La sangre derramada exige dignidad

>> martes, 30 de junio de 2009

Treinta y cuatro muertos y nadie es responsable políticamente, 11 abstenciones en la censura de Simon y 9 en la de Cabanillas. Evidentemente le sirvió al oficialismo la suspensión de los 7 nacionalistas con cuyos votos se hubiera logrado la censura. Ciertamente no tengo en la memoria el dato sobre cuantos ministros hasta ahora ya ha salvado el gobierno de ser censurados, lamentablemente al Gobierno le importan más las formas que el fondo, consiguiendo - mediante Dios sabrá qué - que se abstengan los votos necesarios para evitar una derrota política.

Por ello, el día de hoy me siento nuevamente indignado, el día de hoy vuelvo a resentir mis esperanzas por que nuestra clase, por nuestro país, el día de hoy vuelvo a sentir que nuestras espectativas, nuestros ideales y nuestra dignidad no valen nada.

Aunque sigo pensando que ello de todos modos no importa, algún día cambiaré nuestra política.

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La privatización de los recursos hídricos y otras observaciones a la nueva ley de aguas

>> lunes, 29 de junio de 2009

Si usted busca en la web encontrará la plataforma de lucha de Canchis. Entre las exigencia a nivel nacional encontrará la derogatoría de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338 y la derogatoria de los decretos legislativos 1081 y 1083 entre otros que atentan contra la soberanía del pueblo peruano. Bueno podría empezar mi comentario señalando que estos señores son unos improvisados porque no saben que ambos decretos ya han sido derogados por la Ley de Recursos Hídricos y seguir persistiendo en considerarlos dentro de su plataforma de lucha solo demuestra lo poco que saben acerca de su objeto de protesta, pero no lo haré.

Por otra parte, también es evidente que el simple reclamo carece de contenido en sí mismo y es que no basta ir por allí gritando y cerrando carreteras para que ello justifique que una norma sea derogada. A fin de salvar este vacío me tome el trabajo de transcribir el siguiente análisis a la Ley de Recursos Hídricos realizado en Tierra Fecunda, un progama de radio que produce CEPES.

Las lineas siguientes son la transcripción cuasi literal de afirmaciones hechas por especialistas como Patricia Urteaga, Alfons Broeks, Ciro Oblitas y Laureano Del Castillo. Cada uno de estos profesionales señala una serie de observaciones a la ley, algunos vacíos y las plausibles interpretaciones que podría darse a la norma. Por otra parte, tampoco estoy señalando que son estas las reinvindicaciones que justifican la protestas del sur que exige derogar la nueva ley de aguas, solo intento conectar opiniones técnicas que en cierta medida podrían ser las causas que sustenten la protesta.

Se señala por ejemplo que una de las preocupaciones de la estrategia nacional de recursos hídricos (la cual fue financiada en parte por un préstamo del Banco Mundial) es la aceptación por parte de la población de la participación del sector privado en la gestión del agua. La estrategia dice claramente que hay que convencer a la población porque ello es bueno. Este punto ha sido recogido en la Ley, esta sería una de las pruebas de que la ley esta promoviendo la inversión privada.

Una importanta queja que se señala es que si uno mira el conjunto de la ley aprobada, lo que va a encontrar es que en efecto hay varias cosas que estaban en el proyecto discutiéndose en el Congreso que se han incorporado en la ley pero también hay mucho de los decretos legislativos 1081 y 1083, incluso artículos textuales.

¿La Ley privatiza el agua?

El agua sigue siendo dominio del Estado pero según la norma se permitiría un manejo privado de los servicios vinculados al agua. Resulta extraño la mención a los incentivos que recoge los postulados del decreto legislativo 1083, que si bien literalmente parece bueno pues busca el uso eficiente podría facilitar el acaparamiento del recurso hacia aquellas personas que tienen los recursos para hacer el uso eficiente (en otras palabras los grandes capitales). En la sección de principios se señala en el cuarto principio: «El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación». Se esta elevando a nivel de principio jurídico la promoción de la inversión privada, esta no puede ser considerada un fin sino un medio.

Un punto interesante es aquel señala que la transmisión al sector privado ya esta., el detalle estaría en establecer que la gestión de la misma se haga sin fines de lucro, ello debería estar considerado en la ley pero no lo está.

