflictividad social.

En el caso de las protestas relativas al recurso agua, generalmente se lo considera como una causa subsidiaria; es decir, no en pocos casos, las protestas presentan otras reivindicaciones como temas centrales, siendo las referencias al recurso hídrico más bien un argumento complementario que refuerza las razones generales de la protesta. Por ejemplo, si una población exige que determinada empresa asuma su responsabilidad por los pasivos ambientales que existen en su zona producción y solucione los problemas de contaminación que produce en fuentes de agua dulce como un río, ¿no estaríamos ante un conflicto relacionado a los recursos hídricos? O quizás, si la protesta la protagonizan determinados agricultores porque exigen que el gobierno cumpla con su compromiso de ejecutar un proyecto hidroenergético que asumen permitirá desarrollar su Región, ¿estamos nuevamente ante un conflicto relacionado al recurso agua?

Ejemplos como los mencionados hay muchos; son frecuentes las solicitudes de suspensión de actividades que se sostiene contaminan los recursos hídricos, sin embargo en la mesa de negociaciones las soluciones giran en torno a los ingresos que como compensación debería recibir la comunidad; por otra parte, también se presentan conflictos entre agricultores por el aprovechamiento del recurso hídrico para sus cosechas, ¿estos conflictos deberían considerarse protestas relativas al tema agua?

En esa sentido, cuando la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad sostiene en el Reporte de Conflictos Sociales Nº 62 (Abril 2009) que el 3% de conflictos sociales corresponde a protestas relativas al recurso hídrico, me genera esta duda que me lleva a reflexionar que respecto a lo necesario (en la actual coyuntura de reformulación normativa) de una clasificación concisa respecto a qué nos referimos cuando hablamos acerca de conflictos sociales relativos a recursos hídricos. Más aún, cuando se considera en el reporte que las protestas por residuos y saneamiento deben ser tomadas independientemente del tema hídrico. Ello lo considero inexacto sobre todo porque las canchas de relave y los innumerables problemas que ocasionan los inadecuados vertimientos de aguas residuales no solamente se encuentran adscritos al rubro residuos, pues son resultan en último termino un tema afectación a la calidad del agua. Por otra parte, si bien el lado de saneamiento esta más ligado al tema de acceso al recurso, también termina siendo un conflicto por la no disposición de este, básicamente un tema uso primario y poblacional.

Por lo tanto, frente a lo señalado, sostengo una visión más esquemática (como la de todo abogado). Considero que la distinción debe elaborarse a partir de las protestas entre las clases de uso (art. 35) señaladas en la Ley de Recursos Hídricos «Ley Nº 29338», clasificando las protestas a partir de las disputas que puedan surgir entre las clases: 1. Uso primario, 2. Uso poblacional y 3. Uso productivo. Es decir, las protestas se originarían de dos maneras, a partir de conflictos entre clases (básicamente “Poblacional” vs. “Productiva”) o entre los tipos considerados en la tercera clase donde se ubican actividades como: agraria, energética, industrial o minera (art. 43), aquí entrarían la disputas entre actividades agrarias y mineras que ya son legendarias.

Finalmente, también deben considerarse conflictos donde los aspectos relativos al tema hídrico constituyen el problema central que origina la protesta, incluso podría suceder que no presenten conflictos (versus) con otra clase de uso. Un ejemplo de ello sería la protesta de la población de los diferentes distritos de Huancayo que rechazan el incremento tarifario del servicio de agua potable por parte de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

Mapa sobre conflictos de uso de agua elaborado a partir del Reporte de Conflictos Sociales Nº 62 - Abril 2009. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. Defensoría del Pueblo.

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La pachamama y la barranco-mama: Algunas precisiones teóricas y metodológicas para abordar las diferencias culturales en los conflictos sociales

>> domingo, 24 de mayo de 2009

El "post" de Franklin Medrano


La protesta social vista en las regiones de la Amazonía ha despertado lecturas y posiciones que enfatizan, casi sin reflexión previa, el aspecto cultural del conflicto. Podríamos resumir este discurso de la siguiente manera:

“Para los grupos nativos de la amazonía, la selva, la naturaleza es sagrada (es como su madre) y se te metes con ella te metes con ellos (con sus hijos). Este arraigo explicaría la violencia en la protesta”.

