La estructura de la movilización: “Teoría de la acción colectiva”

>> domingo, 31 de mayo de 2009

La teoría de la acción colectiva desarrollada por Mark Irvin Lichbach en su libro The Rebel´s Dilemma plantea que la disyuntiva entre protestar o no protestar se resuelve a partir de las respuestas ante las distintas barreras que pueden impedir que la gente proteste. Es decir, desde un principio la acción colectiva presenta un dilema entre manifestarse o no hacer nada; ante aquel hecho los responsables de la acción colectiva tienen que desarrollar mecanismos o tomar medidas que establezcan las condiciones necesarias para que la gente proteste.

Debemos tener presente – tal como lo señala Meléndez – que lo racional es no protestar. Por ello, entre las acciones que se debe definir será cuan costosa es la protesta, si requerirá periodos largo y a través de que mecanismos plantearemos las soluciones de presentarse inconvenientes a la acción colectiva planificada o no planificada. Por su parte, De Echave et ál, identifican esta disposición por la acción colectiva como las estructuras de la de movilización, serían los vehículos colectivos, informales así como formales, a través de los cuales las persona se movilizan y comprometen en acciones colectivas.

Por otro lado, es necesario diferenciar la administración de los recursos para la protesta y el dilema frente a la acción colectiva. Una buena administración de los recursos para protestar disminuirá considerablemente las posibilidades que los sujetos no opten por la acción colectiva, es decir, hay una relación – a mi parecer – de causa efecto entre estas dos posturas. Desde un punto de vista integrado realizada una buena organización es muy probable que los sujetos llamados a protestar lo hagan, sin duda cabe la posibilidad que no se supere el dilema del rebelde planteado por Irving Lichbach, pero en todo caso las condiciones – al menos teóricamente hablando – deberían proyectar resultados exitosos en cuanto a la acción colectiva.

Finalmente, Meléndez sostiene que frente a los problemas para la acción colectiva es importante determinar en que medida la solución al problema puede encontrarse en la estructura y relaciones preexistentes en el grupo u organización que plantea la acción colectiva, es decir, desarrollar un marco donde se pueda anteponer los intereses colectivos a los individuales, se creen condiciones donde se incrementen los beneficios y se perciba con mayor facilidad la posibilidad de ganar.

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Quellaveco: El conflicto es por el agua

>> viernes, 29 de mayo de 2009

El proyecto Quellaveco, yacimiento cuprífero ubicado en Moquegua, a cargo de la compañía británica Anglo American, no prosperó en el 2000. La posibilidad para el uso de agua presentaba complicaciones ante las demandas que argumentaba la población, sobre posibles efectos en los ecosistemas de la zona, como ríos o bofedales, entre otros. En el 2006, luego de 17 estudios realizados por la minera, está presentó alternativas para el uso de agua superficial (implicando reutilización) proveniente de los ríos aledaños y ya no de agua subterránea, que están a la espera de la aprobación del caso.

Para el proyecto Quellaveco se necesitarán alrededor de 22 millones de m³ anuales; tal como lo señala Anglo American, significa menos del 10% de lo que se pierde en el mar. Estos volúmenes se obtendrán de la cuenca del río Tambo y de los ríos Vizcachas y Titire (hoy con altos contenidos de boro y arsénicos, por causas naturales).

Según Aldo Brigneti, gerente de desarrollo sostenible de Anglo American Quellaveco, se construirá además de una presa para almacenamiento de agua, en el trayecto del río Vizcachas, la cual contribuirá a regular el flujo hacía el río Tambo. Esto permitirá aprovechar épocas de mayor caudal del Vizcachas (307 litros por segundo) hacia el río Titire. El agua de este último también será utilizada y devuelta a su caudal para que los agricultores cuenten con el líquido ya libre de las sustancias con las que contaban naturalmente. De ser aprobados todos los permisos. Quellaveco incrementará en un 40% la producción nacional de cobre.

Perúeconómico - Marzo 2009

«El Proyecto Minero Quellaveco [Anglo American Quellaveco S.A. (UK)] se encuentra actualmente con estudio de factibilidad. Asímismo se estima que el inicio de operaciones sería el año 2013. Según perúeconómico de los US$ 2,200 millones de inversión total en el proyecto, US$ 300 millones estarán destinados a gestionar sosteniblemente los recursos hídricos».

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Agua y Protesta: Clasificando los conflictos sociales por recursos hídricos

>> lunes, 25 de mayo de 2009


Conflictos socioambientales por casos. Reporte Nº 62 - Abril 2009 . Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad

Los conflictos sociales relacionados a los recursos hídricos pueden considerarse una subdivisión de los conflictos originados por la disputa que se genera en torno al aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, esta clasificación (aplicada en términos prácticos) podría limitar la compresión de las motivaciones que originan el proceso de conflictividad social.

En el caso de las protestas relativas al recurso agua, generalmente se lo considera como una causa subsidiaria; es decir, no en pocos casos, las protestas presentan otras reivindicaciones como temas centrales, siendo las referencias al recurso hídrico más bien un argumento complementario que refuerza las razones generales de la protesta. Por ejemplo, si una población exige que determinada empresa asuma su responsabilidad por los pasivos ambientales que existen en su zona producción y solucione los problemas de contaminación que produce en fuentes de agua dulce como un río, ¿no estaríamos ante un conflicto relacionado a los recursos hídricos? O quizás, si la protesta la protagonizan determinados agricultores porque exigen que el gobierno cumpla con su compromiso de ejecutar un proyecto hidroenergético que asumen permitirá desarrollar su Región, ¿estamos nuevamente ante un conflicto relacionado al recurso agua?

