Las cuestiones estructurales de los conflictos sociales

>> jueves, 22 de enero de 2009

El artículo de Gerardo Damonte: El esquivo desarrollo social en las localidades mineras (2008); me hizo recordar una consultoria realizada por Jorge Recharte para el CIES, Dimensión social de la minería en el Perú (2003). Estos dos documentos de alguna manera enfocan las cuestiones estructurales que están detrás de los conflictos sociales en la minería. Es decir, no se puede explicar el alto nivel de conflictividad social simplemente postulando la contradicción de intereses encontrados o la confrontación de lógicas de desarrollo, ni siquiera esbozos desde la ecología política pueden responder todas aquellas preguntas requeridas para esbozar una propuesta teórica que de respuesta al alto nivel de conflictividad social que sufre el país.

Desde que empecé en el tema de los conflictos sociales me di cuenta, más allá de las cosas que aún no sabía, que estos eran en cierta medida la respuesta a la falta de políticas públicas por parte del Estado para resolver una serie de discordancias que se percibian en su accionar. Algo paradigmatico era, por ejemplo, la función fiscalizadora contemplada para la Dirección General de Minería, la misma responsable dentro del Estado (a parte de ProInversión) de promover la actividad (minera) que luego habría de vigilar. Pues bien, no bastaba con tener una legislación minera ambiental desde el año 1993, cuando la institucionalidad responsable de hacer cumplir estas exigencias, cuando evidentemente estaban pensando más en liberalizar - en el mal sentido de la palabra- todos los mecanismos que permitieran su ingreso, libre de trabas y protestas sociales.

Pero implementar políticas públicas hubiera evitado el desencadenamiento de conflictos sociales. ¿La gente protestaba en la década del noventa? La verdad no recuerdo, si tengo conocimiento de algún levantamiento contra el intento de aplicación de la ley de servidumbre minera, pero un gorrión no nos regalaría una primavera.

A estas alturas del debate resulta tentador sostener que la culpa es de la pobreza, la falta de educación, el racismo, la discriminación, la total desatención del Estado. Sin embargo, sostener estos criterios de carácter estructural no nos permiten acercanos del todo a la raíz del conflicto, debemos evitar el error de homogenizar a los actores en disputa: las comunidades de la costa son iguales a las de la sierra, las del norte tienen las mismas características y costumbres que se practican en el sur; las junior, medianas y grandes empresas mineras presentas políticas homogenas de relacionamiento comunitaro; el Estado se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer para gestionar los conflictos.

¿Porqué es necesario para legitimarse socialmente - al interior del país - a través de la violencia (Gobiernos Regional, Provinciales y Municipales, claro sin generalizar)? Por ahora sólo tengo más que preguntas como muchos de ustedes, voy por allí desenredando la madeja, como me recomento mi asesor de tesis, ir tipificando el marco de diferencia, buscando más allá del discurso, verificar si realmente hay recursos naturales en juego. En fin... espero algún día alcanzar la respuesta (completa).

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