Estas lecturas, que han sido comunes para explicar el conflicto entre el Estado y la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (AIDESEP), resultan poco claras y resultan etnocéntricas por dos motivos.

En primer lugar, este modo de ver los conflictos amazónicos se concentran en la diferencia cultural, lo que provoca que la interculturalidad no sea percibida como un problema político. El debate de fondo, consiste en la oposición entre el ius imperium (el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales de la nación) y los derechos políticos de los ciudadanos a participar en las decisiones locales. Por ejemplo, el derecho a ser consultados en caso haya posibilidad de explotar los recursos de su localidad o si esta será alterada por alguna obra pública de gran envergadura. Es decir, boras, arequipeños y limeños tienen derecho a ser consultados ante la posibilidad de re-organizar sus tierras y participar en las decisiones locales, incluso regionales (si cuentan se cuenta la organización), al margen de las diferencias culturales.

El segundo motivo por el cual este tipo de lecturas yerra consiste en el talante etnocéntrico, y hasta racista, de abordar los conflictos sociales. Bajo este tipo de lógica, sólo cuando se trata de conflictos en la Amazonía podemos (y debemos) hacer “análisis cultural”. ¿Pero por qué no aplicar “análisis cultural” para explicar el conflicto entre los vecinos de Barranco y la Municipalidad de Lima entorno al Metropolitano? ¿Acaso el conflicto de Barranco no se debe a que el estado no consulto (otra vez) a los ciudadanos?

Podemos afirmar entonces que estamos frente a un uso diferenciado de métodos para explicar los conflictos sociales en el Perú: “Para los de la amazonía usamos análisis cultural (previa cita del convenio 169 de la OIT), para mis amigos de Lima usamos participación ciudadana (vecinos, nunca pobladores)”. Los ciudadanos de AIDESEP no son los únicos que mantienen un “vínculo peculiar con su territorio, su cultura y su vida”. Veamos lo que dice uno de los post del blog Salvemos Barranco:

“Barranco es patrimonio cultural de toda la Nación, conservarlo es nuestro deber y nuestro orgullo. El progreso no se construye de espaldas a la población, destruyendo nuestra cultura e identidad… No a la improvisación. Exigimos que la autoridad consulte a los vecinos. No al oportunismo. Peleamos porque somos barranquinos y aquí vive nuestra familia”.

La organización y simbolización del espacio es un proceso humano, universal, para el desarrollo de las identidades colectivas. Existen lugares (distrito, barrio, colegio) donde las relaciones y la historia de los que la habitan y frecuentan posibilitan una identidad colectiva, un sentido común. Los de Barranco también han simbolizado su distrito, por lo que del mismo modo que afirmamos la existencia de una pacha-mama podríamos afirmar la existencia de una barranco-mama.

Por ello, el análisis de los conflicto sociales debe hacerse usando los mismos procedimientos. El problema no son los “análisis culturales” sino su aplicación acrítica. Si vamos a incorporar elementos culturales en los análisis hagámoslo para todos los grupos sociales, incluyendo el nuestro. Si los de la Amazonía son “exóticos” que merecen otro método y los de Lima no pueden ser vistos como “exóticos” que se explique el por qué de esta diferencia para evitar suspicacias.

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Estado, protestas y recursos naturales: Un triángulo de base incierta

>> domingo, 17 de mayo de 2009

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su aprovechamiento”. Señala el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de 1993.

El Presidente García refirió hace unos días en un acto público que las tierras de la amazonía son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo (en alusión a las comunidades nativas en protesta). Y valgan verdades al presidente García no le falta razón, pues tal como lo señala la interpretación correspondiente al artículo citada al inicio los recursos naturales del país no le son patrimonio de la Nación, no le pertenecen al Gobierno de turno pero tampoco a personas que se incuentra directamente vinculados a ellos; por ello, podemos afirmar que son de todos los peruanos e incluso - si queremos ir más lejos - de nuestros hijos y nietos también.