Ejemplos como los mencionados hay muchos; son frecuentes las solicitudes de suspensión de actividades que se sostiene contaminan los recursos hídricos, sin embargo en la mesa de negociaciones las soluciones giran en torno a los ingresos que como compensación debería recibir la comunidad; por otra parte, también se presentan conflictos entre agricultores por el aprovechamiento del recurso hídrico para sus cosechas, ¿estos conflictos deberían considerarse protestas relativas al tema agua?

En esa sentido, cuando la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad sostiene en el Reporte de Conflictos Sociales Nº 62 (Abril 2009) que el 3% de conflictos sociales corresponde a protestas relativas al recurso hídrico, me genera esta duda que me lleva a reflexionar que respecto a lo necesario (en la actual coyuntura de reformulación normativa) de una clasificación concisa respecto a qué nos referimos cuando hablamos acerca de conflictos sociales relativos a recursos hídricos. Más aún, cuando se considera en el reporte que las protestas por residuos y saneamiento deben ser tomadas independientemente del tema hídrico. Ello lo considero inexacto sobre todo porque las canchas de relave y los innumerables problemas que ocasionan los inadecuados vertimientos de aguas residuales no solamente se encuentran adscritos al rubro residuos, pues son resultan en último termino un tema afectación a la calidad del agua. Por otra parte, si bien el lado de saneamiento esta más ligado al tema de acceso al recurso, también termina siendo un conflicto por la no disposición de este, básicamente un tema uso primario y poblacional.

Por lo tanto, frente a lo señalado, sostengo una visión más esquemática (como la de todo abogado). Considero que la distinción debe elaborarse a partir de las protestas entre las clases de uso (art. 35) señaladas en la Ley de Recursos Hídricos «Ley Nº 29338», clasificando las protestas a partir de las disputas que puedan surgir entre las clases: 1. Uso primario, 2. Uso poblacional y 3. Uso productivo. Es decir, las protestas se originarían de dos maneras, a partir de conflictos entre clases (básicamente “Poblacional” vs. “Productiva”) o entre los tipos considerados en la tercera clase donde se ubican actividades como: agraria, energética, industrial o minera (art. 43), aquí entrarían la disputas entre actividades agrarias y mineras que ya son legendarias.

Finalmente, también deben considerarse conflictos donde los aspectos relativos al tema hídrico constituyen el problema central que origina la protesta, incluso podría suceder que no presenten conflictos (versus) con otra clase de uso. Un ejemplo de ello sería la protesta de la población de los diferentes distritos de Huancayo que rechazan el incremento tarifario del servicio de agua potable por parte de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

Mapa sobre conflictos de uso de agua elaborado a partir del Reporte de Conflictos Sociales Nº 62 - Abril 2009. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. Defensoría del Pueblo.

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La pachamama y la barranco-mama: Algunas precisiones teóricas y metodológicas para abordar las diferencias culturales en los conflictos sociales

>> domingo, 24 de mayo de 2009

El "post" de Franklin Medrano


La protesta social vista en las regiones de la Amazonía ha despertado lecturas y posiciones que enfatizan, casi sin reflexión previa, el aspecto cultural del conflicto. Podríamos resumir este discurso de la siguiente manera:

“Para los grupos nativos de la amazonía, la selva, la naturaleza es sagrada (es como su madre) y se te metes con ella te metes con ellos (con sus hijos). Este arraigo explicaría la violencia en la protesta”.

Estas lecturas, que han sido comunes para explicar el conflicto entre el Estado y la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (AIDESEP), resultan poco claras y resultan etnocéntricas por dos motivos.

En primer lugar, este modo de ver los conflictos amazónicos se concentran en la diferencia cultural, lo que provoca que la interculturalidad no sea percibida como un problema político. El debate de fondo, consiste en la oposición entre el ius imperium (el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales de la nación) y los derechos políticos de los ciudadanos a participar en las decisiones locales. Por ejemplo, el derecho a ser consultados en caso haya posibilidad de explotar los recursos de su localidad o si esta será alterada por alguna obra pública de gran envergadura. Es decir, boras, arequipeños y limeños tienen derecho a ser consultados ante la posibilidad de re-organizar sus tierras y participar en las decisiones locales, incluso regionales (si cuentan se cuenta la organización), al margen de las diferencias culturales.

El segundo motivo por el cual este tipo de lecturas yerra consiste en el talante etnocéntrico, y hasta racista, de abordar los conflictos sociales. Bajo este tipo de lógica, sólo cuando se trata de conflictos en la Amazonía podemos (y debemos) hacer “análisis cultural”. ¿Pero por qué no aplicar “análisis cultural” para explicar el conflicto entre los vecinos de Barranco y la Municipalidad de Lima entorno al Metropolitano? ¿Acaso el conflicto de Barranco no se debe a que el estado no consulto (otra vez) a los ciudadanos?

Podemos afirmar entonces que estamos frente a un uso diferenciado de métodos para explicar los conflictos sociales en el Perú: “Para los de la amazonía usamos análisis cultural (previa cita del convenio 169 de la OIT), para mis amigos de Lima usamos participación ciudadana (vecinos, nunca pobladores)”. Los ciudadanos de AIDESEP no son los únicos que mantienen un “vínculo peculiar con su territorio, su cultura y su vida”. Veamos lo que dice uno de los post del blog Salvemos Barranco:

“Barranco es patrimonio cultural de toda la Nación, conservarlo es nuestro deber y nuestro orgullo. El progreso no se construye de espaldas a la población, destruyendo nuestra cultura e identidad… No a la improvisación. Exigimos que la autoridad consulte a los vecinos. No al oportunismo. Peleamos porque somos barranquinos y aquí vive nuestra familia”.