Respecto a la acaparación de derechos tenemos varios problemas, el primer problema es la falta de información y uno de los aspectos muy positivos esta ley es todo el tema de información, el Estado se compromete a construir un sistema de información que no tenemos es decir no sabemos cuanta agua disponible hay, cuales son los flujos históricos si un año va a haber más o menos agua, no sabíamos hasta hace poco cuantos usuarios habían, cuantas licencias; entonces, aquí el rol central para evitar el acaparamiento le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua.

Finalmente respecto a como evitar el aumento de las tarifas, allí lo que ha hecho la ley es dejar para el reglamento la fijación de los criterios y la fijación concreta de las tarifas. Algo que preocupa es el hecho que en una de las versiones anteriores aprobadas en marzo, el tema de los criterios de sostenibilidad, si uno pretende aplicar estos criterios íbamos a tener que los dos distintos pagos por el agua iban a tener incrementar, entonces los criterios de autosostenibilidad apuntaban básicamente a lo económico; entonces si se aplicara la ley eso implicaría un aumento en la tarifas y retribución económica. Evidentemente hay que tomar en cuenta distintos criterios de disponibilidad, calidad de agua y la realidad socioeconómica para fijar los precios a pagar por el agua.

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Conflictos sociales, periodistas y la teoría del complot

>> domingo, 28 de junio de 2009

Didáctica la entrevista realizada por El Comercio al Presidente del Gobierno Regional del Cuzco, Hugo Gonzáles Sayán, en la cual el alto funcionario explica y señala una serie de detalles y hechos fundamentales para entender la protesta de los pobladores de Canchis.

Aquí va un resumen:

¿Lo de Canchis tiene vinculación con la paralización indefinida de Puno?
No sabría decirle, parece que alguna gente dice que este es el inicio de la república tupacamarista. No hay evidencias.

¿Usted cree necesaria la renuncia del Gabinete Simon?
No. Hay que hacer un llamado al Congreso para que actúe con sensatez. No es el momento de tumbarse un gabinete. Hay conflictos fuertes, pensemos en el país. En plena crisis no podemos cambiar al Gabinete.

¿Al pueblo del Cusco le interesa la interpelación?
Le interesará a la clase política cusqueña, pero al resto le importa un rábano. Mire, toda la zona andina se opone a la ley de aguas ¡aprobada por mayoría en el Congreso! Parece una consigna, es la misma plataforma de Andahuaylas, de la Federación Revolucionaria Túpac Amaru, de los regantes de Puno. (…)

¿Hay alguna objeción válida a la ley?
Yo te diría que no, es la grita callejera la que gana acá.

¿Por qué el gobierno regional que usted preside no pudo evitar la paralización de Canchis?
Nos llegó la plataforma del frente de Canchis al octavo día de la paralización. Paralizan Sicuani con el cuento del levantamiento general de los pueblos. Y la plataforma es realmente inexplicable. Cómo dialogar con quien pone como primer punto la vacancia del presidente de la República (...). Los informes de inteligencia hablan de gente que ha estado con ellos y que ha estado viajando a Bolivia. Como no se podía negociar, presentan una plataforma nacional, otra regional y una local. (...) No me piden nada más [plataforma regional] porque sus principales pedidos están resueltos.

Entonces solo quedaron los reclamos nacionales.
Sí, centrados en que no se construya la central hidroeléctrica de Salcca —son 350 millones de dólares de inversión— y en impedir las concesiones mineras.

La oposición a la central hidroeléctrica

¿La hidroeléctrica tiene un estudio de impacto ambiental?
Sí, para la cuenca alta del río Salcca. Es favorable y fue hecho por Ege Cusco. Pero en noviembre pasado hubo un peligroso levantamiento de los pueblos y Simon viajó a Sicuani. Se acordó que el estudio de impacto ambiental fuera integral y que se hiciera para la cuenca media y baja, pese a que la hidroeléctrica solo trabajará con la cuenca alta. Lo encargaron a Energía y Minas y el frente de Canchis debía ver los avances de los estudios

Y ocurrió lo clásico: no se hizo nada.
Se hicieron dos concursos, se declararon desiertos, parece que los montos son bajos. Pero el Frente de Defensa de Canchis nunca puso a su representante, también incumplió. (…) Se les ha planteado que se inicie el estudio de impacto ambiental y que vaya a consulta popular.