Sin embargo, el Estado (y por extensión el Gobierno) tiene la potestad constitucionalmente reconocida de fijar las formas de aprovechamiento de los recursos naturales, ello se plasmarán en políticas públicas y leyes. Así, las políticas públicas de alguna manera indican la voluntad estatal, los objetivos que persigue todo gobierno. Pero que pasa cuando un artículo de opinión firmado por “Presidente de la República” como los fueron los del Perro del Hortelano dejan claro que el Gobierno va optar por una visión que tiene como mayor bien la promoción de la inversión privada en la explotación de nuestro recursos naturales. Luego esta visión se concretizará en decretos legislativos, los cuales inmediatamente serán cuestionados por los que no comparten la visión del gobierno. Comienzan las averiguaciones y sale a la luz que muchas estas leyes emitidas al amparado de la delegación de facultades no lograrón ser aceptados en las comisiones respectivas del congreso. Entonces nuevamente la pregunta: ¿Qué pasa con los que no están de acuerdo? El Gobierno (sin oposición) tiene carta libre y aparece inmediatamente otra pregunta: ¿Cuántos puntos saco el partido aprista en la región amazónica en las últimas elecciones presidenciales? ¿Cómo solucionar la protestas sin abdicar en lo que creemos?

El Perú siempre ha vivido de la explotación de sus recursos naturales por capitales extranjeros, se me viene a la cabeza el contrato Dreyfus que fue tan polémico durante la época del guano para de un salto histórico volver a los Decretos Legislativos emitidos por Fujimori para promover en inversión privada en la explotación de recursos no renovables. Nunca el Dr. Pulgar Vidal tuvo más razón “los recursos naturales no tienen la culpa”; estos simplemente se encuentran en el medio de las diferencias que genera el modelo de desarrollo que el Estado Peruano históricamente ha decidido impulsar.

No hay duda el país se ha desarrollado ¿Exactamente donde y cuanto? No sé, pero avanza hacia algún lado. Sin embargo, aún no invierte en ciencia ni tecnología, tampoco aprovechamos el gran momento de los metales he implementamos una empresa estatal a lo Codelco como en Chile que le generé millones de dólares en ingresos netos al Estado, ello a pesar de tener los proyectos cupríferos más importantes de la región (como Toromocho).

Por lo tanto, era de esperar que esta visión choque con poblaciones mejor articuladas, que están en la capacidad de movilizarse (más allá de interés subrepticios que pudiera haber) y poner en tela de juicio lo que el Gobierno consider adecuado para los recursos forestales. Estos recursos bien administrados serán la fuente más importante de ingreso y promotora del desarrollo en aquella zona del país.

Los recursos naturales implican una retribución económica al Estado, allí están las regalías, el canon o los derechos vigencia; sin embargo, para algunos compatriotas eso no es suficiente pues más vale la intangibilidad que un “supuesto” inadecuado aprovechamiento. Esta percepción nos lleva a otro problema: ¿Alguien tiene idea de lo que implica el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? Una real valorización de lo que su aprovechamiento significa en términos sociales, económicos y ambientales. Pero al saber la gente que esto no se esta cumpliendo, hace mucho más fácil generar un discurso que subsuma todas la debilidades estatales en la gestión de los recursos naturales construyendo el marco ideal para la protesta. Es más fácil gritar contra la inversión cuando no hay pruebas sobre el trabajo del Estado en fiscalización y sanción de faltas.

Aún faltan algunas cosas por hacer; puede ser que mañana se solucione el paro, el gobierno derogué los decretos legislativos y todo siga igual, porque una vez que pase el tema la selva va seguir siendo tan pobre como en la época del caucho hasta que un día vuelva otro gobierno e intente promover su modelo de desarrollo y encontrará las mismas condiciones y por consiguiente las mismas protestas, una vez más el terrible circulo vicioso del atraso.