La organización y simbolización del espacio es un proceso humano, universal, para el desarrollo de las identidades colectivas. Existen lugares (distrito, barrio, colegio) donde las relaciones y la historia de los que la habitan y frecuentan posibilitan una identidad colectiva, un sentido común. Los de Barranco también han simbolizado su distrito, por lo que del mismo modo que afirmamos la existencia de una pacha-mama podríamos afirmar la existencia de una barranco-mama.

Por ello, el análisis de los conflicto sociales debe hacerse usando los mismos procedimientos. El problema no son los “análisis culturales” sino su aplicación acrítica. Si vamos a incorporar elementos culturales en los análisis hagámoslo para todos los grupos sociales, incluyendo el nuestro. Si los de la Amazonía son “exóticos” que merecen otro método y los de Lima no pueden ser vistos como “exóticos” que se explique el por qué de esta diferencia para evitar suspicacias.

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Estado, protestas y recursos naturales: Un triángulo de base incierta

>> domingo, 17 de mayo de 2009

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su aprovechamiento”. Señala el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de 1993.

El Presidente García refirió hace unos días en un acto público que las tierras de la amazonía son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo (en alusión a las comunidades nativas en protesta). Y valgan verdades al presidente García no le falta razón, pues tal como lo señala la interpretación correspondiente al artículo citada al inicio los recursos naturales del país no le son patrimonio de la Nación, no le pertenecen al Gobierno de turno pero tampoco a personas que se incuentra directamente vinculados a ellos; por ello, podemos afirmar que son de todos los peruanos e incluso - si queremos ir más lejos - de nuestros hijos y nietos también.

Sin embargo, el Estado (y por extensión el Gobierno) tiene la potestad constitucionalmente reconocida de fijar las formas de aprovechamiento de los recursos naturales, ello se plasmarán en políticas públicas y leyes. Así, las políticas públicas de alguna manera indican la voluntad estatal, los objetivos que persigue todo gobierno. Pero que pasa cuando un artículo de opinión firmado por “Presidente de la República” como los fueron los del Perro del Hortelano dejan claro que el Gobierno va optar por una visión que tiene como mayor bien la promoción de la inversión privada en la explotación de nuestro recursos naturales. Luego esta visión se concretizará en decretos legislativos, los cuales inmediatamente serán cuestionados por los que no comparten la visión del gobierno. Comienzan las averiguaciones y sale a la luz que muchas estas leyes emitidas al amparado de la delegación de facultades no lograrón ser aceptados en las comisiones respectivas del congreso. Entonces nuevamente la pregunta: ¿Qué pasa con los que no están de acuerdo? El Gobierno (sin oposición) tiene carta libre y aparece inmediatamente otra pregunta: ¿Cuántos puntos saco el partido aprista en la región amazónica en las últimas elecciones presidenciales? ¿Cómo solucionar la protestas sin abdicar en lo que creemos?

El Perú siempre ha vivido de la explotación de sus recursos naturales por capitales extranjeros, se me viene a la cabeza el contrato Dreyfus que fue tan polémico durante la época del guano para de un salto histórico volver a los Decretos Legislativos emitidos por Fujimori para promover en inversión privada en la explotación de recursos no renovables. Nunca el Dr. Pulgar Vidal tuvo más razón “los recursos naturales no tienen la culpa”; estos simplemente se encuentran en el medio de las diferencias que genera el modelo de desarrollo que el Estado Peruano históricamente ha decidido impulsar.

No hay duda el país se ha desarrollado ¿Exactamente donde y cuanto? No sé, pero avanza hacia algún lado. Sin embargo, aún no invierte en ciencia ni tecnología, tampoco aprovechamos el gran momento de los metales he implementamos una empresa estatal a lo Codelco como en Chile que le generé millones de dólares en ingresos netos al Estado, ello a pesar de tener los proyectos cupríferos más importantes de la región (como Toromocho).

Por lo tanto, era de esperar que esta visión choque con poblaciones mejor articuladas, que están en la capacidad de movilizarse (más allá de interés subrepticios que pudiera haber) y poner en tela de juicio lo que el Gobierno consider adecuado para los recursos forestales. Estos recursos bien administrados serán la fuente más importante de ingreso y promotora del desarrollo en aquella zona del país.

Los recursos naturales implican una retribución económica al Estado, allí están las regalías, el canon o los derechos vigencia; sin embargo, para algunos compatriotas eso no es suficiente pues más vale la intangibilidad que un “supuesto” inadecuado aprovechamiento. Esta percepción nos lleva a otro problema: ¿Alguien tiene idea de lo que implica el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? Una real valorización de lo que su aprovechamiento significa en términos sociales, económicos y ambientales. Pero al saber la gente que esto no se esta cumpliendo, hace mucho más fácil generar un discurso que subsuma todas la debilidades estatales en la gestión de los recursos naturales construyendo el marco ideal para la protesta. Es más fácil gritar contra la inversión cuando no hay pruebas sobre el trabajo del Estado en fiscalización y sanción de faltas.

Aún faltan algunas cosas por hacer; puede ser que mañana se solucione el paro, el gobierno derogué los decretos legislativos y todo siga igual, porque una vez que pase el tema la selva va seguir siendo tan pobre como en la época del caucho hasta que un día vuelva otro gobierno e intente promover su modelo de desarrollo y encontrará las mismas condiciones y por consiguiente las mismas protestas, una vez más el terrible circulo vicioso del atraso.