¿Por qué la gente de Canchis no acepta el estudio de la cuenca alta?
Porque hay toda una intencionalidad detrás. La comunidad supuestamente afectada con el proyecto (se tiene que hacer una presa) llegó a un acuerdo con la empresa, ha recibido hasta retribución económica. La gente de Combapata y de Canchis es la que “pitea”. Este asunto se ha politizado. (…)

El problema de las concesiones mineras

¿Otro impasse es el pedido de nulidad de las concesiones mineras?
Son necesarias, pero en eso quiero ser claro, ahí se le pasó la mano al gobierno de Toledo. El santuario de Qoillur Riti, en Ausangate, está bajo una concesión. Eso es inaceptable. La plaza de armas de Canaoca, en Canas, también. Otras concesiones mineras cubren Tungasuca y Pampamarca, todos los pueblos que recorrió la rebelión de Tupac Amaru están bajo concesión. ¡El 78% de Chumbivilcas está concesionado!

¿Y qué dijo sobre ello Simon al frente de Canchis?
Que existe una resolución del Ministerio de Energía y Minas que le dice al concesionario: “No se puede explorar ni explotar el recurso si no se tiene la aprobación de la comunidad”.

La licencia social.
Pero la licencia social no convence al frente de Canchis, aún así quieren la nulidad. Se les propuso revisar las concesiones consideradas dañinas o ilegales por ellos, tampoco lo aceptaron. Otra razón para boicotear la hidroeléctrica de Salcca es que dará electricidad a las concesiones mineras.

Ahora bien, evidentemente El Comercio forma parte del “Grupo del complot”, categoría asignada por Patricia del Río a los periodistas que - interpretando los términos de la tía Valenzuela - se encuentran alineados con la defensa de la democracia, el sistema político y la inversión privada, ellos sostienen que las protestas recientes (tanto las de los ciudadanos amazónicos como las últimas en Andahuaylas, Cuzco y Puno) son producto de un complot internacional contra el “exitoso e incluyente” modelo de desarrollo peruano. Sin embargo, lamentablemente estos comunicadores no buscan ver más allá de este posible hecho, obviando en algunos casos (los más descarados) toda crítica al Gobierno pues – según ellos – sería un despropósito pues terminaría desestabilizando el régimen; ello en cualquier parte del mundo se llama falta de objetividad, pero aquí en nuestro folklórico Perú es una promover el desarrollo, mantener el sistema.

Frente a estas afirmaciones o alucinaciones, dependa del lado que quieras estar, las respuestas coherentes han venido nuevamente (como casi siempre en los últimos meses) de la cholosfera. Por ejemplo, el Jorobado nos recuerda que las mismas respuestas se dieron antes ante el inexplicable fenómeno que significó el senderismo para la clase política de 1980 – 1985. Otra interesante respuesta que ha sido rebotada por distintos bloggers (entre otros Ocram) fue el artículo publicado por Patty del Río quién afirma no creerse del todo el cuento del complot, pues para ella, los periodistas siempre deben dudar de la versión oficial y no ser simples portavoces del Ejecutivo. Este tipo de periodistas “no alienados” denominados por la tía Valenzuela como: "periodistas neutrales”, los cuales evidentemente son los menos en nuestra fauna noticiosa, basta darse una revisada a los titulares del kiosco de la esquina para percibir la esquizofrenia mediática que ha generado la teoría del complot.

Por otra parte, más allá de verificarse o no esta teoría hay dos cosas que lamentablemente son ciertas y están dejándose de lado; primero, que es evidente que el gobierno quiere zafar cuerpo respecto a los errores cometidos arguyendo que por culpa del complot todos se han puesto de acuerdo para desestabilizarlo, explícitamente han sostenido que tanto los amazónicos como la gente del sur son fácilmente manipulables por intereses externos, lo cual si bien podría ser parcialmente cierto no resuelve el segundo hecho, tenemos un Gobierno que no le gusta dialogar pero lo hace cuando lo obligan, alcanzando acuerdos que meses después no cumplirá, lo cual quiera o no reconocer a nuestra clase política peruana terminará siendo el principal pasivo del gobierno que suceda al partido aprista. Más aún, cada incumplimiento gubernamental, cada acta que pasa a ser un papel de buenas intenciones imposible de realizar termina siendo un punto a favor de los desestabilizadores del sistema democrático, tanto los están afuera (que si existen) como los que se encuentran adentro (que sobran).