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La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad y la Protesta Amázonica

>> sábado, 16 de mayo de 2009


Ayer la Defensora presentó ante el Perú a su nuevo adjunto, el Dr. Rolando Luque, Abogado (y estoy casi seguro con una Maestría en Antropología). El Dr. Luque es el "KNOW HOW" sobre conflicto sociales en la DP. Recuerdo que a mediados del año 2006 cuando llegue por esas cosas del destino a la Defensoría, Sandra una colaboradora del Dr. cada vez que visitaba a los que laborábamos en Gabinete me decía: Yo me sentaba allí. Lo que sucedía no era que le había robado su sitio sino que se habían mudado a las oficinas que tiene la DP en la avenida Ocoña para comenzar a trabajar lo que en unos meses sería la "Unidad de Conflictos Sociales". También recuerdo que me sorprendía la labor de hormiga que tenia ese pequeño grupo (3 personas con el Dr. Luque) que monitoreaba todos los conflictos a los podía accederse en aquella época. Meses después a fines del 2006 me los volvería a encontrar, esta vez en San Isidro, en el local que la DP gracias a la cooperación internacional había podido implementar para dos nuevos unidades administrativas: La Adjuntía para la Niñez y Adolescencia y la Unidad de Conflictos Sociales.

Durante los meses que estuve en San Isidro fui testigo de la evolución del reporte mensual, el ingreso de nuevo personal y diversas actuaciones defensoriales de las que formo parte el equipo de la unidad de conflictos sociales (recuerdo que un comisionado muy bonachon tuvieron que operarlo de emergencia porque le sobrevino un terrible malestar, a veces la actuación defensorial puede ser muy arriesgada). Fue a finales de junio que me retire, por aquellos días me encontraba en mi limbo jurídico y no sabía que meses más tarde iba a terminar alejándome de mis intereses por los Derechos Humanos y terminaría empezando un tesis que en su primera etapa pretendía fusionar un interés latente: el Derecho Constitucional y dos intereses nuevos: el Derecho Ambiental y los conflicto sociales.

Por ello volví a la DP y tuve la oportunidad de entablar mayor contacto con un gran profesional como es Miguel Lévano quién con paciencia me explicó el ABC sobre conflictos socioambientales - algún día editare mis entrevistas con él jejeje -, luego la tesis fue evolucionando y terminaría siendo un tema sobre propiedad comunal y conflictos sociales mineros un cambio que si bien no parece sustancial tomo varios meses concretar.

Alcanzar el nivel de Adjuntía no es simplemente un cambio de nombre, representa la visión y voluntad de la Defensoría de ponerle mayor énfasis al trabajo de construir institucionalidad en nuestro país de allí el complemento de "Gobernabilidad". Por ello desde este blog quisiera mandarles un fuerte abrazo a todos sus miembros, deseándoles además éxitos en esta nueva etapa institucional y agradecerles por la información y servicios que dan al país (muchos de los cuales he rebotado en este blog y utilizado en mi tesis).

Adjunto párrafo de mi tesis y algo que todos ustedes - supongo - ya conocen:

La Defensoría del Pueblo (específicamente la Unidad de Conflictos Sociales a partir del año 2007) viene emitiendo desde el año 2004 reportes mensuales sobre la situación de conflictividad social que acontece en el país. Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo fue la primera entidad del Estado que recopiló información y analizó algunos conflictos sociales a partir de la segunda mitad del gobierno del Presidente Toledo. En la especialización, metodología y diseño de los distintos reportes de la Defensoría del Pueblo se puede observar la evolución en el manejo de la información que esta viene adquiriendo. En ese sentido, pasar de reportar (en su primera etapa) la toma de conocimiento de algunos conflictos relevantes alrededor del país a analizarlos y clasificarlos por sus características, detallando además los hechos más relevantes, sirvió sin duda a facilitar el desarrollo de trabajos posteriores sobre el tema.
(...)