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La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad y la Protesta Amázonica

>> sábado, 16 de mayo de 2009


Ayer la Defensora presentó ante el Perú a su nuevo adjunto, el Dr. Rolando Luque, Abogado (y estoy casi seguro con una Maestría en Antropología). El Dr. Luque es el "KNOW HOW" sobre conflicto sociales en la DP. Recuerdo que a mediados del año 2006 cuando llegue por esas cosas del destino a la Defensoría, Sandra una colaboradora del Dr. cada vez que visitaba a los que laborábamos en Gabinete me decía: Yo me sentaba allí. Lo que sucedía no era que le había robado su sitio sino que se habían mudado a las oficinas que tiene la DP en la avenida Ocoña para comenzar a trabajar lo que en unos meses sería la "Unidad de Conflictos Sociales". También recuerdo que me sorprendía la labor de hormiga que tenia ese pequeño grupo (3 personas con el Dr. Luque) que monitoreaba todos los conflictos a los podía accederse en aquella época. Meses después a fines del 2006 me los volvería a encontrar, esta vez en San Isidro, en el local que la DP gracias a la cooperación internacional había podido implementar para dos nuevos unidades administrativas: La Adjuntía para la Niñez y Adolescencia y la Unidad de Conflictos Sociales.

Durante los meses que estuve en San Isidro fui testigo de la evolución del reporte mensual, el ingreso de nuevo personal y diversas actuaciones defensoriales de las que formo parte el equipo de la unidad de conflictos sociales (recuerdo que un comisionado muy bonachon tuvieron que operarlo de emergencia porque le sobrevino un terrible malestar, a veces la actuación defensorial puede ser muy arriesgada). Fue a finales de junio que me retire, por aquellos días me encontraba en mi limbo jurídico y no sabía que meses más tarde iba a terminar alejándome de mis intereses por los Derechos Humanos y terminaría empezando un tesis que en su primera etapa pretendía fusionar un interés latente: el Derecho Constitucional y dos intereses nuevos: el Derecho Ambiental y los conflicto sociales.

Por ello volví a la DP y tuve la oportunidad de entablar mayor contacto con un gran profesional como es Miguel Lévano quién con paciencia me explicó el ABC sobre conflictos socioambientales - algún día editare mis entrevistas con él jejeje -, luego la tesis fue evolucionando y terminaría siendo un tema sobre propiedad comunal y conflictos sociales mineros un cambio que si bien no parece sustancial tomo varios meses concretar.

Alcanzar el nivel de Adjuntía no es simplemente un cambio de nombre, representa la visión y voluntad de la Defensoría de ponerle mayor énfasis al trabajo de construir institucionalidad en nuestro país de allí el complemento de "Gobernabilidad". Por ello desde este blog quisiera mandarles un fuerte abrazo a todos sus miembros, deseándoles además éxitos en esta nueva etapa institucional y agradecerles por la información y servicios que dan al país (muchos de los cuales he rebotado en este blog y utilizado en mi tesis).

Adjunto párrafo de mi tesis y algo que todos ustedes - supongo - ya conocen:

La Defensoría del Pueblo (específicamente la Unidad de Conflictos Sociales a partir del año 2007) viene emitiendo desde el año 2004 reportes mensuales sobre la situación de conflictividad social que acontece en el país. Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo fue la primera entidad del Estado que recopiló información y analizó algunos conflictos sociales a partir de la segunda mitad del gobierno del Presidente Toledo. En la especialización, metodología y diseño de los distintos reportes de la Defensoría del Pueblo se puede observar la evolución en el manejo de la información que esta viene adquiriendo. En ese sentido, pasar de reportar (en su primera etapa) la toma de conocimiento de algunos conflictos relevantes alrededor del país a analizarlos y clasificarlos por sus características, detallando además los hechos más relevantes, sirvió sin duda a facilitar el desarrollo de trabajos posteriores sobre el tema.
(...)

Tipología de conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo:
  1. Conflictos socioambientales: aquel tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales.
  2. Conflictos por cultivo ilegal de coca: conflicto social cuya dinámica gira en torno a la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado.
  3. Conflictos electorales: conflicto social cuya dinámica gira en torno a la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas.
  4. Conflictos por demarcación territorial: conflicto social cuya dinámica gira en torno al establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales.
  5. Conflictos comunales: conflicto cuya dinámica gira en torno al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.
  6. Conflictos labores: conflicto social cuya dinámica gira en torno a los derechos laborales.
  7. Conflictos por asuntos de gobierno nacional: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública del gobierno central.
  8. Conflictos por asuntos de gobierno regional: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos regionales.
  9. Conflictos por asuntos de gobiernos locales: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos locales.
  10. Conflictos por otros asuntos: categoría genérica donde se circunscriben conflictos que no cumplen con la definición de los anteriores. Ej. Reclamos de estudiantes universitarios – a nivel nacional – a los transportistas por el cobro del medio pasaje.
...

Verdad, la Protesta Amázonica, weno si pues la DP lo hizo de nuevo, "dialogando" consiguió que se depusiera la declaratoria de insurgencia. Ahora todos esperamos que este logro sea una nueva oportunidad, aunque valgan verdades es bien dificil comprender que es lo que realmente estan buscando ¡ojo! los lideres amazonicos.

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El Decreto Legislativo Nº 1090: Criticas y respuestas

>> viernes, 15 de mayo de 2009

Es sabido que ningún Decreto Legislativo fue sometido a consideración de las comunidades nativas amazónicas, por lo tanto es evidente que no se cumplió con lo exigido por el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, sostener a partir de esta consideración que ello conlleva a su inconstitucionalidad como lo hace el Informe Legal del Congreso, lo considero un exceso; en todo caso, deberemos esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante algún proceso de inconstitucionalidad que impulse contra este decreto legislativo.