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La Guerra Popular

>> viernes, 26 de junio de 2009

Si alguna costumbre tengo (a veces no tan buena) es terminar lo que sin querer he comenzado. Ayer en la madrugada decidí emprender el nuevo diseño del blog. Y lo que empezó con unos cambios de colores y figuras termino en la definición de una nueva plantilla, la supresión de una serie de links y la elección del nuevo cabezal, la cual elegí entre mi colección de imágenes sobre el conflicto armado interno. Esta imagen resulta provocadora representa una de las etapas más crueles e irracionales de la lucha armada. También simboliza - a mi parecer - una suerte de desprecio por el "desarrollo" que representaba la torre de electricidad. No cabe duda que toda violencia tiene su cuota necesidad de regreso al estado de barbarie, no sé si aún estamos listos para juzgar con serenidad y objetividad lo que ganamos y perdimos con el conflicto armado interno y en que medida su ejemplo es una llamada de atención para lo que sucede hoy día en nuestro país, que no es culpa de este gobierno, ha venido sucediendo desde que Toledo asumió el gobierno (y quizás acumulandose desde antes de ser una República), en fin una serie de hechos tristes y complejos que espero algún día el sistema democrático pueda conjugar.
Un buen post de Marco: La herencia de Yehude

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Doe Run para dummies

¿Cómo llegamos a esto? Protestas que bloquean la carretera central y amenazan con dejar sin alimentos a las ciudades que se abastecen con productos de la Selva y el Valle del Mantaro.

PAMA son las siglas para Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, instrumento de gestión ambiental de carácter transitorio implementado en el sector de energía y minas para todas aquellas empresas que debían adecuarse a las nuevas reglas ambientales como es la reducción de emisiones hasta cumplir con los limites máximos permisibles mediante la reducción.

El PAMA de Doe Run fue elaborado por CENTROMIN. Cuando Doe Run adquiere el complejo metalúrgico de la Oroya se compromete a cumplir en PAMA de CENTROMIN. Doe Run como todas las empresas del sector también celebra un convenio de estabilidad tributaria, o sea más ingresos que el Estado esperaba invirtiera en revertir los daños ambientales que causaba la fundición.

El año 2002 Doe Run manifestó que no podría cumplir con el PAMA por lo cual solicitó una prorroga la cual fue establecida hasta el 2004.

El año 2004 el MINEM, emitió un Decreto Supremo que permite la prorroga de PAMA bajo la constitución de garantías (Fideicomiso y carta fianza) era evidente que el único beneficiado de dicha norma era Doe Run. La prorroga excepcional – no esta demás decirlo – constituyo una muestra de debilidad por parte del Estado. Fue evidente la influencia que tenia dicha empresa minera sobre la autoridad (ex trabajadores de Doe Run eran altos funcionarios del Ministerio, señalaba la ex Directora General de Minería, María Chappuis, quien fue renunciada por oponerse públicamente al Decreto Supremo Nº 046-2004-EM) además la posición en la que quedaba el Estado era precaria.

En el año 2006 mediante Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM se aprobó la prorroga excepcional al PAMA de Doe Run hasta el año 2010, requiriéndole que constituya una garantía equivalente al valor del 20% del proyecto prorrogado. En teoría si el Doe Run no cumplía con su PAMA el Estado podía ejecutar esta garantía y en el mejor de los casos hacerse de la empresa. Un dato importante es que según algunos expertos en el tema esta decisión más allá de lo que simbolizaba era la mejor manera que el Estado tenia para exigir a la empresa que cumpliera sus deberes no solamente relativos al PAMA sino además otros de carácter ambiental que no habían sido considerados cuando el instrumento se aprobó en la época de CENTROMIN.

Junio 2009, Doe Run ha señalado que no podrá cumplir con el PAMA. La empresa ha paralizado sus acciones, sus trabajadores toman las carreteras quieren que el gobierno intervenga, conflicto social por aquí, por allá.
Especial Domingo de "El Comercio": Incertidumbre en La Oroya

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La eterna mecida

>> lunes, 22 de junio de 2009

La República 22.06.09

Cuando el gobierno sincere lo que realmente puede hacer... "ese día" llegaremos a algún lado.

El problema de Sicuani (Cuzco) no es nuevo, en este blog ya lo he tocado dos veces: (1) y (2) el año pasado. Al parecer esta vez el tema se ha radicalizado (sí aún más) ahora no solamente es el tema de la central hidroeléctrica o la concesiones mineras que argumentan pueden dejarlos sin agua, ahora además también se lucha en contra de una serie de decretos legislativos como los que tuvieron que ver con la gestión del agua: 1081 y 1083 que por lo demás fueron derogados por la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos.

