Las Protestas del 2008 y las proyecciones para el 2009 - (II)

>> sábado, 31 de enero de 2009

En ese sentido, distinguir las marchas y movilizaciones por nivel de gestión pública se hace importante. Así tenemos que las protestas sociales dentro del ámbito del gobierno local triplican (45.1%) a las manifestaciones relacionados al gobierno nacional (15.6%). Del mismo modo, notamos que las protestas en el ámbito de los gobiernos locales alcanzan una cifra que siete veces más grande que las pertenecientes al ámbito de los gobiernos regionales (7%) (Ver Gráfico 2).

Del gráfico anterior podemos concluir que los gobiernos locales “la tiene más difícil” en lo que respecta a conflictos sociales. Sin embargo, debemos recordar que si el año 2008 nos trajo un conflicto relevante, éste fue relacionado a un asunto de gobiernos regionales: El Moqueguazo (con su posterior réplica en el Tacnazo). Conflicto regional con una estructura distinta al esquema vertical clásico (Estado – Actor social) porque enfrenta a dos actores con similares de características básicas (Actor social – Actor social)[1].

Entonces la pregunta suelta es: ¿cuál es la relación entre la cantidad de protestas sociales, los conflictos sociales?, o para ser más teóricos: ¿cuál es la relación entre las variables protesta social y conflicto social?, ¿La protesta social abre un conflicto social o sólo representa una fase de éste? Y una pregunta más atrevida dado que no hemos tocado la variable violencia social: ¿Una protesta social con hechos de violencia siempre es precedida por protestas menores o por el contrario, surge azarosamente?

Responder éstas preguntas representa un reto muy ambicioso e implica la certeza, por parte de quienes intentan responderlas, de que los hechos sociales son predecibles, es decir, que podemos ver la ola con el fin de esquivarla o al menos prepararnos para recibirla sin salir muy magullados.

No obstante, es preferible responder otras preguntas previas a las hechas en el parrafo anterior. Esto no tiene como fin sin renunciar a la teorización sino poner puntos de apoyo para ir avanzando el debate sobre la conflictividad de nuestro país. En ese sentido, es mejor plantearnos: ¿Cuál es la proyección respecto a la cantidad de protestas sociales que nos traerá este 2009? ¿Cuál es la tendencia y composición de las manifestaciones y movilizaciones sociales para este año que recién comienza?

El 2009 se diferencia de los anteriores por ser el año donde las expectativas de crecimiento económico se han reducido a nivel nacional y mundial. El gobierno ha llamado al presente el “Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa”. Asimismo, el año que pasó se inició la reducción de presupuesto público para programas sociales, entidades y sectores determinados. Esto originó protestas sociales por parte de las madres del vaso de leche, estudiantes de universidades públicas, empleados del sector salud, entre otros. A lo que hay que sumar los gremios organizados con demandas pendientes, las actas incumplidas (o con plazos por vencerse pero sin atisbos de solución), las facciones radicales que pretenden jaquear al gobierno, el precedente del moqueguazo y el perfilamiento de los presidenciables para el 2011.

Por ello, tomando los antecedentes del año pasado y las condiciones del año que ya inició, podemos proyectarnos que para este 2009 tendremos 730 o más acciones colectivas de protesta. Es decir, podríamos tener un promedio de dos (2) o más protestas sociales por día, en todo el país, durante todo el presente año, desde plantones frente a sedes gubernamentales hasta movilizaciones regionales.
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[1] Al respecto, leer “Moquegua, Tacna y el Premier; Descentralización en tiempos de neoliberalismo” de María Isabel Remy en Revista Argumentos Año 2, Nº4.http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=131

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Protestómetro 2008

>> viernes, 30 de enero de 2009

Franklin Medrano nos entrega una completa revisión de los conflictos sociales acontecidos en el país durante el 2008. Este análisis será posteado en tres partes.

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Protestómetro 2008: Las Protestas del 2008 y las proyecciones para el 2009 (I)

En el 2008 se registraron 719 protestas sociales en todo el país, según información generada por la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo[1]. Cifra que nos da un promedio de casi dos (2) protestas sociales por día[2] ocurridas a lo largo de nuestro país durante el año pasado. Dato que resulta preocupante si recordamos que los conflictos sociales en el 2008 pasaron de 83 (enero) a 197 (diciembre).