Por otra parte, entre las conclusiones/criticas más resaltantes del informe legal sobre el presente Decreto Legislativo encontramos que:
  • Se ha debilitado la institucionalidad forestal, se reduce los mecanismos de control de la tala ilegal y facilita el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial.

  • En lo que respecta a las consecuencias de la aplicación del decreto legislativo se sostiene como consecuencia «negativa» que de verificarse la procedencia ilegal de los productos forestales, es posible que los Estados Unidos nos cierre sus mercados, lo cual afectará directamente a los productores forestales; esto resulta contradictorio con la afirmación anterior que sostiene que facilita el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial.

  • Promueve el cambio de uso de las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de aptitud forestal al régimen agrario, mediante el D.L. 1064, con lo que promovería la deforestación de los bosques para dar paso a plantaciones de monocultivos con lo que no garantizaría la continuidad de la Amazonia.

  • Debilita la gestión del sector forestal al no definir la naturaleza jurídica de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna con lo que no cumple con el fortalecimiento institucional pedido en el TLC.

  • Modificar el Decreto Legislativo 1090 significaría mantener un sistema que no promueve la industria forestal y de fauna silvestre con tecnologías social y ambientalmente adecuadas. Un sistema que no es inclusivo y discrimina a los demás actores del bosque lo que los ha llevado a la ilegalidad. Un sistema que no respeta la capacidad del suelo y que mantiene un catastro con información obsoleta e irreal. Un sistema que no promueve la descentralización y resta las capacidades de los gobiernos regionales en la administración de los recursos naturales dentro de su jurisdicción. Un sistema que debilita la institucionalidad del sector forestal, dándole un rango de menor jerarquía y sin autonomía. Un sistema que permite la convivencia con la corrupción y no cumple con los convenios internacionales que Perú ha suscrito. Dicha norma no cumple con los principios de sostenibilidad que el sector forestal necesita y merece. Finalmente recomienda la derogatoria del 1090 entre otros en vista que: “la modificatoria no es suficiente ni cubre las necesidades de cada sector regulado por dichos decretos legislativos. Las modificatorias solo mantendrían sistemas obsoletos que no han permitido la modernización de dichos sectores”.
Respuestas sobre la base del marco legal actual

1. No se ha debilitado la institucionalidad forestal. Primero, durante el proceso de extinción del INRENA (Organismo Público Técnico Especializado (OPTE) adscrito al Ministerio de Agricultura - MINAG) las funciones de la Intendencia de Flora y Fauna Silvestre (que era parte del INRENA) se transfirieron al MINAG, originando que en la nueva estructura organizacional del Ministerio se creará la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestres (D.S. Nº 030-2008), constituyéndose la misma como la nueva Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; entonces el debate debería discurrir por determinar si una Dirección General tiene mayores o menores facultades que una OPTE para cumplir con la funciones de flora y fauna silvestre. Segundo, se retiro a la Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables que formaba parte del INRENA para que forma parte de la PCM denominándose nuevamente “Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables” fortaleciendo su institucionalidad e independencia (D. Leg. Nº 1084). Más aún, en este último considerando se cumplió a cabalidad con las exigencias del Anexo 18.3.4 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos sobre el manejo del sector forestal.

2. La Ley 29263 publicada el 02 de octubre de 2008, en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, modifica todo el Título XIII “Delitos contra la ecología” del Código Penal, estableciendo todo un nuevo Título XIII denominado “Delitos Ambientales”, el cual en su artículo 310 y ss. desarrolla todo lo referido a los delitos contra los bosques, tráfico ilegal de productos forestales maderables, obstrucción de procedimiento de la autoridad y las formas agravadas. Esta modificación también fue una exigencia del Anexo Forestal del TLC (18.3.4).

3. El art. 6 del D. Leg. 1090 modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29317, establece que: “No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente. Dichos proyectos deben cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento. Entonces si esta modificación no protege las tierras forestales, no sé que más lo puede hacer. Además, esta modificación es sumamente importante, más aún cuando el cambio no autorizado del uso de las tierras también es una causal de caducidad de los derechos de aprovechamiento (art. 17, inc. c).

4. Respecto al cambio de uso de las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de aptitud forestal al régimen agrario que se estableció en el D. Leg. 1064. Este grave error ya fue subsanado mediante la modificación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria que establece lo siguiente: “Precisase que cuando en el artículo IV del Decreto Legislativo Nº 1064, que aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, se hace referencia a tierras de uso agrario, se comprende a todo predio susceptible a tener uso agrícola o pecuario. Por lo tanto, se excluye del régimen agrario a las tierras con capacidad de uso mayor para producción forestal y de protección”. Más claro ni el agua.

5. Se desprende a partir de las modificaciones expuestas que la reformulación de los artículos correspondientes han permitido mejorar la situación de la actividad forestal en el país. Tampoco se han debilitado sus institucionalidad, pasar de ser la Intendencia de una OPD como INRENA ha ser una Dirección General dentro del MINAG no lo considero un rango de menor jerarquía con menor autonomía de la que tenia antes.

Finalmente aquí también se cumple lo que dice Vallejo "Hermanos, hay mucho por hacer". Sin duda, el tema del catastro forestal es indispensable para que todo el sistema funcione, pero esta necesidad esta muy relacionadas al problema de la propiedad y posesión sobre las tierras de las comunidades nativas. Entonces quizás el problema central - aunque nadie quiera ponerlo así - es que la nueva ley forestal prohibe el otorgamiento de títulos de propiedad o certificados de posesión a los ocupantes de las tierras con capacidad de uso mayor para producción forestal o de protección con o sin cobertura boscosa (art. 6). Esto perjudica tanto a las comunidades nativas que tiene como costumbre movilizarse por todo su territorio conforme van escaseando los recursos en la zona donde estuvieron asentados, pero también cumple con lo señalada en la constitución respecto a nuestros recursos naturales, el Estado es soberano más no dueño de los mismos, por lo tanto no puede entregar en propiedad algo que no le pertenece. Concluiré señalando que este conflicto social permite nuevamente poner en agenda el tema forestal, no solo se trata de reivindicaciones milenarias, desconfianza y malas intenciones, bien manejado la solución de este conflicto podría crear sinergias para alcanzar un modelo de desarrollo consensuado.