Tipología de conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo:
  1. Conflictos socioambientales: aquel tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales.
  2. Conflictos por cultivo ilegal de coca: conflicto social cuya dinámica gira en torno a la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado.
  3. Conflictos electorales: conflicto social cuya dinámica gira en torno a la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas.
  4. Conflictos por demarcación territorial: conflicto social cuya dinámica gira en torno al establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales.
  5. Conflictos comunales: conflicto cuya dinámica gira en torno al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.
  6. Conflictos labores: conflicto social cuya dinámica gira en torno a los derechos laborales.
  7. Conflictos por asuntos de gobierno nacional: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública del gobierno central.
  8. Conflictos por asuntos de gobierno regional: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos regionales.
  9. Conflictos por asuntos de gobiernos locales: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos locales.
  10. Conflictos por otros asuntos: categoría genérica donde se circunscriben conflictos que no cumplen con la definición de los anteriores. Ej. Reclamos de estudiantes universitarios – a nivel nacional – a los transportistas por el cobro del medio pasaje.
...

Verdad, la Protesta Amázonica, weno si pues la DP lo hizo de nuevo, "dialogando" consiguió que se depusiera la declaratoria de insurgencia. Ahora todos esperamos que este logro sea una nueva oportunidad, aunque valgan verdades es bien dificil comprender que es lo que realmente estan buscando ¡ojo! los lideres amazonicos.

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El Decreto Legislativo Nº 1090: Criticas y respuestas

>> viernes, 15 de mayo de 2009

Es sabido que ningún Decreto Legislativo fue sometido a consideración de las comunidades nativas amazónicas, por lo tanto es evidente que no se cumplió con lo exigido por el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, sostener a partir de esta consideración que ello conlleva a su inconstitucionalidad como lo hace el Informe Legal del Congreso, lo considero un exceso; en todo caso, deberemos esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante algún proceso de inconstitucionalidad que impulse contra este decreto legislativo.

Por otra parte, entre las conclusiones/criticas más resaltantes del informe legal sobre el presente Decreto Legislativo encontramos que:
  • Se ha debilitado la institucionalidad forestal, se reduce los mecanismos de control de la tala ilegal y facilita el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial.

  • En lo que respecta a las consecuencias de la aplicación del decreto legislativo se sostiene como consecuencia «negativa» que de verificarse la procedencia ilegal de los productos forestales, es posible que los Estados Unidos nos cierre sus mercados, lo cual afectará directamente a los productores forestales; esto resulta contradictorio con la afirmación anterior que sostiene que facilita el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial.

  • Promueve el cambio de uso de las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de aptitud forestal al régimen agrario, mediante el D.L. 1064, con lo que promovería la deforestación de los bosques para dar paso a plantaciones de monocultivos con lo que no garantizaría la continuidad de la Amazonia.

  • Debilita la gestión del sector forestal al no definir la naturaleza jurídica de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna con lo que no cumple con el fortalecimiento institucional pedido en el TLC.

  • Modificar el Decreto Legislativo 1090 significaría mantener un sistema que no promueve la industria forestal y de fauna silvestre con tecnologías social y ambientalmente adecuadas. Un sistema que no es inclusivo y discrimina a los demás actores del bosque lo que los ha llevado a la ilegalidad. Un sistema que no respeta la capacidad del suelo y que mantiene un catastro con información obsoleta e irreal. Un sistema que no promueve la descentralización y resta las capacidades de los gobiernos regionales en la administración de los recursos naturales dentro de su jurisdicción. Un sistema que debilita la institucionalidad del sector forestal, dándole un rango de menor jerarquía y sin autonomía. Un sistema que permite la convivencia con la corrupción y no cumple con los convenios internacionales que Perú ha suscrito. Dicha norma no cumple con los principios de sostenibilidad que el sector forestal necesita y merece. Finalmente recomienda la derogatoria del 1090 entre otros en vista que: “la modificatoria no es suficiente ni cubre las necesidades de cada sector regulado por dichos decretos legislativos. Las modificatorias solo mantendrían sistemas obsoletos que no han permitido la modernización de dichos sectores”.
Respuestas sobre la base del marco legal actual