Tal como lo ha señalado uno de los líderes de esta protesta: "A veces sólo les queda tomar el puente" lo cual - según argumenta - no es más que la consecuencia de haberse incumplido una serie de exigencias que resolverieron con el gobierno en mesas de diálogo pasadas. En ese sentido, tal como afirme en mi anterior post es posible que la viada cogida a partir de la protesta de la selva haya servido de mecha para prender todo el incendio de demandas que vienen postergandose desde Julio de 2007.

Sin embargo, esta situación aún no es más complicada que muchas anteriores (exceptuando obviamente el problema amazónico), por lo tanto el Gobierno aún se encuentra a tiempo de solucionar los problemas. Que se hayn tomado carreteras, quemados locales públicos y una serie de actos vandálicos más, no es más que parte del folklore de la protesta en el Perú, por lo tanto asumó que la gente del Ejecutivo, conocedores de los tiempos, fases, etapas de los conflictos han previsto que las dos opciones que se les presenta de cara a interpelación ministerial pemitirá oxigenar el espacio político: 1) si Yehude y Meche Cabanillas caen censurados (como debería ser), la necesidad de recomponer el gabinete ministerial le dará tiempo al gobierno para alargar las soluciones a la protesta (ya observamos que la marca la tiene el APRA con 55 días); 2) si Yehude no llega a ser censurado podría aprovechar su imagen conciliadora para resolver los temas inmediatos y alargar más los complejos.

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A qué debe temerle el gobierno

>> jueves, 18 de junio de 2009

La peor consecuencia que debe esperar el Gobierno luego de haber sostenido la protesta amazónica por más de 50 días no es cambiar de gabinete de ministros o recibir como una derrota política la derogación de dos decretos legislativos que tanta sangre les costo mantener, nada de eso, lo que más debe preocuparle al Poder Ejecutivo es haber creado el contexto perfecto de oportunidad política para la protesta.

En las siguientes líneas presento un rápido análisis estructurado sobre la base de algunas ideas señaladas por el Jorobado más conocido como “Meléndez”. La estructura de la oportunidad política para la protesta a la que me refiero y deberá enfrentar en los próximos meses el Gobierno la podemos desarrollar a partir de las siguientes condiciones:

i) Inestabilidad de los alineamientos políticos, ello es más que evidente, un gobierno debilitado política y socialmente luego de una matanza como la de Bagua y el Lote 6 no podrá sostener fácilmente un proceso de gobernabilidad en las “nuevas” zonas donde pobladores se alcen en protesta; mientras en el Congreso se enfrascan en polémicas y dimes y diretes por derogar o no un par de decretos legislativos; en el resto del país, los operadores de la protesta están preparando sus gargantas para repetir la formula amazónica; además, a ello se le debe agregar otra debilidad evidenciada no solamente con el paro amazónico o el conflicto del día de ayer en Andahuaylas, tanto las autoridades regionales como locales no están en la posibilidad de intermediar políticamente sobre las exigencias de los protestantes; por lo tanto, el mensaje de ayer fue claro, “se alinean o latigazo”;
ii) División de poderes, no cabe duda que el poder político se encuentra actualmente dividido luego de haber sostenido insensatamente que la protesta amazónica era una lucha contra el sistema. Una de las consecuencias de tal afirmación ha provocado que aquel sistema que representa el APRA y compañía termine siendo el más debilitado, las consecuencias de la soberbia; por otra parte, el problema que se viene no se tratará solamente de votos en el congreso sino del mensaje que deja la inoperancia del poder político para prevenir desenlaces indeseables, generando un vacío en la legitimidad del poder que difícilmente el Gobierno pueda resolver con caras nuevas en el Gabinete, sobre todo cuando su retroceso ha ocasionado que grupos políticos que generalmente se adscribieron a su postura vean en la nueva actitud del gobierno un desprecio a pesar de haberse la jugado por ellos; ahora bien, no resultaría extraño que comience una nueva inestabilidad política pero esta vez realmente direccionada a reconfigurar la distribución de poder y cambiar el sistema; y
iii) Represión estatal, el Gobierno no tuvo un manejo cauteloso de este aspecto, el cual por haber sido muy mal administrado ha quedado gravemente deslegitimado. En esa medida, su aplicación inmediata generaría conexiones con lo ocurrido en Bagua desencadenando posiblemente una protesta masiva a la que no podrá hacérsele frente con la simple represión de las fuerzas policiales.