La composición de las protestas sociales[3] resulta también preocupante, sobre todo para las autoridades de los gobiernos locales. Por ejemplo, tenemos que 324 manifestaciones, es decir, el 45.1% del total, fueron causadas por asuntos de gobierno local. Demandas como la construcción de un puente peatonal, la rendición de cuentas a una autoridad local, el cumplimiento de acuerdos con una comunidad, un desencuentro entre un municipio y un grupo social, entre otros, fueron motivo de la mayoría de las manifestaciones y movilizaciones sociales en el 2008.[4]

La comparación cuantitativa de los tipos de protestas sociales muestra que la proporción concerniente a los gobiernos locales casi duplica y triplica el número de manifestaciones causadas por problemas laborales y asuntos de gobierno nacional, respectivamente (Ver el Gráfico 1).

Del mismo modo, si tomamos la gestión pública en sus tres niveles: nacional, regional y local, tenemos que la suma de éstos alcanza la cifra de 486, lo que representa el 67.7% del total de protestas registradas en el año pasado (Ver cuadro 1). Esta cantidad pinta a grandes rasgos las proporciones de la conflictividad de los problemas sociales directamente relacionados con la gestión pública. Es cierto que hubo manifestaciones y existen conflictos sociales de carácter socioambiental que pueden ser imputados al Estado, lo que elevaría más la cifra. Sin embargo, distinguir los matices en este punto es útil para señalar la responsabilidad directa de los funcionarios públicos de todos los niveles en los conflictos sociales.

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[1] Para el presente artículo se ha usado información de los doce (12) reportes mensuales de conflictos sociales de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo (UCS-DP) correspondientes al año 2008. http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales-reportes.php
[2] El promedio exacto es 1.96 teniendo en cuenta que el 2008 fue un año bisiesto.
[3] Para fines del presente estudio se hará referencia a los conceptos protestas sociales, manifestaciones, marchas, movilizaciones y acciones colectivas de protesta como si tratase de sinónimos. Siendo actualmente el término “acciones colectivas de protesta” el usado por la UCS-DP.
[4] Para el presente estudio se ha usado la tipología de protestas sociales empleada por la UCS-DP en sus reportes mensuales correspondientes al periodo de abril – Agosto del 2008.

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Las cuestiones estructurales de los conflictos sociales

>> jueves, 22 de enero de 2009

El artículo de Gerardo Damonte: El esquivo desarrollo social en las localidades mineras (2008); me hizo recordar una consultoria realizada por Jorge Recharte para el CIES, Dimensión social de la minería en el Perú (2003). Estos dos documentos de alguna manera enfocan las cuestiones estructurales que están detrás de los conflictos sociales en la minería. Es decir, no se puede explicar el alto nivel de conflictividad social simplemente postulando la contradicción de intereses encontrados o la confrontación de lógicas de desarrollo, ni siquiera esbozos desde la ecología política pueden responder todas aquellas preguntas requeridas para esbozar una propuesta teórica que de respuesta al alto nivel de conflictividad social que sufre el país.

Desde que empecé en el tema de los conflictos sociales me di cuenta, más allá de las cosas que aún no sabía, que estos eran en cierta medida la respuesta a la falta de políticas públicas por parte del Estado para resolver una serie de discordancias que se percibian en su accionar. Algo paradigmatico era, por ejemplo, la función fiscalizadora contemplada para la Dirección General de Minería, la misma responsable dentro del Estado (a parte de ProInversión) de promover la actividad (minera) que luego habría de vigilar. Pues bien, no bastaba con tener una legislación minera ambiental desde el año 1993, cuando la institucionalidad responsable de hacer cumplir estas exigencias, cuando evidentemente estaban pensando más en liberalizar - en el mal sentido de la palabra- todos los mecanismos que permitieran su ingreso, libre de trabas y protestas sociales.

Pero implementar políticas públicas hubiera evitado el desencadenamiento de conflictos sociales. ¿La gente protestaba en la década del noventa? La verdad no recuerdo, si tengo conocimiento de algún levantamiento contra el intento de aplicación de la ley de servidumbre minera, pero un gorrión no nos regalaría una primavera.

A estas alturas del debate resulta tentador sostener que la culpa es de la pobreza, la falta de educación, el racismo, la discriminación, la total desatención del Estado. Sin embargo, sostener estos criterios de carácter estructural no nos permiten acercanos del todo a la raíz del conflicto, debemos evitar el error de homogenizar a los actores en disputa: las comunidades de la costa son iguales a las de la sierra, las del norte tienen las mismas características y costumbres que se practican en el sur; las junior, medianas y grandes empresas mineras presentas políticas homogenas de relacionamiento comunitaro; el Estado se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer para gestionar los conflictos.