1. No se ha debilitado la institucionalidad forestal. Primero, durante el proceso de extinción del INRENA (Organismo Público Técnico Especializado (OPTE) adscrito al Ministerio de Agricultura - MINAG) las funciones de la Intendencia de Flora y Fauna Silvestre (que era parte del INRENA) se transfirieron al MINAG, originando que en la nueva estructura organizacional del Ministerio se creará la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestres (D.S. Nº 030-2008), constituyéndose la misma como la nueva Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; entonces el debate debería discurrir por determinar si una Dirección General tiene mayores o menores facultades que una OPTE para cumplir con la funciones de flora y fauna silvestre. Segundo, se retiro a la Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables que formaba parte del INRENA para que forma parte de la PCM denominándose nuevamente “Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables” fortaleciendo su institucionalidad e independencia (D. Leg. Nº 1084). Más aún, en este último considerando se cumplió a cabalidad con las exigencias del Anexo 18.3.4 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos sobre el manejo del sector forestal.

2. La Ley 29263 publicada el 02 de octubre de 2008, en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, modifica todo el Título XIII “Delitos contra la ecología” del Código Penal, estableciendo todo un nuevo Título XIII denominado “Delitos Ambientales”, el cual en su artículo 310 y ss. desarrolla todo lo referido a los delitos contra los bosques, tráfico ilegal de productos forestales maderables, obstrucción de procedimiento de la autoridad y las formas agravadas. Esta modificación también fue una exigencia del Anexo Forestal del TLC (18.3.4).

3. El art. 6 del D. Leg. 1090 modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29317, establece que: “No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente. Dichos proyectos deben cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento. Entonces si esta modificación no protege las tierras forestales, no sé que más lo puede hacer. Además, esta modificación es sumamente importante, más aún cuando el cambio no autorizado del uso de las tierras también es una causal de caducidad de los derechos de aprovechamiento (art. 17, inc. c).

4. Respecto al cambio de uso de las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de aptitud forestal al régimen agrario que se estableció en el D. Leg. 1064. Este grave error ya fue subsanado mediante la modificación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria que establece lo siguiente: “Precisase que cuando en el artículo IV del Decreto Legislativo Nº 1064, que aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, se hace referencia a tierras de uso agrario, se comprende a todo predio susceptible a tener uso agrícola o pecuario. Por lo tanto, se excluye del régimen agrario a las tierras con capacidad de uso mayor para producción forestal y de protección”. Más claro ni el agua.

5. Se desprende a partir de las modificaciones expuestas que la reformulación de los artículos correspondientes han permitido mejorar la situación de la actividad forestal en el país. Tampoco se han debilitado sus institucionalidad, pasar de ser la Intendencia de una OPD como INRENA ha ser una Dirección General dentro del MINAG no lo considero un rango de menor jerarquía con menor autonomía de la que tenia antes.

Finalmente aquí también se cumple lo que dice Vallejo "Hermanos, hay mucho por hacer". Sin duda, el tema del catastro forestal es indispensable para que todo el sistema funcione, pero esta necesidad esta muy relacionadas al problema de la propiedad y posesión sobre las tierras de las comunidades nativas. Entonces quizás el problema central - aunque nadie quiera ponerlo así - es que la nueva ley forestal prohibe el otorgamiento de títulos de propiedad o certificados de posesión a los ocupantes de las tierras con capacidad de uso mayor para producción forestal o de protección con o sin cobertura boscosa (art. 6). Esto perjudica tanto a las comunidades nativas que tiene como costumbre movilizarse por todo su territorio conforme van escaseando los recursos en la zona donde estuvieron asentados, pero también cumple con lo señalada en la constitución respecto a nuestros recursos naturales, el Estado es soberano más no dueño de los mismos, por lo tanto no puede entregar en propiedad algo que no le pertenece. Concluiré señalando que este conflicto social permite nuevamente poner en agenda el tema forestal, no solo se trata de reivindicaciones milenarias, desconfianza y malas intenciones, bien manejado la solución de este conflicto podría crear sinergias para alcanzar un modelo de desarrollo consensuado.

Link: Decreto Legislativo 1090 -D. Leg. que aprueba la Ley de Forestal y Fauna Silvestre

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