Link: Decreto Legislativo 1090 -D. Leg. que aprueba la Ley de Forestal y Fauna Silvestre

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Análisis del Decreto Legislativo 1090 "Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre", a propósito de la protesta amazónica

Introducción

Poco se entiende sobre la protesta amazónica, los mensajes más claros solo señalan la derogación de diversos decretos legislativos que (se afirma) atentan contra el patrimonio ancestral de las comunidades indígenas de las amazonía y su posibilidad de de administrarla. Sin embargo, en este conflicto más pesan las percepciones y desconfianza entre el ejecutivo y los pobladores posiblemente afectados. Primero, un gobierno post “Perro del Hortelano” no ha querido salir a debatir ideológicamente sus decretos legislativos, sustentado el criterio técnico de los mismos e incluso (sin ponernos faltosos) “hacer docencia” sobre las ventajas del modelo que sustenta las últimas reformas legales; lo contrario, como ha sucedido, permite que se sostengan – considero que de manera equivocada – que se busca repartir la propiedades ancestrales de las comunidades para entregarlas a intereses extranjeros. Segundo, no es una cuestión de “neoliberales” como sostiene la editorial de La República, si bien no se debe olvidar ni dejar de lado los “intereses” que movieron muchos de esos decretos legislativos, la mayoría de las observaciones anteriores en la actualidad han sido modificadas cuando no derogadas; entonces es lamentable que haya pasado a un segundo plano la discusión sobre la validez o no de estas modificaciones, cuando esto debería ser el fondo del tema. Finalmente, si bien no puedo negar que el maquiavelismo legal es imperante al momento de redactar o interpretar normas, sucede que también podemos equivocarnos en lo que consideramos errado de un texto legal sobre todo cuando estas normas ya han sido modificadas y debatidas hasta el hartazgo en los fueros correspondientes. Sin duda lo que más hay es desinformación; por ello, el gobierno debe dar la cara, salir a defender sus decretos, modificarlos en algunos casos si ello se encuentra debidamente sustentado, más no ceder a la presión de derogarlos, esta vez considero que ese no es el camino.

Análisis

La Plataforma de Lucha de los Pueblos Indígenas Amazónicos presentada por AISESEP sostiene en su primer considerando lo siguiente:
  1. Derogatoria de todos los Decretos Legislativos y leyes que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas. Tales como la Ley 29317, ley que modifica el D. Leg. 1090 y se constituye como Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre; La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos; (los) Decretos Legislativos 1089, 1064 y 1020 (redacción corregida).

Desde mi punto de vista, las exigencias de las comunidades nativas giran básicamente en torno a dos fundamentos: 1) La protección de sus tierras ancestrales y 2) El deber del gobierno de consultarles según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. El primero es un fundamento socio-antropológico y el segundo una fuente legal de carácter internacional libremente aceptado por el Perú desde hace más de 15 años.

Sin embargo – es importante señalarlo – los fundamentos que sustentaban la derogatoria de algunos decretos legislativos, han sido sustancialmente modificados, complementados e incluso mejorados al día de hoy; no obstante ello, el discurso amazónico por la derogatoria no ha variado en lo más mínimo, alcanzando un nivel de intransigencia que no presenta alternativas intermedias que permitan adecuar el nuevo contexto normativo a sus expectativas, simplemente sostienen “máximas” (tal como se desprenden de la lectura del punto 1 de la plataforma) lo cual polariza el debate y dificulta el alcance de consensos.

En ese sentido, con la finalidad examinar las causas legales que originan esta protesta, someto a análisis el Informe Legal sobre los Decretos Legislativos elaborado por algunos integrado de la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso (en adelante Informe Legal), ello en vista que tanto en la plataforma de lucha, periódicos o página web de AIDESEP no he podido encontrar los “fundamentos” que sostienen su protesta por la derogatoria del decretos legislativo bajo análisis. Así, asumo – bajo sanción de nulidad de mis argumentos – que los indígenas suscriben lo presentado por la comisión citada a continuación.


Por una cuestión de orden el análisis en el siguiente post.

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El conflicto del Bypass: Seis conflictos en uno

>> miércoles, 13 de mayo de 2009

Un post de Franklin Medrano
"Debemos entender el conflicto del bypass como una expresión simultánea de otros “micro-conflictos” que se presentan en la universidad. Existen otras demandas estudiantiles que han tomado la forma de conflictos sociales entrelazados y discontinuos donde el conflicto del bypass funciona como punto de apoyo para movilizar las protestas por otros motivos distintos a la construcción del anillo vial del bypass. Podemos decir que estamos frente a 6 conflictos comprimidos en uno sólo. Así tenemos un pliego estudiantil con 6 demandas puntuales:(i) Ampliar la residencia universitaria, (ii) Mejorar el servicio del comedor, (iii) entrega gratuita del carnet universitario, (iv) solucionar las presuntas irregularidades del concurso público de docentes, (v) Frenar el incremento de los cobros por los laboratorios en diferentes facultades y por supuesto, (vi) la oposición a la construcción del anillo vial del bypass".

