Análisis del Decreto Legislativo 1090 "Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre", a propósito de la protesta amazónica

Introducción

Poco se entiende sobre la protesta amazónica, los mensajes más claros solo señalan la derogación de diversos decretos legislativos que (se afirma) atentan contra el patrimonio ancestral de las comunidades indígenas de las amazonía y su posibilidad de de administrarla. Sin embargo, en este conflicto más pesan las percepciones y desconfianza entre el ejecutivo y los pobladores posiblemente afectados. Primero, un gobierno post “Perro del Hortelano” no ha querido salir a debatir ideológicamente sus decretos legislativos, sustentado el criterio técnico de los mismos e incluso (sin ponernos faltosos) “hacer docencia” sobre las ventajas del modelo que sustenta las últimas reformas legales; lo contrario, como ha sucedido, permite que se sostengan – considero que de manera equivocada – que se busca repartir la propiedades ancestrales de las comunidades para entregarlas a intereses extranjeros. Segundo, no es una cuestión de “neoliberales” como sostiene la editorial de La República, si bien no se debe olvidar ni dejar de lado los “intereses” que movieron muchos de esos decretos legislativos, la mayoría de las observaciones anteriores en la actualidad han sido modificadas cuando no derogadas; entonces es lamentable que haya pasado a un segundo plano la discusión sobre la validez o no de estas modificaciones, cuando esto debería ser el fondo del tema. Finalmente, si bien no puedo negar que el maquiavelismo legal es imperante al momento de redactar o interpretar normas, sucede que también podemos equivocarnos en lo que consideramos errado de un texto legal sobre todo cuando estas normas ya han sido modificadas y debatidas hasta el hartazgo en los fueros correspondientes. Sin duda lo que más hay es desinformación; por ello, el gobierno debe dar la cara, salir a defender sus decretos, modificarlos en algunos casos si ello se encuentra debidamente sustentado, más no ceder a la presión de derogarlos, esta vez considero que ese no es el camino.

Análisis

La Plataforma de Lucha de los Pueblos Indígenas Amazónicos presentada por AISESEP sostiene en su primer considerando lo siguiente:

1. Derogatoria de todos los Decretos Legislativos y leyes que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas. Tales como la Ley 29317, ley que modifica el D. Leg. 1090 y se constituye como Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre; La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos; (los) Decretos Legislativos 1089, 1064 y 1020 (redacción corregida).
   

Desde mi punto de vista, las exigencias de las comunidades nativas giran básicamente en torno a dos fundamentos: 1) La protección de sus tierras ancestrales y 2) El deber del gobierno de consultarles según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. El primero es un fundamento socio-antropológico y el segundo una fuente legal de carácter internacional libremente aceptado por el Perú desde hace más de 15 años.

Sin embargo – es importante señalarlo – los fundamentos que sustentaban la derogatoria de algunos decretos legislativos, han sido sustancialmente modificados, complementados e incluso mejorados al día de hoy; no obstante ello, el discurso amazónico por la derogatoria no ha variado en lo más mínimo, alcanzando un nivel de intransigencia que no presenta alternativas intermedias que permitan adecuar el nuevo contexto normativo a sus expectativas, simplemente sostienen “máximas” (tal como se desprenden de la lectura del punto 1 de la plataforma) lo cual polariza el debate y dificulta el alcance de consensos.

En ese sentido, con la finalidad examinar las causas legales que originan esta protesta, someto a análisis el Informe Legal sobre los Decretos Legislativos elaborado por algunos integrado de la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso (en adelante Informe Legal), ello en vista que tanto en la plataforma de lucha, periódicos o página web de AIDESEP no he podido encontrar los “fundamentos” que sostienen su protesta por la derogatoria del decretos legislativo bajo análisis. Así, asumo – bajo sanción de nulidad de mis argumentos – que los indígenas suscriben lo presentado por la comisión citada a continuación.

Por una cuestión de orden el análisis en el siguiente post.