¿Porqué es necesario para legitimarse socialmente - al interior del país - a través de la violencia (Gobiernos Regional, Provinciales y Municipales, claro sin generalizar)? Por ahora sólo tengo más que preguntas como muchos de ustedes, voy por allí desenredando la madeja, como me recomento mi asesor de tesis, ir tipificando el marco de diferencia, buscando más allá del discurso, verificar si realmente hay recursos naturales en juego. En fin... espero algún día alcanzar la respuesta (completa).

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Aspectos constitucionales de los recursos naturales (minería, hidrocarburos y energía)

>> jueves, 15 de enero de 2009

Un post que te ayudará en tu tarea




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Las fotos de la desidia (¿En Piura queda Guantánamo?)

Como ya lo señalamos en un post anterior, el tema con Majaz ha empezado a tomar viada; sin embargo, no caviaricemos el tema, ahora lo importante es que se hagan respetar los derechos humanos, se cumpla con la ley y sobre todo que el Gobierno alcance un acuerdo con la pobladores de Carmen de la Frontera y Huancabamba.

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Sobre el Paro Agrario, un conflicto que va avanzando

El Paro Agrario no es una broma de la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del Perú (JNUDRP). La misma fue prevista hace varios meses por los agricultores en caso el Gobierno no prestará atención a sus reclamos. Hace casi un año (Febrero, 2008), el mismo gremio paralizo gran parte del país con una huelga nacional, la que puso "nuevamente" en entre dicho la capacidad del gobierno para evitar conflictos a través de acuerdos democraticos.

Para los agricultores el valor económico de los recursos hídricos es un tema sumamente sensible (el anterior paro ya lo demostró), tanto así que no haber concertado la promulgación de los decretos 1081 y 1083 ha sido (siempre y cuando el paro tenga exito) la partida de defunción de los mismos (decretos 1015 y 1077 again). La JNUDRP esparaba que el Gobierno no reglamentará el 1081 o en todo caso lo hiciera corrigiendo lo que a su parecer era totalmente adverso a su intereses; sin embargo, el gobierno persistiendo en su visión "anti hortelanista" publicó el D.S. N° 021–2008–AG, reglamentando la norma y dejando atrás una posibilidad de consensuar una salida al conflicto.

Pero, ¿Cúal es el problema central de este conflicto social relativo al aprovechamiento de los recursos hídricos? Creo que es evidente que los agrarios consideran sumamente plausible que la privatización del servicio de agua incrementará el precio que pagan por este. La norma no privatiza el agua de por sí, primero porque constitucionalmente no se puede, el agua al ser un recurso natural es patrimonio de la Nación, es decir el Estado en representación de todos lo único que pude hacer es entregar derechos sobre la misma, en este caso a través de licencias que permitan al sector privado invertir en infraestructura (u otros rubros) con la finalidad de mejorar los servicios y recibir un justo pago por ello.

¿Esto es privatizar? Evidentemente que no; pero que se le parece, se le parece.

Por otra parte, cuando lei los decretos legislativos en cuestión, me dio la impresión que el espiritu de la norma tiene un fuerte compromiso con renovar la actitud estatal frente a los recursos hídricos, lamentablemente para los directamente involucrados en la aplicación de la norma, no solamente sucede todo lo contrario, sino que la consideran violatoria de sus derecho e incluso inconstitucional. En todo caso - considero, como nunca, que debería darse el beneficio de la duda esperar al Gobierno y ver como evolucionan las decisiones que toma la Autoridad Nacional del Agua, ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, principal responsable de sentarse a la mesa a resolver este conflicto con la junta de regantes, frente a las exigencias de la junta de usuarios. Lamentablemente el Gobierno aún no le da la debida importancia al futuro paro agrario.

Finalmente un punto sumamente delicado dentro del debate es la posibilidad que tiene la Autoridad Nacional de Agua de delegar o autorizar el ejercicio de sus funciones a personas naturales o jurídicas de los sectores público o privado para la ejecución de labores y proyectos que le compete por Ley. Para la JNUDRP ello es - sin lugar a discusión - una puerta abierta a la privatización de la gestión del agua, la sólo encarecería más el recurso, perjudicando la cadena de producción agraria por los nuevos costos.


Más información:

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Alan García: Simpsons version

>> miércoles, 14 de enero de 2009

Ed wheeler's image

Pueden bajarse la imagen (con buena resolución) aquí.