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Teórias para entender los conflictos sociales - II

b) Teoría de la movilización de recursos

Tal como lo señalan De Echave et ál citando a Zald (1992: 332-333)[1], los supuestos básicos de esta teoría serian:

Primero, la conducta (colectiva) implica costos; por tanto, los sufrimientos o deprivaciones no se traducen fácil o automáticamente en la actividad de los movimientos sociales, especialmente en la actividad de movimientos sociales de alto riesgo; el cálculo de costos y beneficios, no importa cuán elemental, implica elección y racionalidad a algún nivel. La movilización fuera de las rutinas de la vida social y familiar, fuera del trabajo y el ocio, es problemática. Segundo, la movilización de recursos puede ocurrir tanto desde dentro del grupo afectado como por fuera de éste. Tercero, los recursos son movilizados y organizados; por tanto, el proceso de la organización es crucial. Cuarto, los costos de la participación pueden ser aumentados o disminuidos por el Estado, por respaldos sociales o por represión. Y quinto, en tanto la movilización es por mucho problemática, también lo son los resultados de los movimientos. No hay correspondencia directa o unívoca entre el nivel de la movilización y el éxito de la misma (De Echave et ál 2009: 179-180).

Es decir, nos encontramos antes un paradigma teórico que señala la posibilidad de analizar los conflictos (en este caso vinculados a la actividad minera) relacionando la protesta con los costos y beneficios de la movilización, y como se logran articular recursos materiales, simbólicos y organizativos que permiten llevarla a cabo. El análisis prestará atención sobre la importancia de los procesos organizativos: sólo puede protestar quien es capaz de articular todo lo necesario para ello, y para esto es necesario experiencia, redes preexistentes, recursos, tiempo y mostrar que los beneficios de la movilización superarán los costos en términos de riesgos, posibilidades de éxito, entre otros (el subrayado es mío). Dentro de este paradigma, es crucial la intervención de brokers o empresarios políticos, agentes externos, que por consideraciones políticas, ideológicas y de muy diverso tipo intervienen en los conflictos, asumen parte de los costos de la acción colectiva, realizan gran parte de las tareas organizativas y hacen posible la movilización. Aquí el énfasis está puesto en los cálculos estratégicos quehacer los actores de las ganancias y pérdidas asociadas la movilización.

[1] La cita se refiere al texto de Mayer Zald “Looking Backward to Look Forward. Reflections on the Past and the Future of the Resource Mobilization Research Program” En Aldon Morris y Carol McClurg (eds.), Frontiers in Social Movements Theory. New Haven: Yale University Press

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Dicen que San Marcos no sabe luchar...

>> sábado, 9 de mayo de 2009

La República 07.04.09

Resulta medio masoquista para todo sanmarquino comentar cada cierto tiempo acerca de la violencia que paraliza las clases en nuestro claustro universitario, nos vuelven estrellas de las páginas policiales por unos días y mantiene - estoy seguro - la percepción en un bueno grupo de la población que no somos más un grupo de desadaptados acomplejados que no podemos resolver las cosas de otra manera que no sea peleando, gritando, pateando el tablero.

Cualquier persona que haya pasado por un aula sanmarquina, hecho su cola para el comedor, paseado en el burro e incluso participado en alguna toma de facultad o marcha "solidaria" aunque sea por pura joda debe sentir el dolor al saber que las clases están paralizadas, que la universidad se encuentra envuelta en el desconcierto presa del estupor que genera la violencia e intentando entender si es verdad que aquellos compañeros pasaron el mismo examen de admisión que yo.

¿Por qué protestasmos en San Marcos? Por mi experiencia - la cual tampoco pretendo generalizar como si fuera el máximo común divisor de la vivencia conflictiva en san marcos - considero que existe una suerte de estructura estudiantil en las facultades adecuadas que permiten replicar los modelos de protesta social que no tienen mejor expresión que las marchas de la CGTP, es decir protestas para mantenerse vigente, no perderse en el tiempo o mejor dicho para alcanzar un objetivo inmediato, con la presión necesaria para que la autoridad "medrosa" de siempre ceda los casilleros necesarios para obtener esas argollas que les permiten replicarse todos los años en los cachimbos de diversas facultades.

La protesta en san marcos también es consecuencia de la falta de propuestas políticas distintas a las que propugnan la violencia como el único método de obtener beneficios sociales, además la dejadez y total alpinchismo de casi el 90 y tantos % de estudiantes universitarios que ven en estos ceses pequeñas vacaciones u horas libres para salir a comprar el regalo de mamá esta también otro problema que tampoco ayuda a avisorar un final positivo a tanta alaraca.

Entonces como conclusión rápida sostento que la UNMSM se encuentra cercada por un triangulo: la violencia autoritaria de grupos que se dicen democráticos pero que no son capaces de debatir con otro que no sea consigo mismo (si es que logran encontrarse), la arrogancia del sanmarquino promedio que asume la participación en la cosa pública universitaria como una problema coyuntural que en el corto o mediano plazo a lo mucho puede prolongar la fecha de sus parciales y finalmente la incapacidad total de autoridades universitarias para no prevenienen estos problemas a pesar de ser ciclicos. Solucionar estos problemas exige trabajar con las bases (sobre todo ingresantes) y expulsar de una buena vez a cualquiera que no respete la casa de todos que es nuestra universidad. Si San Marcos es un Perú en chiquito, esta historia no les parece conocida.
Pd.- ¡Por Dios Izquierdo! Si tienes algo criterio pon siquiera a Franklin de secretario de asuntos estudiantiles, pero haz algo xq tus cinco años sólo han servido para fortalecer a estos gusanos que en la época de Burga jodian menos.

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Teorías para entender los conflictos sociales - I


¡Ojo¡
Esta es una interpretación elaborada por alguien venido desde el mundo jurídico sobre propuestas teóricas en las cuales ni los mismos científicos sociales se han puesto de acuerdo.

