La naturaleza jurídica de las actas de compromiso (esbozos preliminares)

>> miércoles, 29 de julio de 2009

En "Derecho" cuando señalamos la "naturaleza jurídica" de algo, generalmente buscamos referirnos a su base legal (aunque sin restringirnos solo a ella), a sus cimientos y el posterior desarrollo de su institucionalidad dentro del derecho, generada durante el ejercicio de su aplicación en casos concretos. La «naturaleza jurídica» no solamente destaca las características de lo legalmente relevante; quizás el aspecto más importante recae en señalar los limites y alcances que la institución contiene y como puede ir evolucionando en su relación con la realidad (incluso podría desaparecer si se la considera socialmente innecesaria).

Por ejemplo, el contrato de compra - venta de raíz románica, así como el mandato con o sin representación son ejemplos de instituciones que fueron desarrolladas a partir de puntuales necesidades comerciales de aquella época; así como estos, muchos otros instrumentos legales hasta la actualidad se han mantenido inmaculados o han evolucionado conforme al desarrollo de la sociedad.

Estas consideraciones básicas son señaladas pues permitirán entender y encuadrar los criterios jurídicos que considero deberán ser aplicados para que las actas de compromiso que solucionan conflictos sociales (que actualmente carecen de naturaleza jurídica) sean legalmente eficaces; es decir, tengan valor vinculante.

Actualmente las actas de compromiso que firman el gobierno y los protestantes carecen de valor vinculante; es decir, su cumplimiento no es obligatorio y por lo tanto la efectividad de sus acuerdos se encuentran más vinculados a la voluntad política del gobierno que a la justicia o legalidad de los compromisos pactados.

Para ponerlo en contexto; por ejemplo, los problemas derivados de la construcción de la Central Hidroeléctrica de Pucara en octubre del 2008, tuvieron como solución: primero, presentar un nuevo estudio de impacto ambiental para la construcción de la misma y; segundo, la emisión de un decreto supremo que prohibiera el inicio de actividad mineras mientras no se llegará a un acuerdo con las comunidades. Ello para no extendernos pues ya lo señalamos anteriormente fue evidentemente impropio e ilegal; aunque solucionó en aquel momento el conflicto, meses después explotaría con mayor violencia nuevamente.

Sin embargo, firmar cualquier cosa no es el meollo del problema sino una simple manifestación del mismo; en otras palabras, una autoridad o funcionario público en una mesa de negociación puede despacharse firmando cualquier cosa a sabiendas que ello es jurídicamente imposible, lo que generaba que todo lo acordado sea finalmente nulo. Esta situación no genera sino más inestabilidad social, lo cual se puede complicar con un contexto de recambios políticos, donde se espera que el ascenso de nuevo premier no frustre todo lo avanzado y más bien consolide la voluntad política de su antecesor, pero como sabemos la continuidad de las decisiones políticas en el Estado son pura rara avis.

Por esta razón, las actas de compromiso deben salir de la esfera política y ser envueltas en un marco de legalidad que les permita obtener aquella eficacia y seguridad que no solamente merecen los inversionistas sino también la ciudadania, debe ser formulada con un derecho-deber entre el Estado y los protestantes. Ello requiere que se haga camino al andar, pues si bien nuestro ordenamiento jurídico contiene figuras legales que podrían desprenderse por ejemplo desde las fuentes de las obligaciones, se necesita un toque de creatividad legislativa que no solamente permita legitimar legalmente las actas de acuerdo sino además construya los límites y alcances de las mismas (pues no se puede discutir todo en una mesa de diálogo), además deberá restringirse la participación del Primer Ministro de las mismas, pues aquella no es su función ni legal y menos constitucional; ello permitirá sin duda no solamente otorgarle orden a las políticas públicas del gobierno para solución de conflictos sociales sino también promover una nueva forma de negociación y acercamiento hacia la población que protesta.

Repito nuevamente, los conflictos sociales antes que ser un problema de gobernabilidad son la mejor oportunidad para empezar a hacer las cosas realmente bien.

PD.- En siguientes post comenzaré a formular las bases legales de mi propuesta.

Acta en PCM, octubre 2008

2 comentarios:

Lilly 30 de julio de 2009, 14:19  

Y resulta mucho mas curioso si quien lo suscribe es un presidente del consejo de ministros, en plena campaña presidencial!

Erick García 11 de agosto de 2009, 8:53  

El tema no es solamente técnico, sino sobre todo político, en la practica nos damos cuenta - como bien sabes estimada - que el derecho a veces subyace a la política.

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