Esta es la primera vez que me la pego de analista político, no sé si la chunte, francamente espero que no, pero si de algo estoy seguro – como seguramente muchos de ustedes – es que los meses que se le vienen al gobierno no serán para nada fáciles.

PD.- Ahhh... verdad a todo esto: Alan, Yehude, Franklin ¡¡¡Feliz día del padre!!!

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Ley 29376: Suspensión de los Decretos Legislativos 1090 y 1064

>> viernes, 12 de junio de 2009

«La cesación de los efectos jurídicos de las norma legales» se titula el Capítulo I de la Tesis Doctoral del Dr. Juan Espinoza, maestro sanmarquino. Según Juan, a diferencia de lo que comúnmente se cree, la extinción de la norma, no está dada (sólo) con su derogación por otra ley tal como como lo haría suponer el primer párrafo del Art. 1 del Título Preliminar del Código Civil. En efecto - según Juan - existen otros supuestos, distintos de la derogación, que cesan (o alteran) la vigencia de las leyes. Estos casos se presentarían en los conceptos de abrogación, derogación, modificación y la "ahora" famosa suspensión de los efectos jurídicos de los decretos legislativos 1090 y 1064.

Según Juan, dentro del plano formal, la suspensión de la eficacia de las normas jurídicas significa que frente a una ley que está vigente; pero que no surte efectos (jurídicos), por voluntad propia del legislador (lo cual en este caso no es nada cierto, pero recuerden es teoría). Juan afirma que resulta importante precisar el límite temporal de la suspensión, caso contrario, podría entender como un caso de derogación (tal como ha sucedido con los decretos legislativos). Pero se ha venido demostrando, en este cogollo, lo más importante es la forma que el fondo.

La Ley 29376 suspende la aplicación de los decretos pero tal como lo señala Juan en la práctica es una derogación; sin embargo, - allí viene la gracia - podrían implementarse una serie de maniobras legislativas que permitirían devolverles su eficacia y derogar las normas que han resucitado por esta ley (Ley 27308 y 26505), sobre todo ahora que se han suspendido por 120 días a congresistas de la oposición.

Otro tema del debate que no sé si se concluyó es respecto a la naturaleza de Ley Orgánica de la norma que regula el sector forestal y fauna silvestre que requeriría el voto de 61 congresistas para su aprobación y además no debió ser transferida al Ejecutivo por la delegación de facultades legislativas (Art. 106 de la Constitución). Lo mismo debe exigirse para la Ley 26505 que en su tercera disposición final exige que sea tratada como Ley Orgánica en lo que respecta al tema de su modificación y derogación lo que incide en el quórum necesario para su aprobación. Sin duda, estos puntos suman aún más consideraciones para que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad.

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Ojala que llueva café en el campo

>> jueves, 11 de junio de 2009

La primera idea de tesis que esbocé tenia el siguiente nombre: «La desligitimación social del Derecho». Para justificar xq volaba tanto, es prudente mencionar que en aquellos días estaba terminando el curso de "Orígenes del Pensamiento Político Moderno" en el Diplomado de Filosofía de la UARM. Estaba persuadido que la construcción del derecho requería un base social que lo legitimará; entonces pensaba: ¿Qué deslegitima el Derecho? (ojo, aún no debatía conmigo mismo que entendía como «Derecho», aunque asumí que entendía al Derecho en su manifestación más básica y positivista: La Ley) Mis opciones pasaban por los tres poderes del Estado: El Poder Judicial y su mala administración de justicia, el Legislativo y sus leyes inaplicables o con nombre propio y el Ejecutivo que en representación del aparato estatal elaboraba reglamentos y desarrollaba políticas públicas que finalmente eran las que tenían más impacto en la ciudadania.

Sin embargo, persistía en la idea que el Estado (Gobierno para efectos prácticos) deslegitimaba de alguna manera reiterativa y obtusa el derecho que debía ser la base de su legitimidad social. Unas semanas después asumiría un punto más que el Derecho también podía ser la manifestación de intereses particulares y allí todo se complicó, deje la idea de lado... encontré al derecho ambiental y terminé investigando los problemas sobre la propiedad comunal en un contexto de conflictividad social por minería.

