Conflictos sociales en el Perú

>> martes, 3 de marzo de 2009

Parte (II) del post anterior

Las protestas sociales – tal como han sido identificadas – exigen una respuesta propositiva del Estado. Por una parte, se reconoce la autoridad que tiene el Estado para elegir la mejor solución para el conflicto; por otro lado en la medida que cumpla un papel mediador sin predisposición por algún sector en especifico, podrá alcanzar una solución transformadora frente a los problemas que originan los conflictos sociales. Sin embargo, en algunos casos las agencias del Poder Ejecutivo forman parte del problema que genera el conflicto, desencadenando un vacío de poder que concluye finalmente en la deslegitimación de la autoridad estatal.

Frente al desencadenamiento de conflictos sociales, la respuesta del Estado en los últimos dos gobiernos ha adoptado un papel pasivo durante el proceso de escalamiento de la protesta, reaccionando tardíamente frente a hechos que tuvieron evidentes procesos de maduración que muchas veces se iniciaron con las negativas gubernamentales no solamente a conversar con autoridades de menor rango (que puedan transmitir de manera directa hacia los responsables de toma de decisiones en las más altas esferas del gobierno los problemas) sino la falta de llegada de la población a esos espacios dentro del poder. No cabe duda que el Estado ha sido sobrepasado innumerables veces por las crisis sociales, políticas y económicas que provocan los conflictos, siendo más evidente cuando estas protestas chocan ostensiblemente con actividades económicas como las extractivas, que son tópicos prioritarios dentro de la política estatal.

Por ello, el Gobierno debe convencerse que los conflictos sociales pueden marcan el camino para que las decisiones que se tomen sean concensuadas y beneficien al mayor número de ciudadanos, evitando por todos los medios de llegar a enfrentamientos con los directamente perjudicados. Por otra parte, si bien persiste la posibilidad que las protestas mantengan motivaciones externas a las causas intrínsecas del conflicto, considero que la gente no protesta por las puras, más aún cuando se ha comprobado en la práctica que los más grandes conflictos enfrentados por el anterior y actual gobierno no han sido motivados por intereses políticos desestabilizadores del régimen, más bien constituyen manifestaciones en contra de alguna política económica o modelo de desarrollo que generan en la población un mandato y determinación social para exigir una respuesta propositiva del Estado.

En ese sentido si bien pueden presentarse protestas innecesarias resulta más necio mantener la falta de interlocutores que permitan conocer desde la población las razones que motivan las protestas. Este punto es fundamental en la que medida que por más adversario que alguien se considere del gobierno e incluso no se sienta representada por sus autoridades a quienes imputa como responsables de los problemas pero con la capacidad de decisión para resolverlos en la que cuentan con la autoridad y legitimidad que da la elección popular. Por esa razón recurrir a la protesta se ha vuelto en los últimos años una estrategia para llamar la atención del Gobierno, la violencia y enfrentamiento con las autoridades del orden pone en vitrina las necesidades y expectativas insatisfechas de los promotores de la protesta, motivando la movilización de una parte del aparato estatal que escucha, firma y promete soluciones que a veces nunca llegan a concretarse.

Imagen: Web Defensoría del Pueblo

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