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Las Actas en los conflictos sociales: Breve definición, actores e intenciones

>> martes, 13 de enero de 2009

Por Franklin Medrano
ex miembro de la Unidad de Conflictos Sociales , Defensoría del Pueblo

Un acta busca transformar la realidad, pasar de una situación inconforme a otra donde las cosas sean diferentes, digamos... “mejores” para los involucrados.

No todos los conflictos sociales contienen actas firmadas pero no por ello éstas dejan de ser importantes. Las actas son puntos de apoyo para el diálogo entre las partes firmantes y referencias importantes para el análisis de conflictos. A veces una de las partes incumple un acuerdo o rompe el dialogo, lo que lleva a que la protesta social se radicalice pudiendo desatarse la violencia.

Es cierto que pueden existir buenas intenciones en firmar un acta, como la de lograr un desarrollo acorde con el marco lógico de un proyecto social y siempre dentro de un estado de derecho y la democracia. Así, un acta cumplida hace quedar bien a los demandados (Estado o empresa) y lograr mejorar la calidad de vida de los demandantes (grupos sociales). No obstante, predomina el cálculo político y económico en lugar de la buena voluntad. Por ello, es vital empezar a profundizar en el análisis de las actas de los conflictos sociales.

Breve definición ideal
Las actas son los documentos que firman los actores involucrados en un conflicto social dentro de un proceso de diálogo cuyo objetivo es superar el conflicto, superarlo. En otras palabras, un acta busca transformar la realidad, pasar de una situación inconforme a otra donde las cosas sean diferentes, digamos “mejores” para los involucrados.

Los actores de las actas
Los actores que suscriben un acta pueden ser de tres tipos:
  • Actor demandado.- Es la parte a la que se le persuade y/o ejerce presión para que cumpla con determinadas demandas. Generalmente puede ser el Estado o una empresa. Con respecto al Estado, debemos precisar sus tres niveles: Gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales.
  • Actor demandante.- Es la parte que persuade y/o ejerce presión a una entidad (pública o privada) para que cumpla con un pliego de reclamos. Siendo este tipo de actores colectivos, es decir, sindicatos, gremios profesionales, comunidad campesinas, asociaciones de mototaxistas, etc.
  • Actor Mediador.- No en todos los conflictos sociales existen actores mediadores porque la participación de éstos depende de la voluntad de los actores directamente involucrados (demandados y demandantes) y del prestigio del mediador. Su participación consiste en la de mantener el buen tono del diálogo y el respeto a los avances logrados. No obstante, puede darse el caso de que un actor mediador no desee participar como mediador de un conflicto social por diversos motivos.

Las intenciones reales de firmar un acta
Antes de abordar el tema de las intenciones debemos anotar la relación asimétrica que existe en los conflictos sociales, una parte tiene lo que la otra necesita. Así, el Gobierno tiene el poder de decisión para hacer realidad una demanda social. Una empresa tiene el poder de decisión y los recursos para satisfacer algún reclamo sindical o las exigencias de grupos sociales específicos (o como se dice en la gestión privada, de su “área de influencia”).

Del mismo modo, debemos recordar, lo que predomina no es la buena intención sino el cálculo político y económico en la firma de un acta. Este esquema político no es monopolio del los funcionaros públicos y empresarios. Existen dirigentes sociales con ambiciones políticas de todo tipo:

  • Por un una parte, el interés del Estado y una empresa de firmar un acta es evitar ruidos y mala imagen. Generalmente suscriben un acta para mantener la calma o “apagar el incendio”. En ese sentido, los funcionarios públicos evitan asumir los costos políticos de los conflictos sociales o reducirlos a su minima expresión cuando éstos ya estallaron. Aquí no faltan las pugnas entre el oficialismo y la oposición por des-cargar y sobre-cargar responsabilidades unos a otros frente a un conflicto social. En el sector privado el asunto es similar, la empresa desea operar sin atrasos (léase costos) y hechos que perjudiquen su imagen. Para lograrlo, acuden a profesionales especializados en relaciones comunitarias, responsabilidad social y proyectos sociales.
  • Por la otra parte, los dirigentes de las organizaciones sociales diseñan y despliegan las estrategias para persuadir y ejercer presión a la entidad capaz de satisfacer sus demandas. De este modo, lograr que el Estado o una empresa firmen un acta de acuerdo es considerado un gran avance en la lucha social de los gremios y grupos sociales. Para lograrlo, los dirigentes sociales recurren a la presión mediática, la cual consideran imprescindible. Es así que el prestigio de un líder depende directamente de su capacidad para hacer firmar un acta y lograr el cumplimiento de sus acuerdos.