¿A donde voy con todo esto? Tanto el 1064 y 1090 son leyes que en estricto representan una propuesta ideológica no consensuada socialmente y con una alta capacidad de ser enfrentada por la misma omisión. Por ejemplo, si pensaramos en las debilidades del TLC nos podemos percatar que en las negociaciones no hubo mayor participación de personas ajenas del gobierno de turno, es decir se tuvo carta libre para implementar un visión de desarrollo a partir del comercio. Las exigencias nunca pasarón de panfletos de ONGs o marchas, no se pudieron traducir en grandes movilizaciones que paralizaran las negociaciones, a pesar de una serie de objecciones seriamente sustentadas, este fenomeno sus razones habrá de tener.

En todo caso, el Gobierno deslegitima el papel de la norma cuando regula sin consultar, el neoliberalismo estrictamente hablando sería una nueva libertad, una nueva forma de apuntar hacia el desarrollo que promueva la libertad que tienen todos los peruanos de decidir como quieren salir de la pobreza, no se trata de afirmar que son chunchos incivilizados y "yo" porque tengo mi Phd., Master o lleve cursos en el Centrum de la Católica que me certifica como especialista, experto o "consultor" en alguna cuestión relativa al desarrollo necesariamente sé más y por lo tanto chutito asume que esta norma es lo mejorcito que le puede haber pasado a tu vida (no sé xq alucino que la Ministra Araoz piensa así).

«Por lo tanto, el día que el poder político sea humilde y preocupado, la gente del Perú no sufrirá tanto y quizás ese día llueva café en el campo».

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Desenlace de un conflicto: La muerte

>> viernes, 5 de junio de 2009

Ante las trágicas consecuencias del enfrentamiento entre ciudadanos de la amazonía y miembros de la policía nacional es necesario decir algo a modo de análisis que nos sirva para entender ¿por qué? llegamos hasta aquí.

Sin duda lo que más llama la atención es la conducta del gobierno, que hace unos meses frente a una protesta menos violenta pero igual de mediática termino accediendo a la derogatoria de dos Decretos Legislativos (1015 y 1073), que fueron objeto de la penúltima gran movilización amazónica. El mensaje es claro, lo que estaba en juego en la modificación del quórum para la disposición de las tierras comunales no era nada comparado con lo que ahora podía perderse de derogarse el 1090 (¿el TLC, la derrota política más importante del gobierno de cara a las elecciones regionales y locales, etc.?).

Resulta difícil determinar hasta que medida el gobierno no habría calculado las consecuencias que la falta de acuerdo tendría sobre la paz y seguridad interna, sobre todo cuando – asumo – la inteligencia gubernamental ya sabía – lo que otros hemos conocido por radio - que poblaciones de la zona (que no forman parte de alguna comunidad indígena) se habrían de plegar a la protesta en contra de la policía.

Ahora me pregunto si un par de Decretos Legislativos valen todo el odio y dolor que generarán estas muertes. Se podrá ahora hablar de una solución pacifica y concertada con tantas muertes a cuestas (sobre todo cuando ya la Ministra del Interior ha declarado que Pizango y compañía deben ser detenidos y puestos a disposición de las autoridades – RPP 16:30) Lamentablemente comenzará la casería por encontrar a los responsables “políticos” e “ideológicos” de esta masacre; ¿qué actitud tomará el parlamento respecto a los decretos? eso aún es incierto (seguramente estarán pensando más en la censura ministerial que en otra cosa); lo único claro es que "el tema de fondo" que en algún momento pudo discutirse el modelo de desarrollo amazónico solo sabe Dios cuando volverá al debate público.

Lo señalo nuevamente, no era partidario de que se derogará del 1090, asumía que el gobierno habría de encontrar alguna solución intermedia a este problema. No imaginaba que el conflicto tomaría este giro, matándose entre peruanos, buscando culpables, obviando los temas de fondo, legales, sociales y políticos que sustentan la protesta indígena. Aún es muy difícil determinar que sucederá mañana, quienes serán los culpables de la sangre derramada. En estos momentos – debo admitirlo con franqueza – me resulta incomprensible el poder político.

PD.- Las autoridades políticas han señalado que los amazónicos empezaron el conflicto, robándole fusiles AKM a la policía. Independientemente de ello, alguien es responsable que hayamos llegado hasta ello.
PD 2.- El presidente Toledo habló, se aprovecha que los peruanos sufrimos de falta de memoria respecto a su desempeño frente a los conflictos 2001 - 2006.

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