El extraño caso del artículo 7 del Decreto Supremo Nº 014-2007-EM

>> miércoles, 18 de febrero de 2009

La historia jurídica del Perú esta llena de estos pequeños artículos que a veces llegan a tener mayor relevancia que una Ley o la misma Constitución


Era la primera semana de julio del año dos mil seis, el gobierno del Presidente Toledo terminaba y tanto en Palacio de Gobierno como en el Ministerio de Energía y Minas se preparaban para el proceso de transmisión de mando al nuevo mandatario y su corte de truhanes. Esta demás decir que en el local de San Borja las cosas estaban algo movidas, pues durante la campaña electoral el ahora electo presidente García había vociferado en contra de las empresas mineras y su política del perro muerto que aprovechan las “services” para pauperizar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Entre tanto, en una amplia sala de reuniones en Magdalena, la comisión de transferencia del gobierno aprista se reunía con los miembros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, les aseguraban que todo era parte de la estrategia de campaña, que el único objetivo era conseguir los votos que de otra manera hubieran sido captados por Humala. Así dejaban en claro que APRA había llegado para sumarse a la parranda, asentaba esta tranquilidad, las afirmaciones que aseguraban que el gobierno aprista no había llegado para emprender el supuesto cambio responsable, no habría de modificar la política del Estado para el sector energía y minas. Habiendo llegado para “negociar”.

Mientras tanto Toledo y Ministros (al fin y al cabo autoridades con poder aún) tenían todavía un par de semanas para emitir normas de carácter reglamentario – procedimental como son los Decretos Supremos de cada sector. En todo caso nadie se explica como en otro arranque de virtud el Ministro Clodomiro Sánchez Mejia, un hombre campechano y de buenas intenciones acepto congraciarse con el medio ambiente. Así, el 5 de julio aparecería el Decreto Supremo Nº 036-2006-EM que estableció Disposiciones Generales para la aplicación del Silencio Administrativo Negativo para los procedimientos tramitados ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.- DGAAA.

El Artículo 1º de aquella norma establecía: “Todos los procedimientos administrativos de evaluación previa que están a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, o las modificaciones de los mismos, están sujetos a la aplicación del silencio administrativo negativo, en caso de que dicha autoridad administrativa competente, no se pronuncie respecto de la evaluación del estudio ambiental, del levantamiento de las observaciones pertinentes o de sus modificaciones, dentro del plazo establecido por ley”. Más claro ni el agua

En aquellos días Toledo ni siquiera ya leía lo que estaba firmaba, embebido por su inesperada subida en las encuestas se encontraba relajado y disfrutaba sus últimos días en palacio con su etiqueta azul.

Pasaron los días, las semanas, los meses, el ministerio de las artes tenia nuevo titular. El cuerpo básico de profesionales no había cambiado, algunos directores habían decidido retirarse por las medidas “austeridad” impuestas por el gobierno una vez en el mando; sin embargo, más allá de ello todo seguía igual en el MEM.

Quizás una de las más mayores virtudes del Ministerio sea su atención personalizada y eficiente para con sus administrados; no obstante esto a veces algunos entusiastas se emocionan y se pasan de la raya con los funcionarios. En el Ministerio aún estaba fresco lo de Majaz y el vapuleador informe de la Adjuntía de Servicios Públicos y Medio Ambiente contra los errores de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros en la aplicación del Decreto Supremo 038-98-EM (Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera) que motivo la necesidad de adecuar las consideraciones que establecidas en la norma. Por ello cuando se promulgó el Decreto Supremo Nº 014-2007-EM que modificaba una serie de artículos del 038-98-EM todos nos alegramos; sin embargo, el regalo venia con sorpresa. El artículo 7 de aquella norma se excluía a las actividades de exploración minera del ámbito de aplicación del Decreto Supremo Nº 036-2006-EM, que había firmado Toledo zampado en medio de un lapsus ambientalista del Ministro de Energía y Minas.

Ahora bien, la gracias era evidentemente ilegal pues iba en contra del la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - LPAG en su artículo 34 establecía que en procesos administrativos de evaluación previa con silencio administrativo negativo se ubica los que versan sobre medio ambiente, es decir ante la falta de respuesta de la autoridad administrativa el administrado debía entender por denegada su solicitud.

El nuevo Ministro y el residente de Palacio en su afán promotor de la inversión llegaron rápidamente a la conclusión que era un articulito de mierda y que nadie se va a dar cuenta que lo importante era que se estaba dificultando la aprobación de estudios ambientales toda vez que obligaban a la DGAAA a pronunciarse si querían aprobarlo, cosa que no podían por falta de personal y presupuesto para trabajar, y ello no se podía permitir.

De “contrabando” se promulgo este artículo por donde se le mirase era completamente ilegal, contravenía la ley de procedimiento administrativo general y además parecía tener nombre propio. El D.S. 014-2007-EM tuvo una vigencia de más de un año donde estoy completamente seguro no se aplico la norma principal como debería haber sido (la Ley del Procedimiento Administrativo General, que tiene mayor jerarquía normativa que un decreto supremo), quedándose sólo con el artículo irregular, que seguramente no fue gratuito.

Y así como llego de pronto se fue, el 02 de abril de 2008 se aprobaría el nuevo reglamento ambiental para las actividades de exploración minera (Decreto Supremo Nº 020-2008-EM), derogando la norma vigente que era de 1998 y su por decir lo menos su “extraña” modificación de marzo del 2007. Curiosamente este D.S. entre su considerando afirmó: “Que, la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, establece en su Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final, que será aplicable excepcionalmente, el silencio administrativo negativo, en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente y los recursos naturales, entre otros, por lo que resulta necesario establecer el régimen de silencio administrativo negativo para aquellos procedimientos relativos a los estudios ambientales de las actividades de exploración minera que se han determinado como susceptibles de generar impactos y efectos significativos en su entorno” Lo cual resulta curioso pues ello ya estaba estipulado en la LPAG ¿Cuánto proyectos mineros se beneficiaron irregularme de este pequeño artículo colocado en D.S. que simple vista se tenía por positivo? El tiempo lo dirá.

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