Por ello, un acta es percibida en forma distinta por las partes involucradas en un conflicto social. Para el Estado o una eventual empresa, un documento suscrito es un arma de doble filo. Si se cumplen todos los acuerdos hay rédito político y económico respectivamente; si por el contrario, se hace una mala gestión del acta, viene el desprestigio y la reducción de ganancias. Para los grupos sociales un acta con acuerdos es percibido como recurso para mantener el diálogo y, de ser el caso, utilizarla para presionar a la otra parte. Ambas partes conocen a grandes rasgos lo que se cierra y se lo que se abre cuando suscriben acuerdos en el marco conflicto.

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Río Blanco (ex Majaz) el post sobre un conflicto anunciado

>> lunes, 12 de enero de 2009

El diario "La República" publicó el viernes 09 de enero, en su sección central, imagenes que probarían diversos actos de tortura que sufrieron un grupo de 29 comuneros que osaron manifestarse en contra de la empresa minera Majaz. El día sábado publicaron la segunda parte de esta serie de imagenes, ahora se mostraba el cuerpo de un hombre ensangrentado y "aparentemente" semi inconciente. Lo curioso de este hecho fue que aquel señor sería encontrado muerto en un lugar totalmente distinto al del ataque, (el campamento(¡) en medio de una trocha. Por cierto - según señala el fotoreportaje - ninguno de estos hechos fueron admitidos como denuncias por el Ministerio Público, ni los actos de tortura y mucho menos la misteriosa muerte del comunero Melanio García.

Las fotos explican en cierta medida el alto nivel de violencia que desborda este conflicto social, la negativa ante la actividad minera es producto de un animadversiones soterradas por ambas partes, lo cual no vuelve no hace gratuito la simple consecuencia de su producto la regla: causa - efecto. Por ello resulta "atarantador" que en este contexto el Gobierno no resuelva primero los errores sociales y ambientales ya denunciados por la Defensoría del Pueblo, y trabaje más como un actor visagra que como un "patrón" que no consulta si realmente lo que él considera "necesidad" en el fondo es el sentir de todos. (Ahora bien, me puedes decir que para hacer negocios no te vas a guiar por el corazón "hay mucha plata" en juego... claro tío pero no es tú casa la que se van a tumbar, yo particularmente me desespero con la bulla que hace el señor que poda el cesped en mi vecindario)

El Comercio ya dió la alerta el día de ayer (domingo, como para que todo el mundo lo lea) con un título que no puede ser más descriptivo: "El conflicto minero en Majaz podría alterar paz social". Lamentablemente no creo que pueda, definitivamente lo va hacer, tiene todos los elementos: población organizada (redes, ongs, base social), autismo estatal para atender el problema y una empresa minera con una muy mala estrategia de relacionamiento comunitario. Lamentablemente ni siquiera el ala ambiental del ejecutivo tiene legitimidad para intervenir en este conflicto, los cuestionamiento al del ministro del Ambiente no son nuevos.

Como señalamos en las actualizaciones al post sobre el Decreto Supremo 024-2008-EF, la situación en Carmen de la Frontera y Huancabamba se esta calentando, más denuncias, protestas y crisis social están en camino. ¿Qué estará haciendo la Dirección de Gestión Social del MEM? ¿Tendrá alguna alternativa de concialiación la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM? Ojala despierten antes que la sangre llegue al río (Blanco).

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Barrick (Chile) tiene blog!!!

>> jueves, 8 de enero de 2009

Leyendo la versión on line de la primera (no todos los periódicos sacan notas casi a diario sobre conflictos sociales) encontré la publicidad de lo que a primera vista parecía ser una mariposa; sin embargo, al abrirse la toma de la imagen encontré con que era una manzana. Lo gracioso fue que al dejar el curso del mouse sobre la imagen unos segundos me di con la sorpresa que la dichosa imagen era el link de un blog llamado "Construyendo diálogo" de la Minera Barrick Gold allá en Chile.

¿Quieres opinar informadamente y conversar sobre minería responsable? Uhmmm... (si eso se puede jajaja). Entonces entra a este blog que esta chevere porque hasta admiten los comentarios que denostan de la empresa minera, además de responderte si formulas algunas preguntas relativas a los temas de cada post. El último trata acerca de un gran proyecto de inversión para la extracción de oro denominado "Pascua - Lama" que se encuentra en la misma frontera de Chile con Argentina.

