La "necedad estatal" por la inversión minera

>> viernes, 2 de enero de 2009

Me robo entero el post de conflictos socioambientales mineros:

«Cómo le explico a un comunero cuyos animales se niegan a tomar agua de las acequias donde la minera ha desacargado liquidos provenientes de sus actividades, que está no esta contaminada porque cumple con los estandares de calidad ambiental».

Una exquisita lógica jurídica presenta el Decreto Supremo Nº 024-2008-DE frente al drama social y ambiental que significa declarar necesidad pública la inversión privada de actividades mineras en los distritos Carmen de la Frontera y Ayabaca, Provincia de Ayacaba y Huancabamba, Piura que se encuentran - por si fuera poco - dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.

Francamente no estoy en contra que se haya decidido ello (más allá de las multiples (sin)razones que algunas personas dentro del Poder Ejecutivo pueda tener), más bien me parece saludable que el Gobierno sea honesto consigo mismo y demuestre con claridad cuales son sus verdaderas prioridades. Esta no es la primera (ni será la última) vez que el gobierno decide autorizar a extranjeros para adquirir derechos mineros en zonas de frontera, como bien lo muestra el Ministerio de Energía y Minas en su página web, esta vez corresponde a la número dieciseis.

Entonces ¿Cuál es el problema? El conflicto con Río Blanco Copper ya salió del ambito legal (donde con esto todo ya esta dicho), porque el Gobierno tiene todas las facultades normativas para tomar la decisión que tomó, lo establece el art. 71 de la Constitución como bien señala en los considerandos del DS. En todo caso, más allá de allá de cualquier arbitrariedad habría que preguntarse cuan honesta es la opinión favorable del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (para admitir concesiones dentro de la frontera con Ecuador).

El conflicto que vuelve a empezar desde aquí mantiene su crisis social y ambiental incólume, porque si bien se señala claramente que el decreto no otorga autorizaciones para el inicio de la actividad minera, ya de por sí es evidente que el mismo se encuentran por descontado "toda vez" que es de necesidad nacional.

El Poder Ejecutivo ha dado una serie iniciativas legislativas que faciliten el desarrollo de actividades mineras, lo cual en un principio no esta mal, pero desdibuja de sobre manera, la supuesta imparcialidad que se necesita para desarrollar proyectos mineros ambientalmente sostenibles (aunque sea un oxímoron). Los conflictos sociales en Carmen de la Frontera y Ayabaca se encuentran activados (Defensoría dixit), lo único que generará este Decreto Supremo es más inestabilidad social y debilidad estatal para poder gestionar alguna solución a los conflictos.

Sé que es necesario que los inversionistas tengan toda la seguridad jurídica que requiere inversiones como la minera, sobre en un escenario tan impredecible con la crisis financiera internacional a cuesta, ¿Pero ello justifica que el Estado se reste piso con una declaración así? El Gobierno sabe que cuando las cosas se ponen dificiles, sólo ellos tienen el poder para aplacar el conflicto y solucionarlo; sin embargo, manifestaciones como esta simplemente podría consolidar la deslegitimación que tienen al momento de intervenir en los conflictos.

Espero pues que los directamente implicados sepan explicar a la población que significa este decreto supremo, que tampoco sean alarmistas que no se acaba el mundo, lo importante ahora es exigir el respeto a la voluntad popular, la protección del medio ambiente y el interés nacional que no solamente es ser extraer minerales cuesta lo que cueste, sino dejar un medio ambiente vivible a las próximas generaciones.

Actualización (06/01/09):

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