La privatización de los recursos hídricos y otras observaciones a la nueva ley de aguas

>> lunes, 29 de junio de 2009

Si usted busca en la web encontrará la plataforma de lucha de Canchis. Entre las exigencia a nivel nacional encontrará la derogatoría de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338 y la derogatoria de los decretos legislativos 1081 y 1083 entre otros que atentan contra la soberanía del pueblo peruano. Bueno podría empezar mi comentario señalando que estos señores son unos improvisados porque no saben que ambos decretos ya han sido derogados por la Ley de Recursos Hídricos y seguir persistiendo en considerarlos dentro de su plataforma de lucha solo demuestra lo poco que saben acerca de su objeto de protesta, pero no lo haré.

Por otra parte, también es evidente que el simple reclamo carece de contenido en sí mismo y es que no basta ir por allí gritando y cerrando carreteras para que ello justifique que una norma sea derogada. A fin de salvar este vacío me tome el trabajo de transcribir el siguiente análisis a la Ley de Recursos Hídricos realizado en Tierra Fecunda, un progama de radio que produce CEPES.

Las lineas siguientes son la transcripción cuasi literal de afirmaciones hechas por especialistas como Patricia Urteaga, Alfons Broeks, Ciro Oblitas y Laureano Del Castillo. Cada uno de estos profesionales señala una serie de observaciones a la ley, algunos vacíos y las plausibles interpretaciones que podría darse a la norma. Por otra parte, tampoco estoy señalando que son estas las reinvindicaciones que justifican la protestas del sur que exige derogar la nueva ley de aguas, solo intento conectar opiniones técnicas que en cierta medida podrían ser las causas que sustenten la protesta.

Se señala por ejemplo que una de las preocupaciones de la estrategia nacional de recursos hídricos (la cual fue financiada en parte por un préstamo del Banco Mundial) es la aceptación por parte de la población de la participación del sector privado en la gestión del agua. La estrategia dice claramente que hay que convencer a la población porque ello es bueno. Este punto ha sido recogido en la Ley, esta sería una de las pruebas de que la ley esta promoviendo la inversión privada.

Una importanta queja que se señala es que si uno mira el conjunto de la ley aprobada, lo que va a encontrar es que en efecto hay varias cosas que estaban en el proyecto discutiéndose en el Congreso que se han incorporado en la ley pero también hay mucho de los decretos legislativos 1081 y 1083, incluso artículos textuales.

¿La Ley privatiza el agua?

El agua sigue siendo dominio del Estado pero según la norma se permitiría un manejo privado de los servicios vinculados al agua. Resulta extraño la mención a los incentivos que recoge los postulados del decreto legislativo 1083, que si bien literalmente parece bueno pues busca el uso eficiente podría facilitar el acaparamiento del recurso hacia aquellas personas que tienen los recursos para hacer el uso eficiente (en otras palabras los grandes capitales). En la sección de principios se señala en el cuarto principio: «El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación». Se esta elevando a nivel de principio jurídico la promoción de la inversión privada, esta no puede ser considerada un fin sino un medio.

Un punto interesante es aquel señala que la transmisión al sector privado ya esta., el detalle estaría en establecer que la gestión de la misma se haga sin fines de lucro, ello debería estar considerado en la ley pero no lo está.

Respecto a la acaparación de derechos tenemos varios problemas, el primer problema es la falta de información y uno de los aspectos muy positivos esta ley es todo el tema de información, el Estado se compromete a construir un sistema de información que no tenemos es decir no sabemos cuanta agua disponible hay, cuales son los flujos históricos si un año va a haber más o menos agua, no sabíamos hasta hace poco cuantos usuarios habían, cuantas licencias; entonces, aquí el rol central para evitar el acaparamiento le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua.

Finalmente respecto a como evitar el aumento de las tarifas, allí lo que ha hecho la ley es dejar para el reglamento la fijación de los criterios y la fijación concreta de las tarifas. Algo que preocupa es el hecho que en una de las versiones anteriores aprobadas en marzo, el tema de los criterios de sostenibilidad, si uno pretende aplicar estos criterios íbamos a tener que los dos distintos pagos por el agua iban a tener incrementar, entonces los criterios de autosostenibilidad apuntaban básicamente a lo económico; entonces si se aplicara la ley eso implicaría un aumento en la tarifas y retribución económica. Evidentemente hay que tomar en cuenta distintos criterios de disponibilidad, calidad de agua y la realidad socioeconómica para fijar los precios a pagar por el agua.

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