Por la web "No a la mina", me constaba que el tema en Argentina era una papa caliente y se había armado la grande porque el proyecto tiene entre otras implicancias ambientales la explotación sobre "glaciares". Al parecer en Chile el tema también esta bien fuerte y no es para menos.

En todo caso este blog es una gran experiencia de interacción virtual empresa - sociedad a través de la cual cualquiera que tenga internet puede expresar (libremente) su punto de vista sobre la empresa y las consuencias sociales y ambientales de sus proyecto. Entonces, como debemos copiar y mejorar lo bueno... ya pues señores de Barrick en el Perú, amigos de la Southern... Volcan, Chinalco, Xstrata, Doe Run y todas las demás cuando ponen su blog y nos cuentan que están haciendo.

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Participación ciudadana para conflictos socioambientales

>> miércoles, 7 de enero de 2009


Este libro es un texto interesante que desarrolla un análisis en torno a las debilidades y posibilidades que tiene la participación ciudadana chilena en la solución de los conflicto socioambientales.
Link: Haz click aquí

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La "necedad estatal" por la inversión minera

>> viernes, 2 de enero de 2009

Me robo entero el post de conflictos socioambientales mineros:

«Cómo le explico a un comunero cuyos animales se niegan a tomar agua de las acequias donde la minera ha desacargado liquidos provenientes de sus actividades, que está no esta contaminada porque cumple con los estandares de calidad ambiental».

Una exquisita lógica jurídica presenta el Decreto Supremo Nº 024-2008-DE frente al drama social y ambiental que significa declarar necesidad pública la inversión privada de actividades mineras en los distritos Carmen de la Frontera y Ayabaca, Provincia de Ayacaba y Huancabamba, Piura que se encuentran - por si fuera poco - dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.

Francamente no estoy en contra que se haya decidido ello (más allá de las multiples (sin)razones que algunas personas dentro del Poder Ejecutivo pueda tener), más bien me parece saludable que el Gobierno sea honesto consigo mismo y demuestre con claridad cuales son sus verdaderas prioridades. Esta no es la primera (ni será la última) vez que el gobierno decide autorizar a extranjeros para adquirir derechos mineros en zonas de frontera, como bien lo muestra el Ministerio de Energía y Minas en su página web, esta vez corresponde a la número dieciseis.

Entonces ¿Cuál es el problema? El conflicto con Río Blanco Copper ya salió del ambito legal (donde con esto todo ya esta dicho), porque el Gobierno tiene todas las facultades normativas para tomar la decisión que tomó, lo establece el art. 71 de la Constitución como bien señala en los considerandos del DS. En todo caso, más allá de allá de cualquier arbitrariedad habría que preguntarse cuan honesta es la opinión favorable del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (para admitir concesiones dentro de la frontera con Ecuador).

El conflicto que vuelve a empezar desde aquí mantiene su crisis social y ambiental incólume, porque si bien se señala claramente que el decreto no otorga autorizaciones para el inicio de la actividad minera, ya de por sí es evidente que el mismo se encuentran por descontado "toda vez" que es de necesidad nacional.

El Poder Ejecutivo ha dado una serie iniciativas legislativas que faciliten el desarrollo de actividades mineras, lo cual en un principio no esta mal, pero desdibuja de sobre manera, la supuesta imparcialidad que se necesita para desarrollar proyectos mineros ambientalmente sostenibles (aunque sea un oxímoron). Los conflictos sociales en Carmen de la Frontera y Ayabaca se encuentran activados (Defensoría dixit), lo único que generará este Decreto Supremo es más inestabilidad social y debilidad estatal para poder gestionar alguna solución a los conflictos.

Sé que es necesario que los inversionistas tengan toda la seguridad jurídica que requiere inversiones como la minera, sobre en un escenario tan impredecible con la crisis financiera internacional a cuesta, ¿Pero ello justifica que el Estado se reste piso con una declaración así? El Gobierno sabe que cuando las cosas se ponen dificiles, sólo ellos tienen el poder para aplacar el conflicto y solucionarlo; sin embargo, manifestaciones como esta simplemente podría consolidar la deslegitimación que tienen al momento de intervenir en los conflictos.

Espero pues que los directamente implicados sepan explicar a la población que significa este decreto supremo, que tampoco sean alarmistas que no se acaba el mundo, lo importante ahora es exigir el respeto a la voluntad popular, la protección del medio ambiente y el interés nacional que no solamente es ser extraer minerales cuesta lo que cueste, sino dejar un medio ambiente vivible a las próximas generaciones.

Actualización (06/01/09):

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