El Estado Peruano y los conflictos sociales

>> martes, 3 de marzo de 2009

La presencia de conflictos sociales durante nuestra vida Republicana ha sido una constante. Las diferencias que se reflejaban en guerras civiles, conflictos locales y regionales, disputas por el aprovechamiento de recursos naturales alcanzaron finalmente su máxima expresión con el conflicto armado interno que sufrió el país a partir de los años 80, en el cual un gran número de peruanos lucho por destruir el “imperfecto” sistema democrático que tenia el Perú en aquella época. Para graficar las terribles consecuencias de esta lucha interna solamente basta mencionar que se constituyo como el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de toda la historia republicana, además significó las muerte de 69,280 peruanos, algo nunca antes visto en nuestros casi 200 años como República[1], originando finalmente en conjunto con otros factores las condiciones para que en el país se asentará una nueva dictadura que nos gobernaría durante 10 años.

Los grandes conflictos sociales que ha sufrido el país han marcado al caída de regimenes democráticos y el principio del fin de los más encumbrados autoritarios; reforzando la idea que ninguno ha podido resolver los lastres del sistema capitalista, la fractura social de un Estado fallido, la inoperancia total frente a la exclusión, y el racismo de gran parte de la sociedad peruana. Una sociedad que vive a espaldas de esa la falta de distribución de la riqueza, que pareciera que llevamos ese lastres desde antes de habernos llamado Perú.

Teniendo presente estas ideas, extraña la falta importancia que tiene analizar el marco estructural en que se gestan, desarrollan e impactan los conflictos sociales en el país; la conflictividad social nunca fue analizada desde el Estado, no por lo menos de manera teórica y propositiva, preocupados los gobernantes muchas veces en otros avatares (como los Golpes de Estado), sucesivos gobiernos prefirieron desarrollar redes clientelitas leales al régimen, el uso de las fuerzas armadas, la extradición de opositores o simplemente cometer crímenes de lesa humanidad para intimidar a todo aquel que se opusiera a las decisiones tomadas por la administración de turno; mientras más autoritario era el régimen mayor el uso de violencia ejercida.

Estas condiciones han generado que el Estado presente dificultades para observar más allá de las diversas motivaciones, agendas o posturas ideológicas que desencadenan y confluyen en una protesta social, constituyéndose como la principal debilidad que debe afrontar el Gobierno en todos sus niveles. Asimismo, es importante señalar que si bien no se puede desconocer la presencia de intereses políticos o intenciones desestabilizadoras contra el régimen, lo que fundamentalmente reflejan los conflictos sociales son claras reacciones ante la acumulación necesidades insatisfechas, que no tienen solamente un carácter eminentemente económico, también presentan con mayor énfasis una necesidad de carácter político.

Un ejemplo de este componente político constituido por la falta general de libertades ciudadanas (políticas) se puede ver representado en los meses previos a la caída del régimen Fujimorista, cuando las protestas sociales más relevantes se concentraban fundamentalmente en la falta de legitimidad que acusaba el gobierno. Manifestaciones masivas como la “Marcha de los Cuatro Suyos” sirvieron para expresar el malestar acumulado durante diez años por diversos sectores de la sociedad peruana: la sociedad civil organizada (colectivos ciudadanos - ONGs), partidos políticos de la oposición, gremios como la CGTP y colegios profesionales que confluyendo en un mismo movimiento ciudadano tenían como principal consigna recuperar para el Perú un nuevo gobierno democrático. En todo caso; no obstante las grandes dimensiones que alcanzaron las protestas durante aquella época, meses después el régimen se derrumbaría fulminado por un sorprendente escándalo de corrupción[2].

Las protestas contra el carácter dictatorial del gobierno de Alberto Fujimori fueron fundamentalmente la única manifestación de animadversión social durante aquellos años; la importancia de mantener presente estos hechos resulta relevante al momento de plantear una comparación con últimos 9 años de gobiernos democráticos que han seguido al régimen Fujimorista. La sorprendente escalada de conflictividad social que ha sufrido el país durante los últimos años se manifiesta en protestas que según sus características han sido calificadas por la Defensoría del Pueblo como conflictos de carácter: Socioambiental, Asuntos de Gobierno Local, Asuntos de Gobierno Regional, Asuntos de Gobierno Nacional, Laborales, Comunales, Demarcación territorial, Electorales, Cultivo de coca etc.[3]. En ninguno de los cuales se ha planteado – por lo menos no abiertamente – la falta de legitimidad de los gobiernos que han sucedido a Fujimori.

[1] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN - CVR. Informe Final. Conclusiones generales del Informe Final de la CVR, Conclusión Nº 2. Lima. 2003
[2] Si bien se puede afirmar que el Gobierno Fujimorista se encontraba sumamente debilitado por las múltiples protestas sociales que en su contra se daban a lo largo de territorio nacional antes y después de las elecciones presidenciales del año 2000, el sostener que simplemente la propagación del video Kouri – Montesinos constituyo la “estocada final” al régimen, no puede llevarnos a concluir que fueron las protestas sociales las que derrocaron el gobierno de Fujimori, un análisis respecto al papel que tuvieron las mismas en la caída del régimen aún mantienen en el plano teórico.
[3] Para mayor información respecto a la situación de cada uno de los conflictos visitar: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

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