Ley 29376: Suspensión de los Decretos Legislativos 1090 y 1064

>> viernes, 12 de junio de 2009

«La cesación de los efectos jurídicos de las norma legales» se titula el Capítulo I de la Tesis Doctoral del Dr. Juan Espinoza, maestro sanmarquino. Según Juan, a diferencia de lo que comúnmente se cree, la extinción de la norma, no está dada (sólo) con su derogación por otra ley tal como como lo haría suponer el primer párrafo del Art. 1 del Título Preliminar del Código Civil. En efecto - según Juan - existen otros supuestos, distintos de la derogación, que cesan (o alteran) la vigencia de las leyes. Estos casos se presentarían en los conceptos de abrogación, derogación, modificación y la "ahora" famosa suspensión de los efectos jurídicos de los decretos legislativos 1090 y 1064.

Según Juan, dentro del plano formal, la suspensión de la eficacia de las normas jurídicas significa que frente a una ley que está vigente; pero que no surte efectos (jurídicos), por voluntad propia del legislador (lo cual en este caso no es nada cierto, pero recuerden es teoría). Juan afirma que resulta importante precisar el límite temporal de la suspensión, caso contrario, podría entender como un caso de derogación (tal como ha sucedido con los decretos legislativos). Pero se ha venido demostrando, en este cogollo, lo más importante es la forma que el fondo.

La Ley 29376 suspende la aplicación de los decretos pero tal como lo señala Juan en la práctica es una derogación; sin embargo, - allí viene la gracia - podrían implementarse una serie de maniobras legislativas que permitirían devolverles su eficacia y derogar las normas que han resucitado por esta ley (Ley 27308 y 26505), sobre todo ahora que se han suspendido por 120 días a congresistas de la oposición.

Otro tema del debate que no sé si se concluyó es respecto a la naturaleza de Ley Orgánica de la norma que regula el sector forestal y fauna silvestre que requeriría el voto de 61 congresistas para su aprobación y además no debió ser transferida al Ejecutivo por la delegación de facultades legislativas (Art. 106 de la Constitución). Lo mismo debe exigirse para la Ley 26505 que en su tercera disposición final exige que sea tratada como Ley Orgánica en lo que respecta al tema de su modificación y derogación lo que incide en el quórum necesario para su aprobación. Sin duda, estos puntos suman aún más consideraciones para que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad.

1 comentarios:

Juan Bernardo 27 de marzo de 2015, 11:24  

Muy ilustrativo, su análisis, Dr.
En estos tiempos de inversión en el sector agrario y los acuerdos de libre comercio, la seguridad alimentaria y otros; resulta de gran interés, la discusión sobre el derecho agrario.
también, es de mucho interés, la actuación de la SUNARP, en éstos últimos años; y como ejemplo público, tenemos el registro fraudulento de propiedad inmueble, por las mafias que tienen su tentáculo dentro de la misma SUNARP, que supuestamente, velan por la seguridad jurídica. me refiero al caso ORELLANA, DONDE SUS OPERADORES SON: POLICIAS, FISCALES Y JUECES, CONGRESISTAS Y FUNCIONARIOS DE SUNARP.
Así, estamos en el terreno, donde la corrupción marca la diferencia.
¿QUE HACER?
La respuesta es compleja...

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