En todo caso, no puedo dejar de agradecer a Carlos Meléndez por promover estas ideas que más allá del debate que puean suscitar en los fueros de las ciencias sociales nos permite a los no iniciados en esos temas comprender y enfrentar con una perspectiva más amplia los diversos énfoques que confluyen en un proceso de conflictividad social.


a) La teoría de la privación relativa

La teoría de la privación relativa ha sido tomada de las ideas de Ted Robert Gurr, quien sostiene que:

La relación percibida entre privación (entiéndase privación de bienes y derechos) y el concepto de la teoría frustración-cólera-agresión otorga un fundamento para una definición más general de la magnitud de la violencia y más precisión en la especificación de que comprende. La proposición básica sobre la relación frustración-agresión es que a más grande la frustración, más grande la cantidad de agresión en contra de la fuente de la frustración. (Gurr 1970: 9)

Siguiendo a Gurr, Meléndez sostiene que las condiciones que determinan los comportamientos extremos se encuentran enmarcados en cambios estructurales que producen comportamientos psicológicos disruptivos, un aislamiento social que genera alienación y ansiedad, y las inconsistencias de status que provocan disonancias cognitivas conformándose el núcleo de la acción violenta (2008).
La variabilidad de las determinantes señaladas se encuentran en relación con las expectativas y capacidades de los sujeto. Así, la propuesta teórica sostiene que la distancia, entre las mismas (brecha) marca el nivel de frustración del colectivo. Por ejemplo, ante las expectativas generadas en un contexto determinado como puede ser el «proceso de descentralización» se abre una enorme brecha frente a la poca o nula capacidad de los gobiernos regionales y locales para implementar y cumplir las nuevas funciones delegadas lo que coincide además con la pobre ejecución de sus presupuestos; un caso similar se repite ante las expectativas derivadas del canon minero energético que colisiona con la incapacidad – nuevamente – de los gobiernos regionales y locales para gestionar proyectos de inversión pública ocasionando una enorme frustración en la población que conoce de la existencia de ingresos pero no percibe mejores a costa de el. Más aún, un punto importante que se desprende de esta teoría es la necesidad que tiene el colectivo de determinar la fuente de la frustración, el denominado “culpable” que se será objeto de la acción colectiva; por otra parte, existen ocasiones en que reconocer al o los responsables no sea sencillo, en todo caso la aplicación de esta noción esta en función a la complejidad del hecho a analizar.

Pd.- Aclaro - pues Carlos siempre esta en ojo de la tormenta - que es mi interpretación de lo que explica Meléndez en un curso sobre conflictos sociales en el CCPUCP.
Pd. 2.- La biblio viene al final, con el post V.

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UNMSM: Del rectorado al comedor solamente hay un paso

>> jueves, 7 de mayo de 2009

Me entero por la televisión y los periódicos que universitarios sanmarquinos han tomado el rectorado con autoridades y funcionarios adentro. Para los que no conocen esta obra, el rectorado es un edificio construido durante la gestión del historiador Manuel Burga que se encuentra ubicado casi en los límites de la universidad con la avenida colonial , casi en una de las esquinas del campus universitario, además tiene 4 pisos, construidos alrededor de un jardín central que modula sus espacio.

Lamentablemente este edificio siempre ha sido objeto de manifestaciones violentas o no violentas de diversos estudiantes desde su inauguración y es que tener a las autoridades políticas más importantes de la UNMSM tan cerca es sin duda una fuerte tentación para cualquier que busque hacer escuchar sus reclamos.

En mi caso, durante mi época como estudiante de Derecho, fui testigo no de pocas manifestaciones en contra de la administración Burga y muchas de sus disposiciones como la implementación del examen de admisión en el tercer trimestre de cada año. Hecho que produjo no solamente la toma "total" de la universidad por 2 días sino además significó la intervención de la policía aquel jueves por la noche en el campus, el enfrentamiento con los universitarios y aproximadamente la introducción de 18 estudiantes (entre ellos un par de amigos de mi base de Derecho) a la carceleta de seguridad del Estado.

Demás esta decir que la toma no arreglo nada pues como los interesados sabrán en San Marcos todos los meses de setiembre se lleva acabo desde hace 5 años ese bendito examen. Así como está, miles de historias alguna más descabellada que otra en algunos casos, aunque también se presentan reclamos válidos siempre ha sido muy difícil distinguir entre la jugada política y los que buscan de "buena fe" favorecerse con ella.

Ahora vamos al tema del comedor, sobre el comedor podría escribirse todo un libro, pero para resumir - ya me esta quedando grande el post - este servicio sigue manteniendo las mismas características que en el época más dura de la universidad pública, es decir tiene una función clientelar y reinvindicatoria, la mayoría de sus usuarios son cachimbos, alumnos de bajos recursos económicos y los eternos "gusanos" que engordan a costa de los servicios universitarios gratuitos. Desde mi punto de vista, para este tipo de problemas, la solución se encuentra en algo tan simple como realizar un poco de trabajo de campo y aprender a distinguir entre los que realmente necesitan del servicio de quienes pretenden (y desde hace mucho tiempo lo hacen) aprovecharlo políticamente, no solamente para obtener más votos en las elecciones a la asamblea universitaria que ya se acerca, sino para engordar el compadrazgo de la comida gratis.

Por último es necesario mencionar que resulta lamentable que las autoridades se dejen pasar por encima frente a estos compañeros universitarios, muchos de los cuales siguen allí desde que yo era cachimbo de Derecho y es que lamentablemente algunos no saben hace otra cosa mas que joder.

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